Por Juan Carlos Cruz Vargas.
La agencia calificadora Moody’s Investors Service degradó la
perspectiva de las calificaciones del gobierno de México a “Negativa” desde
“Estable”, pero mantuvo sin cambio las notas crediticias ubicadas en “AAA”.
En un comunicado, la agencia calificadora con sede en
Nueva York señaló que la decisión fue motivada por el debilitamiento del marco
de política en dos aspectos clave, con potenciales implicaciones negativas para
el crecimiento y la deuda.
En primer lugar, explicó, las políticas que ahora son menos
predecibles están afectando negativamente la confianza de los inversionistas y
las perspectivas económicas de mediano plazo.
En segundo término, argumentó que un menor crecimiento
económico, aunado a cambios en la política energética y al papel que juega
Petróleos Mexicanos, introduce riesgos para la perspectiva fiscal de mediano
plazo, a pesar del compromiso del gobierno con mantener una política fiscal
prudente en el corto plazo.
“La afirmación de la
calificación de ‘AAA’ considera, por un lado, la extensa y diversificada
economía de México, la elevada fortaleza fiscal y la baja susceptibilidad a
eventos de riesgo, y por el otro, los desafíos relacionados a las débiles tasas
de crecimiento, una fortaleza institucional más débil en comparación con los
pares de calificación y un enorme sector informal” explicó Moody’s.
Moody’s considera que el grado de predictibilidad y
efectividad de las políticas económicas en México se ha debilitado.
“Mensajes encontrados, anuncios de políticas inesperadas y su
posterior reversión, como fue el caso reciente de falta de claridad sobre el
uso del fondo de estabilización de los ingresos petroleros, son situaciones que
introducen incertidumbre y disminuyen la posibilidad de poder predecir las
políticas, circunstancia que está afectando el sentir de los inversionistas y
las perspectivas de crecimiento”, detalló.
Agregó que la falta de articulación y ejecución clara de
políticas está erosionando la credibilidad del programa económico. Además, la
falta de coherencia en el marco de política económica ha menoscabado la confianza
de los inversionistas, generando un impacto negativo en las perspectivas
económicas de México.
Moody’s prevé un año difícil para la economía mexicana y
espera que el crecimiento se desacelere a 1.5% en 2019 de 2% en 2018 con
riesgos que tienden a la baja dada la debilidad persistente de la inversión
privada.
De hecho, la expectativa de la calificadora con respecto a
las perspectivas económicas de mediano plazo se ha modificado en relación con
el escenario base que estaba vigente cuando Moody’s tomó la decisión de
estabilizar la perspectiva de la calificación de México hace un año.
En aquel entonces, recordó, Moody’s esperaba que la economía
creciera a más de 2% en 2019, y alrededor de 3% a partir de 2020. Actualmente,
la calificadora espera que la desaceleración de la actividad económica se
extienda a 2020 y que el crecimiento se mantenga débil ubicándose en alrededor
de 1.8%.
A futuro, remató, el balance de riesgos se encuentra
inclinado hacia la baja, al considerarse factible que una menor inversión
restrinja las perspectivas de crecimiento en los años subsecuentes. Moody’s
espera que menor crecimiento a mediano plazo erosione la resiliencia de la
economía ante choques, mermando un factor clave que en años anteriores sustentaba
la calidad crediticia soberana.
Pero el problema va más allá. Según Moody’s, las perspectivas
de crecimiento más débiles para los próximos años, aunado al papel más
protagónico asignado a Pemex en el contexto de la nueva política energética,
genera preocupación en torno a la trayectoria de la deuda del gobierno.
“El extenso mandato que esta administración ha otorgado a
Pemex, la precaria salud financiera de la petrolera paraestatal y mayores dificultades
para acceder a los mercados de capitales sugieren que la necesidad de apoyo
financiero por parte del gobierno a la empresa podría ser sustancial y, por lo
tanto, significativo desde el punto de vista crediticio soberano”, advirtió la
firma.
En lo que va del año, el gobierno se ha comprometido en
proporcionar a lo largo de varios años un total acumulado de siete mil millones
de dólares (0.6% del PIB) a la petrolera del Estado, sin considerar la
transferencia de recursos del fondo de estabilización de los ingresos
petroleros, vía inyección de capital, canje de pagarés adeudados al soberano
(lo cual es una operación por debajo de la línea que no afecta el equilibrio
fiscal), y una disminución de la carga fiscal.
De acuerdo con la calificadora, los cuestionamientos por
parte de los inversionistas en torno al nuevo modelo de negocio de Pemex han
ocasionado que los costos de financiamiento de la empresa se hayan elevado de
manera significativa.
“Lo anterior ha restringido la capacidad de la compañía para
entrar a los mercados de capital y ha incrementado la necesidad de apoyo
proveniente del soberano, generando presiones sobre las cuentas fiscales”,
aseguró.
Además, previó que el apoyo recurrente a Pemex para cubrir
sus necesidades de financiamiento podría tener un impacto fiscal anual de
alrededor de 1% y 2% del PIB durante los próximos cinco años, en caso de que la
compañía no logre volver a acceder financiamiento de mercado.
“Debido a lo anterior, el gobierno podría enfrentar
dificultades crecientes en los próximos años para lograr su objetivo de
mantener una postura fiscal conservadora, y al mismo tiempo dar apoyo
financiero a Pemex y cumplir con su intención de expandir programas sociales y
el gasto en infraestructura pública”, acotó.
Por si fuera poco, un entorno de bajo crecimiento complicará
todavía más la habilidad del gobierno para cumplir sus metas fiscales al
debilitar el flujo de sus ingresos.
Si bien la deuda del gobierno federal se ha mantenido
relativamente estable en alrededor de 35% del PIB en años recientes, menor
crecimiento económico y la tensión causada por la presencia de múltiples
prioridades de política podrían ocasionar un incremento en los indicadores de
deuda durante los próximos años, situación que pudiera erosionar la fortaleza
fiscal del país.
De acuerdo con Moody’s Investors Service, el historial de
México en mantener políticas macroeconómicas prudentes le ha permitido
enfrentar choques durante la última década.
Esto incluye, el choque de precios del petróleo y las
renegociaciones del tratado comercial con Estados Unidos, mientras retuvo la
confianza de los inversionistas locales y extranjeros.
Aunque no es probable que se dé un alza de la calificación en
el futuro cercano, explicó la calificadora, la perspectiva podría regresar a
estable si se recupera la confianza en la habilidad del gobierno para
establecer e implementar políticas predecibles.
“Un crecimiento más alto y sostenido, junto con un
fortalecimiento considerable del balance general del gobierno pudiera con el
tiempo dar lugar a un alza de la calificación de México”, aseguró.
Eso sí, la firma dejó claro que el horizonte a lo largo del
cual pueden materializarse estas tendencias es incierto.
“Si bien acciones de política (u omisiones) por parte de las
autoridades pueden llevar a Moody’s a concluir que estos riesgos llegarían a
materializarse, un período de hasta de 18 meses puede ser necesario para
evaluar las consecuencias crediticias de la incertidumbre derivada de las
tensiones inherentes entre la política gubernamental y la interacción de ésta
con el sentir de los inversionistas”, señaló.
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