Por
Guadalupe Fuentes López.
“Un grupo
de abogados famosísimos hasta se anunciaban diciendo: ‘Yo saco a cualquiera de
la cárcel’, aunque se tratara de los asuntos de mayor corrupción. Algunos de
ellos habían estado de senadores y diputados y ya habían arreglado las leyes a
modo. Además, tenían muy buenas relaciones con el Poder Judicial, con jueces,
magistrados y ministros. Pero todo eso ya se terminó”, dijo el Presidente Andrés Manuel
López Obrador el martes en su conferencia matutina.
No
necesitaba decirlo, porque esa sensación existe en los mexicanos.
En las
últimas semanas, quizás meses, las redes han escenificado una verdadera
movilización ciudadana en contra del Poder Judicial. Una serie de amparos y
suspensiones temporales para evitar que personas vinculadas con el crimen y la
corrupción enfrenten a la justicia, así como el tema de transferencias
millonarias a cuentas personales e incluso los salarios que se asignan
ministros y magistrados han puesto en duda su labor en México. Apenas hace unos
días, miles de usuarios colocaron el hashtag #RenovarPoderJudicialYa para
señalar también la poca transparencia y los excesos de un supra poder que contrasta
en una Nación de 53.4 millones de pobres.
Hay casos
donde un mismo juez otorgó amparos a Emilio Lozoya; al ex Gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a Gerardo Sosa Castelán, presidente del
Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), señalado por
presunto lavado de dinero. También hay jueces y magistrados acusados de
favorecer a la constructora OHL en el Estado de México mientras en España está
bajo presión permanente.
Otro caso
es el de la juez de control de Chihuahua, María Guadalupe Hernández Lozano,
quien otorgó un amparo que anula una orden de aprehensión contra el ex
Gobernador priista César Duarte Jáquez, por la causa penal 1841/17, en la que
se le acusa de entregar 2 millones 420 mil pesos del erario al ex Diputado por
Movimiento Ciudadano Fernando Reyes Ramírez, a cambio de su apoyo para aprobar
la bursatilización de bonos carreteros.
Pero de
los casos que más generaron polémicas es el del ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, quien realizó transferencias
millonarias a Gran Bretaña y Estados Unidos y esos datos fueron ventilados
públicamente.
Otros
jueces también fueron criticados por favorecer con siete recursos legales,
entre amparos y suspensiones temporales contra órdenes de aprehensión, a Emilio
Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre quien pesa una
orden de aprehensión por presuntas operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
Por medio de
estos recursos legales, Lozoya libró la prisión desde 2017, pero su suerte
cambió esta semana: una jueza federal retiró la suspensión definitiva a la orden
de aprehensión en su contra, por lo que en cualquier momento podría ser
detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).
Uno de
los jueces que concedió recursos legales a Lozoya es Sandra Leticia Robledo
Magaña, quien el 7 de noviembre de 2017 le otorgó una suspensión definitiva que
impedía a la PGR (hoy Fiscalía General de la República) pedir cualquier orden
de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht.
Esta
misma jueza también ha beneficiado con recursos legales a personajes vinculados
a casos de presunta corrupción. El 3 de mayo de este año otorgó un amparo a
Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, quien es señalado por presunto lavado de dinero.
A la lista
de Sandra Leticia Robledo Magaña también se suma la suspensión de dos
órdenes de aprehensión contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa en el año
2017.
Otro caso es
el del Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, Miguel Ángel Burguete
García, quien en abril de 2018 anuló el procedimiento administrativo en contra
de la constructora OHL (hoy Aleatica), demandada por irregularidades en la
construcción del Viaducto Bicentenario.
El abogado
Paulo Díez Gargari, quien lleva un litigio en contra de la constructora OHL en
México, presentó el 10 de octubre de 2017 una denuncia en contra de este juez
ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante el temor de que pudiera
incurrir en un caso de corrupción y favorecer a la constructora, lo que
finalmente ocurrió.
Díez
Gargari ha presentado hasta el momento tres denuncias en contra de jueces y
magistrados por favorecer a la empresa OHL.
Esta semana el
juez Burguete García también concedió dos suspensiones definitivas para
mantener las obras del aeropuerto en Texcoco, lo que impide provisionalmente la
construcción en Santa Lucía, proyecto que impulsa el Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
De acuerdo
con Lizbeth Padilla Sanabria, doctora en derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), que un juez otorgue un amparo no necesariamente
significa que esté implicado en un acto de corrupción.
La académica
explicó que en México toda persona tiene derecho a un amparo y puede usar este
recurso todas las veces que considere que se le está violando un derecho.
“Así sea un
secuestrador, lavador de dinero o el corrupto más terrible, se le va a tener
que otorgar el amparo porque tiene derecho al debido proceso”, explicó en
entrevista.
En México
existen dos tipos de amparo: directo e indirecto. El primero se hace cuando la
sentencia es definitiva o cuando alguna autoridad pone fin a un juicio o
procedimiento, y el segundo se hace con cualquier tipo de actuación que no pone
fin al juicio, sino que al final del día el quejoso considera que se violan
derechos humanos, como los amparos concedidos a Emilio Lozoya.
“Cuando
se da un amparo para ser detenido depende del delito, por ejemplo, en el caso
de Lozoya y su hermana están hablando de recursos de procedencia ilícita que ya
ameritan prisión oficiosa y son considerados como delitos graves, y el amparo
en primer término no les sirve de nada porque lo único que hace es que se
pongan a disposición con un juez de amparo, quien a su vez va a revisar con el
juzgado de distrito para ver que sea correcta la medida cautelar y si considera
que es apegada a derecho, pues simplemente los detiene ahí mismo”, detalló la académica de la UNAM.
La doctora
Padilla Sanabria consideró que en varios casos las autoridades que
investigan no están capacitadas y no saben cómo obtener pruebas, por eso los
amparos se incrementan y las personas, aunque sean corruptas, quedan absueltas.
“Algunos reclaman que por qué se otorgan amparos o descongelan las cuentas,
pero la justicia no tiene nada que ver con el Estado de Derecho”.
Padilla
Sanabria aclaró que los amparos no tienen vigencia, pero la suspensión
provisional sí porque se otorga en lo que dura el trámite del amparo.
Insistió
en que la falta de capacitación de las autoridades provoca que, en algunos casos,
actúen no conforme a la norma jurídica. “Yo creo que jurídicamente las cosas no
las están llevando bien y esto trae como consecuencia que se otorguen amparos a
las personas acusadas de delitos como corrupción o lavado de dinero, estas
personas tienen derechos humanos y uno de ellos es el debido proceso”.
Para el
abogado Paulo Díez Gargari el tema de la corrupción en el Poder Judicial
genera una frustración social porque la ciudadanía cree que no hay puertas
abiertas por ningún lado.
“El tema
de la corrupción en el Poder Judicial es importante porque hay jueces que hacen
un daño enorme, generan una frustración en los ciudadanos. Si no podemos
confiar en las personas que están para impartir la justicia, entonces qué
alternativas tenemos como sociedad”, dijo en entrevista.
MAGISTRADOS
ACUSADOS DE FAVORECER A OHL.
La
constructora OHL, una de las empresas beneficiadas con concesiones en el Estado
de México durante los sexenios priistas de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña
Nieto y Eruviel Ávila Villegas, ha estado involucrada en una serie de polémicas
que comenzaron en el año 2015 cuando una serie de audios filtrados involucraban
a sus directivos en casos de presuntos sobornos a jueces y políticos a cambio
de obras.
El escándalo
tuvo consecuencias en España, en donde la constructora es investigada. En
México solo hubo algunas sanciones a nivel estatal: Apolinar Mena Vargas
renunció al cargo de secretario de Comunicaciones del Estado de México en 2015
derivado del resultado parcial de la investigación que se realizó respecto al
título de concesión del Viaducto Bicentenario y a las llamadas telefónicas
difundidas en internet.También se impuso una multa a OHL de 38.8 millones de pesos
que no ha sido pagada.
La empresa
fue señalada en marzo por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), de haber financiado con 186 millones de pesos una campaña negra
en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante los comicios
electorales de 2017-2018.
Tras la
acusación, Aleatica aseguró no tener “relación alguna, directa o indirecta, en
las ‘campañas negras’”; también refirió que “cooperará con las investigaciones
oficiales que puedan surgir”.
El abogado
Paulo Díez Gargari, quien lleva un litigio en contra de OHL en México, ha presentado
tres denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal en las que acusa a
jueces y magistrados de favorecer con amparos a la constructora.
En junio de
2015 presentó una denuncia en contra de Mónica Alejandra Soto Bueno, Tito
Contreras Pastrana y Mauricio Gregorio Saucedo Ruiz, magistrados del Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en
Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.
“En un principio este tribunal había atendido
un amparo en favor de infraiber, que decía que la empresa tenía derecho a
instalar, operar y mantener en el Circuito Exterior Mexiquense, pero luego el
Estado de México junto con Aleatica fueron a verlos y estos mismos señores,
quienes ya habían otorgado un amparo, dijeron que el único efecto que tenía ese
recurso era permitirle a Infraiber volver a pintar una raya roja como de medio
metro, no es broma, y que cualquier otra cosa que ocurriera tenía que avisarle
a la autoridad”, explicó en entrevista.
Díez Gargari
mencionó otro caso, el de César de Jesús Molina Suárez, juez del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de México, quien también emitió sentencias
en favor de OHL y de quien también presentó una denuncia ante el CJF que acabo
en lo mismo: no procedió.
JUEZ AMPARA
A OHL Y FRENA SANTA LUCÍA-.
En agosto de
2016, el Gobierno del Estado de México, encabezado en ese entonces por Eruviel
Ávila Villegas, impuso una multa de 38.3 millones de pesos a la empresa OHL
(hoy Aleatica), luego de que la consultora Pricewaterhouse Cooper’s (PWC)
detectó diversas irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario
como discrepancias en desembolsos no reportados y sin explicación aparente, así
como cambios llevados a cabo sin el permiso de la autoridad.
Un año
después de la multa, el 12 de abril de 2017, la constructora inició un
procedimiento de amparo ante el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México,
Miguel Ángel Burguete García, para evitar el pago de la multa.
El abogado
Paulo Díez Gargari también denunció este caso ante el Consejo de la Judicatura
Federal, porque al mismo tiempo que el juez revisaba el amparo de la empresa se
reunió con los entonces titulares de la Secretaría de Comunicaciones estatal y
del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del
Estado de México (Saascaem), lo que podría incurrir en un acto de corrupción.
El juez lo
negó y en el CJF no procedió la denuncia. Sin embargo, en abril de 2018, Miguel
Ángel Burguete García resolvió que el Saascaem no estaba facultado para
sancionar y anuló el procedimiento administrativo en contra de la constructora.
“En 2017
Aleatica promovió un amparo ante el juez federal Miguel Ángel Burguete García
para evitar la multa de 38.3 millones de pesos, pero curiosamente en esa
ocasión al revisar la agenda del Secretario de Comunicaciones del Estado de
México nos dimos cuenta de que este juez fue justamente a verlo y yo lo
denuncié desde un primer momento porque al parecer las autoridades le pidieron
que fallara en favor de Aleatica”, dijo en entrevista Díez Gargari.
El abogado
contó que cuando denunció que el juez Burguete se había reunido con autoridades
del Estado de México mientras estaba revisando una solicitud de amparo, el
Consejo de la Judicatura Federal desestimó las pruebas.
“Les
presenté las pruebas, como la agenda pública del entonces Secretario de
Comunicaciones y Transportes estatal, pero el órgano consideró que no había
elementos suficientes porque el juez dijo que no había estado ahí y que si su
nombre apareció en la agenda era porque alguien lo había inventado”, recordó.
Aquí la
denuncia que presentó el abogado Díez Gargari en contra de Burguete García:
Miguel Ángel
Burguete García, quien había sido denunciado ante la Judicatura por favorecer a
OHL, concedió el lunes otras dos suspensiones definitivas para mantener las
obras del aeropuerto en Texcoco, lo que impide provisionalmente la construcción
en Santa Lucía, proyecto que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El juez
emitió dos sentencias interlocutoras en amparos tramitados contra la
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco en las que
concedió la suspensión definitiva hasta que se dicte una sentencia definitiva
de amparo.
JUEZA:
LOZOYA, SOSA CASTELÁN (UAEH) y JAVIER DUARTE
El 31 de
mayo de este 2019, la jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en
la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, otorgó un amparo a Gerardo
Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH), por la presunta orden de aprehensión girada en su contra.
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda,
investiga a la universidad estatal luego de que detectara movimientos
financieros inusuales a nombre de dicha institución. Informó que ésta habría
recibido recursos por 156 millones de dólares provenientes de Suiza.
Gerardo Sosa
Castelán, como presidente del patronato, es señalado por presunto lavado de
dinero.
Este no es
el único caso en el que Robledo Magaña actúa a favor de personas involucradas
en escándalos públicos. El 7 de noviembre de 2017 la jueza concedió a Emilio
Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), una suspensión
definitiva que impedía a la PGR (hoy Fiscalía General de la República) pedir
cualquier orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht.
A la lista
de Sandra Leticia Robledo Magaña también se suma la suspensión de dos órdenes
de aprehensión contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa.
El 10 de
agosto de 2017, la jueza otorgó una suspensión definitiva a dos órdenes de
aprehensión por diversos delitos emitidas por las autoridades de Veracruz
contra el ex Gobernador.
SIETE
AMPAROS PARA LOZOYA.
Desde que
Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, fue acusado de realizar operaciones
con recursos de procedencia ilícita mientras trabajaba en la petrolera, ha
promovido siete recursos legales, entre amparos y suspensiones provisionales,
que le impidieron pisar la cárcel. Fue hasta esta semana cuando su suerte
cambió: una jueza federal retiró la suspensión definitiva a la orden de
aprehensión en su contra, por lo que en cualquier momento podría ser detenido
por la Fiscalía General de la República (FGR).
Aquí la
lista de los recursos legales promovidos por el abogado de Lozoya, Javier
Coello Trejo, desde 2017:
–5 de junio
de 2019: La Jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de
México concedió la suspensión definitiva Emilio Lozoya Austin para que no se
ejecute hasta que se resuelva el juicio de amparo, la orden de aprehensión en
su contra.
–29 de mayo
de 2019: El Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó la
suspensión provisional de orden de aprehensión contra Lozoya.
–5 de
diciembre 2018: El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la
Ciudad de México concedió la protección de la justicia a Emilio Lozoya y dejó
sin efecto el acuerdo dictado el 10 de julio de 2018 en la carpeta de
investigación que se sigue al quejoso. Al resolver el amparo 702/2018, la
juzgadora federal instruyó que en un plazo de 30 días hábiles, la Fepade
determine si existen o no diligencias por practicar y, de lo contrario las
desahogue de inmediato.
–22 de
octubre 2018: Emilio Lozoya obtuvo un nuevo amparo que impide hacer públicas
las indagatorias de la PGR sobre el caso Odebrecht.
–2 de marzo
de 2018: Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primera de Distrito en Amparo
Penal de la Ciudad de México, concedió a Emilio Lozoya la suspensión definitiva
contra la judicialización de la indagatoria por enriquecimiento ilícito y
cohecho.
–7 de noviembre
de 2017: Sandra Leticia Robledo Magaña, la misma jueza Primero de Distrito de
Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió una suspensión
definitiva a Lozoya dentro del amparo que promovió contra la negativa de la PGR
de darle acceso al expediente FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017 en su contra.
–11 de
octubre de 2017: El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal
concedió una suspensión provisional al ex director de Petróleos Mexicanos.
LAS CUENTAS
DE MEDINA MORA
Otro de los
casos más polémicos dentro del Poder Judicial es el del Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora.
Una
investigación realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo reveló que entre
2006 y 2018, cuando gobernaron Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique
Peña Nieto (2012-2018), Compusoluciones y Asociados SA de CV recibió 102
millones 107 mil 156 pesos a través de 26 contratos de millones y miles de
pesos para suministrar licencias y capacitación en la operación de software
como Oracle, o cursos sobre el uso de Excel o Power Point en las oficinas de
Gobierno.
De estos, 25
contratos fueron conseguidos por adjudicación directa; es decir, sin que
mediara concurso o competencia con otras compañías del ramo de la informática.
La misma
búsqueda arrojó que la presente Administración, de Andrés Manuel López Obrador,
no ha requerido de los servicios de Compusoluciones y Asociados SA de CV.
Se trata de
la empresa de cuyos dividendos se habría beneficiado el Ministro Eduardo Medina
Mora y cuya pertenencia accionaria habría sido omitida en sus declaraciones
patrimoniales, según publicó el periodista Salvador García Soto en su columna
del 5 de junio pasado, Serpientes y Escaleras, de El Universal, titulada “Las
transferencias millonarias del ministro Medina Mora”.
De acuerdo
con la publicación, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza habría recibido
transferencias monetarias en cuentas de Gran Bretaña y Estados Unidos que
superan en mucho los ingresos que obtuvo como Ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación desde 2015, cuando el Senado de la República lo avaló en
la posición. Los reportes británicos y estadounidenses propiciaron que las
autoridades mexicanas iniciaran una investigación. Así, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó a Compusoluciones y Asociados SA de
CV, entidad en la que el Ministro Medina Mora aparece como beneficiario del
“pago de dividendo”.
Un día
después de la publicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó
que la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) investiga las cuentas bancarias del Ministro Eduardo Medina
Mora y dejó claro que ello no significa que sea culpable de delitos vinculados
con la corrupción.
“Hay
información del Gobierno de Estados Unidos. Ya se le pasó a la Unidad de
Inteligencia Financiera. Eso no significa que sea culpable. Es una información
que tiene la oficina de Inteligencia Financiera”, comentó durante la
conferencia de la mañana de ese día.
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