Por Sara
Pantoja.
El
gobierno capitalino usará 300 millones de pesos del Fondo para la Movilidad, el
Taxi y el Peatón -que es alimentado por aportaciones de las empresas Uber,
Cabify y Didi, para ayudar a la sustitución de taxis con concesiones normales
que tengan más de 10 años de antigüedad.
La jefa de
gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que, como parte del programa de apoyo a
los taxistas, a finales de 2019 comenzará a funcionar una aplicación digital
gratuita, elaborada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), para
que los usuarios puedan identificar desde su teléfono celular al taxista y el
auto que van a abordar, con el fin de viajar seguros.
Para ello, no
será necesario contratar un software externo y su aplicación será voluntaria.
La autoridad analiza que los usuarios de esta aplicación, lo hagan con la
tarifa de radiotaxi en vez del “banderazo” normal.
En tanto, el
secretario de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous, dijo que la dependencia a
su cargo revisa con la Consejería Jurídica la estrategia legal que utilizará el
gobierno capitalino relacionada con la empresa Lusad, promotora del servicio
L1BRE, que desde el año pasado no puede operar su concesión para el uso de
tabletas digitales y una aplicación que se instale en los taxis normales y
pueda ser competencia de empresas como Uber, como lo publicó Proceso en su
edición 2223 que circula esta semana.
En
conferencia, Sheinbaum Pardo explicó que su gobierno tiene cuatro ejes de acción
para que los taxis en la ciudad tengan una “competencia pareja”: facilitar la
revista y los pagos de manera electrónica para evitar que los taxistas recurran
a gestores; agilizar la regularización de trámites; sustitución de taxis con
más de 10 años de antigüedad; y una aplicación móvil para los taxis de la
Ciudad de México.
Luego, comentó
que en los próximos días serán transparentados los recursos que depositan en un
fideicomiso privado las aplicaciones telefónicas, mismos que serán destinados a
la sustitución de los taxis por vehículos híbridos y eléctricos.
El titular
de la Semovi aclaró que con los 300 millones de pesos del Fideicomiso se
plantea dar un bono de 50 mil pesos para vehículos de alto rendimiento y bajas
emisiones, y 75 mil pesos para unidades híbridas.
Riesgo de demandada
por dueña de la aplicación L1BRE.
En su
edición de esta semana, Proceso publicó que el gobierno capitalino está en
riesgo de ser demandado ante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
Canadá y México -ahora T-MEC- por la empresa Lusad, dueña de la aplicación
L1BRE, a la que el gobierno de Miguel Ángel Mancera, con su operador político
Héctor Serrano en la Semovi, le dio la concesión para que unos 130 mil taxis
que circulan en la ciudad operen con tabletas electrónicas y una aplicación
digital.
Al
preguntarle a Claudia Sheinbaum qué hará su gobierno con esa concesión, ya que
prepara una aplicación para sustituir el servicio ofrecido, aseguró que “no era
una concesión”.
Y trató de
explicar: “Tú no puedes concesionar un servicio, obligar desde nuestra
perspectiva de una forma monopólica sin concurso, obligar a un taxista a tener
una sola concesión de una aplicación asociada a una tarjeta de una empresa que
no tenía experiencia. En todo caso, se tiene que abrir y el taxista es libre de
utilizar una o de utilizar otra. Y el gobierno de la ciudad tiene toda la
atribución para poder desarrollar su propia aplicación telefónica”.
No obstante,
el secretario de Movilidad, Andrés Lajous corrigió el error jurídico de
Sheinbaum al asegurar que “estamos en el proceso legal, trabajando con la
Consejería Jurídica en términos de la situación de esa concesión”.
Y reiteró
las características operativas que requería esa concesión “eran sumamente
injustas para los taxistas y los obligaba a todos los días a pagarle dinero a
una empresa, aunque ellos no quisieran”.
-¿La
estrategia es para cancelar esa concesión?
–Estamos
haciendo una revisión legal con la Consejería para revisar cuál es la mejor.
Sheinbaum
Pardo comparó la estrategia jurídica que se usará con la empresa Lusad: “es
muy parecido a lo que presentamos ayer de Chapultepec. O sea, se hicieron
concesiones en el gobierno anterior en donde los contratos llegaban a un nivel
en donde incluso, aunque no hiciera nada el privado, quería cobrar por no hacer
nada, ese fue el caso de Corredor Chapultepec, fue el caso de la
Termovalorizadora y es este caso”.
No obstante,
dijo que en el caso de Lusad-L1BRE “es todavía mucho más cuestionable porque
es un servicio monopólico de un privado sin haber habido ninguna otra acción”.
-¿Considera
que hubo corrupción en la entrega de esa concesión?
-Nosotros
no calificamos si hubo o no corrupción porque si tuviéramos la certeza, pues se
va a Contraloría (General) y se va a la Procuraduría (General de Justicia).
Aquí lo que nosotros decimos es que no puede obligarse a un taxista a una sola
acción y cerrar la posibilidad de que el gobierno pueda hacer su propia
aplicación. Eso lo dijimos desde que entramos al Gobierno de la Ciudad y fue a
petición de los propios taxistas.
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