Julio Astillero.
La más
reciente difusión videográfica de un acto policial de tortura, en el contexto
de los interrogatorios sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, se
suma a sustentados señalamientos previos que confirmaron tales investigaciones
como engañifas organizadas para ocultar, manipular y enredar datos e
información reales sobre tal suceso que sigue hasta ahora sin esclarecimiento
real.
Nada quedaba
de credibilidad respecto a la verdad histórica construida en su momento por el
Fabulador General de la República, Jesús Murillo Karam (político y funcionario
siempre inmerso en pantanos de mendacidad y corrupción; destacado miembro de la
dupla político-geográfica dominante en el sexenio recién pasado, la de
mexiquenses e hidalguenses), pero el saldo actual, luego del video
recientemente difundido, deja a tal investigación y sus autores en una
situación de absoluto déficit, obligados que deberían estar a pagar sus culpas
históricas y penales, desde el aún intocable Enrique Peña Nieto hasta el ahora
senador Miguel Ángel Osorio Chong, el retirado Murillo Karam y el entonces jefe
policiaco y operador escénico, Tomás Zerón (Zembrón) de Lucio (fue director de
la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y le sucedió Omar García
Harfuch, quien ahora es jefe de la división de investigación de la policía
capitalina).
Las
agresiones al detenido Carlos Canto Salgado en octubre de 2014, por las cuales
ahora renunció un subsecretario de seguridad pública de Michoacán, Carlos Gómez
Arrieta, han cimbrado a una opinión pública que ya había tenido a su
disposición indagaciones a fondo que confirmaban tales métodos de tortura y
retorcimiento de las diligencias judiciales. No había video disponible, como
ahora, pero se mostraba sin sombra de duda parte de lo que tejió el peñismo
para simular una verdad sobre lo sucedido a los jóvenes desaparecidos.
El 3 de mayo
de 2016, por ejemplo, esta columna iniciaba con el siguiente párrafo:
Diecisiete testigos claves en el armado de la hipótesis de la incineración de
normalistas en Cocula sufrieron lesiones de diversa gravedad, indicativas de
tortura, cuando ya estaban bajo custodia plena de las autoridades. En términos
generales, los médicos de la Marina y de la Procuraduría General de la
República (PGR), y los sicólogos de ésta, desatendieron las consecuencias de
esas evidencias físicas y de señalamientos verbales de tortura por parte de los
presuntos miembros del crimen organizado y de los policías de Iguala y Cocula a
los que detuvieron como presuntas piezas centrales en el tejido de la versión
ígnea coculense (https://bit.ly/2XCx5bn).
A pesar de
todo, poco se ha avanzado en el conocimiento de lo que realmente sucedió en
aquella ocasión (sobre todo, el grado de involucramiento de autoridades de los
distintos niveles y fueros). La buena disposición verbal del gobierno
lopezobradorista no ha tenido la correspondiente concreción, de tal manera que
los familiares de los desaparecidos y los organismos civiles que les han
acompañado en su lucha mantienen fundado escepticismo, conscientes de que se ha
dado un notabilísimo cambio de actitud en la cúpula gobernante, pero no se han
podido superar inercias institucionales y tampoco queda claro que la voluntad
justiciera que expresa el Presidente de la República tenga el debido impacto
operativo en los siguientes escalones del organigrama oficial.
En tanto,
los grupos y el partido que estaban en el poder cuando sucedió la tragedia de
Iguala pelean por la conducción del Revolucionario Institucional. Los
gobernadores priístas que quedan ejercen el papel del dedo presidencial que ya
no tienen y se han posado en su compañero Alejandro Moreno, de Campeche. En
contra, Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, ex gobernadores de Yucatán y Oaxaca,
quienes acusan a Moreno de estar aliado secretamente con Morena-gobierno. Ni a
cuál irle.
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