Un poder amarrado.

Por Adela Navarro Bello.

Hablando del Poder Judicial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió se separaran del Poder Ejecutivo. Antes de ejemplificar con su caso, se refirió a los Tribunales de Justicia de los Estados, de cuyos titulares dijo, “sería bueno que los presidentes de los tribunales de justicia de los estados no fuesen empleados de los gobernadores porque resulta, con todo respeto, que la mayoría de los presidentes de los Poderes Judiciales en los estados, dependen del Gobernador, casi en todos, es una mala costumbre, entonces no hay independencia”.

Ciertamente en muchas entidades los poderes autónomos que comprenden el Estado suelen estar supeditados a uno de ellos, al Ejecutivo. La prenda que los mantiene al arbitrio del Gobierno del estado es el recurso económico. El dinero. El presupuesto.

La federación suele entregar para su reparto, uso y destino, el presupuesto al Gobierno estatal, desde donde se elabora un presupuesto de egresos que, a saber consensuado con el poder Legislativo, será entregado a los poderes, a los órganos descentralizados.

En Baja California por ejemplo, y aun en el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, en cuyo mandato el estado atraviesa por una severa crisis financiera, desde el Poder Judicial han solicitado, primero al Secretario de Finanzas estatal y después a los diputados, un incremento al presupuesto del poder judicial que apenas llega a los mil millones de pesos, porque resulta necesario, en estos momentos de inseguridad y violencia, abrir por lo menos 21 juzgados para poder conocer de manera eficiente de los casos.

Sin embargo, de manera sistemática la ampliación del presupuesto les es negada en la secretaría de finanzas, y por supuesto en la Cámara de Diputados locales. De hecho, en el desaseo financiero que prevalece en el gobierno de Baja California, es sabido que a la fecha se le adeudan más de 90 millones de pesos al Tribunal Superior de Justicia, luego que desde octubre de 2018 le fueran retrasados los pagos por parte del ejecutivo estatal, dejando incluso quincenas sin cubrir el sueldo a magistrados, jueces y demás integrantes del Poder Judicial.

El Gobierno de Baja California “no se ha puesto al día” con los adeudos al tribunal, tampoco de hecho con los más de 988 millones de pesos que debe a la Universidad Autónoma de Baja California.

Con esa sujeción presupuestaria del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, las condiciones para buscar la real independencia entre poderes se tornan difíciles, particularmente en un país como el nuestro donde el poder suele ser utilizado para castigar a opositores, críticos, contrincantes. Difícilmente veremos, por ejemplo, al presidente del Tribunal exigir de manera pública que el Gobernador cumpla con la obligación de entregarles el presupuesto asignado por el Congreso del Estado, porque de hacerlo, evidenciaría que hay una mala administración, y sería castigado por ello, ¿cómo? Con el retraso de la entrega de los recursos, sí, más retraso.

Entonces, el presidente del Tribunal debe andar cabildeando, con el Secretario de Finanzas, o con el Gobernador, para que los dineros que por ley le corresponden al Poder Judicial, le sean entregados. Finalmente la autonomía no puede consolidarse cuando de otro poder dependen la sobrevivencia económica de una institución.

En Estados como Baja California, donde el Poder Ejecutivo tiene una fuerte influencia sobre el Poder Legislativo, el cual controla a partir de una mayoría en la cámara local, no hay mucho margen para sostener la independencia de los poderes. Con 13 diputados de 25 que integran la cámara, Francisco Vega de Lamadrid ha logrado no solo castigar al Poder Judicial para someterlo, sino entregarlo a los legisladores, quienes también sacan provecho de la necesidad de presupuesto. Por ejemplo, exigen plazas en el Tribunal Superior para votar a favor medidas que benefician al Poder Judicial.

Las negociaciones que inician en la Secretaría de Finanzas concluyen en el Congreso del Estado, restando aún más independencia del Poder Judicial. No hay a la fecha en México otra fórmula para la entrega de recursos que el camino del Gobierno Federal, vía Cámara de Diputados, Gobierno del Estado.

A propósito de las deudas que mantiene la administración de Francisco Vega en Baja California, y de la nueva política del Gobierno federal, de no entregar recursos a programas específicos, sino directamente a los beneficiados, la idea de establecer criterios de asignación de recursos directos a los poderes del Estado se ha estado sopesando.

De la Universidad Autónoma de Baja California, por ejemplo, han acudido a la Secretaría de Educación Pública, para cabildear que le sea enviado recurso al Gobierno del Estado, pero etiquetado para cubrir el adeudo que se tiene con la Universidad. De hecho, hace alguna semanas tanto Rector como Gobernador firmaron un convenio que 600 millones de pesos que enviaría la federación, fuesen directamente a las arcas universitarias (no ha sucedido).

El Poder Judicial en los estados, como los organismos autónomos, requerirían de un esquema de entrega de recursos similar al utilizado para asignar las participaciones federales a estados y municipios, que sus dineros se determinaran a partir de una fórmula, de un proyecto y de un presupuesto, y fuesen entregados de manera directa para su ejercicio y supervisión de gasto. Eso les daría independencia del Poder Ejecutivo local, pues el recurso es la prenda que los mantiene amarrados al poder del Gobernador para controlar el dinero y al Congreso.

De continuar el esquema actual, en el cual el Gobierno del Estado reparte, el resto de los poderes seguirán sujetos al Gobernador en turno. Sí, el Presidente tiene razón, los tribunales superiores de justicia deberán actuar con independencia de los gobernadores, pero en las condiciones actuales de distribución de recursos, tienen muy poco margen para maniobrar.