Por Manu
Ureste.
Por segunda
vez, el exsubsecretario de Sedatu, Enrique González Tiburcio, denunció
penalmente la falsificación de su firma en convenios con una universidad
pública, implicada en los desvíos millonarios de La Estafa Maestra.
González
Tiburcio, que fue el segundo a cargo en la Sedatu cuando Rosario Robles fue
la titular de esta dependencia, denunció el pasado 4 de junio, ante la Fiscalía
General de la República (FGR), que su firma fue falsificada en dos convenios
generales firmados con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC)
para la realización de una serie de servicios.
Se trata
de los convenios SEDATU-ITSC/SOT/02/2015, del 17 de septiembre de 2015; y
SEDATU-ITSC-SOT/01/2016, con fecha del 11 de enero de 2016.
Por ahora, no
hay pruebas de que estos convenios derivaran en la simulación de los servicios
y la subcontratación ilegal de empresas fantasma o irregulares, como la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí ha detectado, al menos desde 2012,
en otros múltiples convenios firmados entre dependencias públicas, como Pemex,
Sedesol, o la propia Sedatu, y universidades públicas.
Lo que sí
es un hecho, es que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco es una de
las ocho universidades que participó en el desvío de siete mil millones de pesos,
documentado en la investigación La Estafa Maestra.
En 2013, esta
universidad firmó seis convenios con Pemex-PEP por 385 millones de pesos. De
ese dinero, Animal Político documentó que 358 millones de pesos fueron a parar
a las cuentas de empresas fantasma o irregulares, a través de una violación a
la ley federal de adquisiciones, y los 27 millones restantes se los quedó la
universidad solo por hacer de intermediaria con las compañías fraudulentas.
Estos
seis convenios fueron firmados por el exrector Carlos Mario Olán López, cuya
firma también aparece en el convenio general de 2015 firmado con la Sedatu, y
en el que González Tiburcio denunció que su rúbrica fue falsificada.
Esta es
la segunda vez que González Tiburcio denuncia ante la Fiscalía la falsificación
de su firma, en convenios de la Sedatu que derivaron en presuntos desvíos de
recursos públicos a través de instituciones públicas de educación.
La
primera vez fue en agosto de 2017. En ese entonces, González Tiburcio desconoció
su firma en un convenio firmado en enero de 2016 con la Universidad Francisco
I. Madero, del estado de Hidalgo, para la supuesta realización de una serie de
servicios. En este caso, la Auditoría Superior señaló en un informe que ese
convenio derivó en el presunto desvío de 185 millones de pesos a empresas
irregulares, que no hicieron los servicios.
Sin embargo,
a pesar que González Tiburcio acudió en esa ocasión en calidad de
denunciante, los peritos de la entonces PGR determinaron que la firma contenida
en el convenio fraudulento sí es verdadera, por lo que el exfuncionario pasó a
ser imputado por el delito de “falsedad de declaración”, y posteriormente
vinculado a proceso el pasado 30 de enero.
La
vinculación significa que el juez consideró que las pruebas son suficientes
para señalar a González Tiburcio como posible responsable de haber “faltado a
la verdad”, al decir que su firma fue falsificada, por lo que se abrió un
proceso penal en su contra.
Desde la
vinculación del pasado 30 de enero, tanto la FGR como la defensa del
exfuncionario están recabando pruebas antes de que se realice un juicio, en el
que se decidirá si el exfuncionario es responsable o no del delito imputado.
Precisamente
ayer miércoles tuvo lugar una de las audiencias públicas previo al juicio,
en la que la defensa del exsubsecretario de la Sedatu se anotó una pequeña
victoria.
Los abogados
consiguieron que un juez federal exhortara a los investigadores de la Fiscalía
General de la República a que aceptaran el desahogo de una serie de pruebas que
recabaron, y que la Fiscalía no había tomado en cuenta, argumentando que éstas
no tenían vinculación directa con el caso, y que, por tanto, no eran
pertinentes.
Entre las
nuevas pruebas que en un plazo de tres días hábiles la Fiscalía tendrá que
recibir, están los testimonios de tres testigos que aportará la defensa del
exfuncionario, y un nuevo peritaje de la firma de González Tiburcio que
realizará un perito privado, luego de que el perito en grafoscopía de la PGR
(hoy FGR) determinara que su firma no había sido falsificada en el convenio con
la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.
En su
exposición de argumentos, el juez federal José Artemio Zúñiga señaló que el
caso aún está en la fase de investigación complementaria, donde las partes
pueden aportar las pruebas que consideren, por lo que exhortó a la Fiscalía a
que la defensa desahogue todas las pruebas.
“Que
investiguen La Estafa Maestra”
Tras la
audiencia ante el juez de control celebrada en la sala 2 del Reclusorio Norte,
en la Ciudad de México, González Tiburcio dijo que la Fiscalía “ha sido omisa
en investigar la ruta del dinero”, y acusó a las autoridades de investigación
de hacerle falsas imputaciones “para encubrir a los responsables de estos
hechos de corrupción”.
Por ello, el
exsubsecretario de la Sedatu dijo que su defensa solicitó una audiencia con el
nuevo subprocurador en delitos federales que estará a cargo de casos como
Odebrecht, Estafa Maestra, y Duarte, Juan Ramos López.
“Estamos
solicitando una audiencia con el nuevo encargado del tema para informarle de
todas estas irregularidades, y pedirle una investigación apegada a Derecho que
identifique a los verdaderos responsables de la llamada Estafa Maestra”, dijo González Tiburcio.
Además del
exsubsecretario de la Sedatu, otro exfuncionario de esta dependencia,
Armando Saldaña, también denunció en enero pasado ante la PGR y el Órgano
Interno de Control de la Sedatu que su firma fue falsificada, en el convenio con
la Universidad Politécnica Francisco I. Madero por 185 millones de pesos.
Pese a
que peritos confirmaron que había irregularidades en la firma, un juez encontró
elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de
contratación indebida.
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