Ricardo
Ravelo.
En
Veracruz arrecian los señalamientos en contra de Edel Álvarez Peña, presidente
del Tribunal Superior de Justicia del estado, debido a que desoye las denuncias
que pesan en contra de jueces y magistrados por presuntos delitos de
corrupción.
El ex
Alcalde de Coatzacoalcos simplemente desatiende las denuncias, interpuestas
ante el Consejo de la Judicatura, pues se trata de aliados suyos, personajes
que conforman la cofradía de corrupción y con los que se tuerce la justicia en
favor de los hombres del dinero. Y no sólo eso: defiende a sus aliados porque
pretende relegirse en la presidencia del TSJ
Los
señalamientos en buena medida se centran en su hombre de confianza, Manuel
Fernández Olivares, El Pámpano, a quien acusan de ser el enviado de Álvarez
Peña para coaccionar a jueces y magistrados para que emitan fallos en beneficio
de personajes con los que presuntamente se establecieron arreglos.
Como se
sabe, en Veracruz tanto la procuración de justicia como el Poder Judicial
están bajo el control de la dupla Álvarez Peña-Miguel Ángel Yunes Linares. A
través de Jorge Winckler mantienen bajo su poder la Fiscalía del estado, pese a
que en las reuniones de seguridad el propio Fiscal ha sido señalado de proteger
a delincuentes, en ríspidos encontronazos con marinos y militares, ocurridos
tras los hechos sangrientos de Minatitlán.
El Poder
Judicial es un verdadero coto de poder, un botín que la dupla mencionada quiere
mantener, por ello, el presidente del Tribunal, Edel Álvarez, ha dicho que
busca reelegirse en el cargo para continuar, entre otros proyectos millonarios,
con la construcción de las llamadas Ciudades Judiciales, un megaproyecto que
construye la familia Ruiz Anitúa, aliados del grupo.
En contra
de Edel Álvarez hay fuertes cuestionamientos con respecto a la corrupción en el
Poder Judicial desde hace mucho tiempo, pero nada ocurre. Ahora jueces y
magistrados que conocen este entramado de corrupción preparan una carta que
harán llegar al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga.
La
corrupción en el Poder Judicial de Veracruz es un tema público. En 2018, por
ejemplo, se documentó que Mario Berlín Mendoza, notario, juez y en ese tiempo
aspirante a desempeñarse como magistrado, realizó comilonas, algunos encuentros
etílicos con colegas y amistades, así como la renta de habitaciones de lujo que
terminó facturando como gastos a sus empresas por un lapso de ocho meses El
monto de aquellas diversiones ascendieron a poco más de 79 mil pesos.
De igual
forma existen quejas en contra de otros jueces, como Arely Ahumada, jueza de
Tuxpan, quien pese a las denuncias sigue en su puesto, inamovible, no obstante
que está acusada de actuar en contra de la propia justicia.
Pero lo
peor es que ahora se sabe que entre el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y
Edel Álvarez Peña se ha sellado un pacto. Se afirma que Álvarez Peña habría
vendido el argumento de que su relación con Yunes está deshecha, aunque en todo
el estado de Veracruz se sabe que esto no es cierto.
Lo cierto
es que tan estrecho está el vínculo entre Cuitláhuac y Edel que la denuncia de
juicio político en contra del segundo, promovida en el Congreso por una ONG, de
buenas a primeras se desinfló. En la denuncia se aducen presuntos actos de
corrupción, desvío de recursos públicos, entre otros, que la Diputada Paola
Linares Capitanachi, presidenta de la Comisión Instructora, desechó o bien
envío al archivo. No hay argumento que explique el silencio de la legisladora.
Se entiende que habría recibido línea de la oficina del Gobernador para no
hacer más ruido sobre este tema.
Ahora
falta ver qué resultado genera la denuncia que próximamente recibirá AMLO de
parte de algunos jueces y magistrados de Veracruz sobre la corrupción de
Álvarez Peña en el Poder Judicial.
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