Por José
Raúl Linares.
El
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez, negó que la institución a su cargo supiera de la tortura contra
presuntos implicados en el caso Ayotzinapa.
Asimismo, adelantó
que interpondrá una denuncia penal contra funcionarios de la antigua
Procuraduría General de la República (PGR) por el video en donde se expone la
tortura en contra de Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos por la
desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
En
entrevista, luego de presentar su informe de labores 2018 ante ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), González Pérez aseguró que no
conocía de las torturas que sufrió Canto Salgado, pero sí de violaciones en el
debido proceso.
“No hay
que confundirnos, la Comisión Nacional señaló que había violaciones a los
derechos humanos de esta persona que fue detenida arbitrariamente, que tuvo una
retención ilegal, y con las pruebas que obtuvimos determinamos tratos crueles,
inhumanos y degradantes”.
Añadió: “La
PGR se negó a proporcionarnos información sobre ese caso como en otros tantos.
No nos dio información que seguramente contaba y por eso nosotros estamos
condenando este hecho”.
El pasado
viernes 21 circuló en las redes sociales un video donde se muestra el
interrogatorio a Canto Salgado –detenido el 22 de octubre de 2014, acusado de
la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa– por parte
de exfuncionarios de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Federal
Ministerial (PFM).
Tras la
difusión del material, donde se ve a Carlos vendado de los ojos y maniatado, y
con una bolsa de hule en la cabeza, se logró identificar la voz de dos
exfuncionarios públicos: Ariel Agustín Castillo Reyes, de la Semar, y Ezequiel
Peña Cerda, de la PFM.
Luego de
conocerse la grabación, el viernes 21, Peña Cerda renunció a la
Subsecretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Por su lado,
organizaciones sociales destacaron que el video en el que se observa la
tortura contra Canto Salgado muestra que la CNDH encubrió esos actos.
Señalaron
que en la recomendación 15VG/2018, por la que la CNDH se tardó más de cuatro
años, el organismo analizó 72 casos de detenidos que acusaron ser víctimas de
tortura, sin embargo, concluyó que sólo en ocho hubo tal práctica.
“La
fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente
aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por
encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura es manifiesta y flagrante,
por ello, (el video) confirma también los sesgos y limitaciones de su
recomendación”,
precisaron el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro
Prodh); Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña; Fundar, Centro
de Análisis e Investigación A.C., y Servicios y Asesoría para la Paz A.C.
(Serapaz).
“Acredita
que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable”, recalcaron tras conocer la
grabación.
Al ser
cuestionado por los reporteros sobre esos hechos, González Pérez dijo que
existe una recomendación para profundizar en la investigación.
“La
Comisión Nacional no ha encubierto y rechazo esa afirmación falaz. Esta persona
es víctima de violación a derechos humanos, está señalado en la recomendación,
por eso vamos a exigir que se profundice la investigación y, además, se
investiguen las razones por las cuales no se quisieron proporcionar esa
información”, dijo.
“En México
no puede haber poderes absolutos”
En su
discurso ante los ministros de la SCJN, el ombudsman nacional expuso que
ante la grave crisis de inseguridad que padece nuestro país, “los derechos
fundamentales de las personas no pueden ser violentados”. Nadie puede oponerse
a “que se revisen las estructuras del poder, a que se investiguen y sancionen
los actos de corrupción, se abata la impunidad y se haga un mejor ejercicio de los
recursos públicos”.
Agregó: “En
México no puede haber poderes absolutos. Las autoridades de los distintos
órdenes y niveles de gobierno, así como los poderes públicos, con independencia
de filiaciones o intereses políticos, deben sujetar sus actos a lo previsto en
la Constitución y en sus leyes”.
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