Por
Redacción / Sin Embargo.
Esto no es
ficción: una empresa estadounidense que se dedica a buscar tesoros en el
fondo del mar se asoció con Altos Hornos de México (AHMSA) para explotar una
mina subacuática en Baja California Sur y extraer fósforo. La Secretaría de
Medio Ambiente negó la Manifestación de Impacto Ambiental por el riesgo que
genera para la biodiversidad, sobre todo para la tortuga caguama. Ahora,
la minera busca que el Estado mexicano le indemnice con más de 3 mil 500
millones de dólares sus pérdidas y ha presentado una denuncia formal ante un
tribunal internacional de comercio alegando que Semarnat violó el Capítulo XI
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El Gobierno
mexicano recibió en enero la notificación de la intención de demanda de
Odyssey Marine Exploration, Inc. (Odyssey) por la cancelación del proyecto Don
Diego, al amparo del Capítulo XI, Inversión, del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
Y el 5 de abril,
según los documentos que están en la Secretaría de Economía, Odyssey
presentó “a nombre propio y en representación de la empresa mexicana
Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. (ExO)” una “Notificación de
Arbitraje (NOA)”. Es decir, la demanda por la que reclama una indemnización de
3, 540 millones de dólares por pérdida de inversión.
“Odyssey argumenta
que ExO es su vehículo de inversión, empresa mexicana que tiene derechos sobre
una concesión minera de fosforita en México. Odyssey argumenta haber realizado
expediciones de exploración que involucraron el trabajo de técnicos y una
amplia gama de equipos topográficos, oceanográficos y geológicos para evaluar
la zona de su inversión. Odyssey reclama un supuesto bloqueo de su proyecto por
parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por su
negativa de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental de su proyecto, así
como supuestos actos ulteriores relacionados.
Odyssey considera
que la actuación por parte de SEMARNAT ha destruido el valor de su inversión en
México y resulta violatoria de las siguientes disposiciones del TLCAN: Artículo
1102. Trato Nacional; Artículo 1105. Nivel mínimo de trato; y Artículo 1110.
Expropiación e indemnización”, dice la ficha de la Secretaría de Economía.
LA DEMANDA.
El documento
de demanda, de 26 cuartillas, ingresado el 5 de abril, alega que con la
resolución de Semarnat, México violó el capítulo XI del TLCAN, que protege las
inversiones.
Este
artículo es un recurso jurídico que existe en todos los tratados de comercio
internacionales y que ha sido aplicado cada vez con mayor frecuencia por
empresas extractivistas trasnacionales para demandar a los países pagos
millonarios por la pérdida de inversiones, como documenta el informe Casino del
Extractivismo, presentado el miércoles pasado en la Ciudad de México.
Hasta ahora,
México ha tenido que pagar a empresas trasnacionales más de 242 millones de
dólares por 9 resoluciones en contra, pero tiene abiertos otros 12 juicios,
entre ellos el de otra minera estadunidense que reclama 500 millones de dólares
porque los programas municipales de desarrollo y medioambiente frenaron la
instalación de una mina en Quintana Roo.
La
cantidad de esta demanda, sin embargo, supera cualquier compensación que México
haya tenido que pagar por la aplicación de estas sanciones.
“Es
posible que la cantidad sea tan desorbitante para obligar al gobierno mexicano
a negociar un acuerdo”, dice en entrevista telefónica Jennifer Moore, coautora del informe.
En su
demanda, Odyssey alega no sólo que México violó el TLCAN al aplicar sus
normas ambientales. También asegura que su proyecto sería fundamental para
garantizar la soberanía alimentaria del país al disminuir la dependencia que
tiene México de las importaciones de fertilizantes. Además de que ahorraría
millones de impuestos.
LA SOCIEDAD
CON AHMSA.
Odyssey
Marine Exploration es una empresa norteamericana que se dedica a buscar tesoros
en barcos hundidos. En 2O07 extrajo del mar más de medio millón de monedas de
oro y plata, pinturas de Goya y otros objetos considerados patrimonio cultural
subacuático de un buque español hundido en el Atlántico en 1804 (eso originó un
litigio de 5 años con el gobierno español que terminó obligando a la empresa a
devolver los tesoros).
Fundada en
1994, la compañía se dedica básicamente a desarrollar tecnología para
recuperar y comercializar restos de barcos hundidos, un negocio que les
permitió cotizar en la bolsa de Nueva York desde 2003. Pero también es socia
mayoritaria de otras tres empresas que poseen licencias de explotación de
depósitos minerales en el fondo marino: Neptune Minerals, que tiene concesiones
en Nueva Zelanda y Japón; Chatham Rock Phosphate, en Nueva Zelanda, donde un
proyecto similar al mexicano está detenido desde 2015. Y Oceanica Resources,
basada en Panamá.
A través
de la subsidiaria Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V., planeaba
instalar la primera mina submarina del mundo para extraer fósforo en costas
mexicanas de Baja California Sur.
El
proyecto minero, llamado Don Diego, está en el Golfo de Ulloa, en el municipio
de Comondú, donde existe desde 2014 una veda pesquera para proteger a las
tortugas caguamas.
La
empresa aplicaría una técnica de minería que nunca ha sido probada, lo que provocó
una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y pescadores de la zona.
En septiembre de 2014 el proyecto fue rechazado por Semarnat. Entonces Odyssey
Marine Exploration se asoció con Altos Hornos de México (AHMSA), la principal
siderúrgica en México.
Su dueño,
Alonso Ancira Elizondo, fue detenido el pasado 28 de mayo en Mallorca, España,
“como resultado de una denuncia presentada el 5 de marzo ante la FGR, por la
Apoderada Legal de Pemex, con motivo de una serie de delitos que motivaron un
grave daño patrimonial a esa empresa del Estado”, según el comunicado de la Fiscalía
General de la República.
La
investigación realizada por Celia Guerrero reveló que, en marzo de 2015,
Exploraciones Oceánicas recibió una inyección de capital de 15 millones de
dólares de Minera del Norte (Minosa), subsidiaria de Altos Hornos de México
(AHMSA), convirtiendo a la empresa mexicana en socio mayoritario. Después, la
empresa se reunió con representantes del entrante gobierno panista de Baja
California Sur para cabildear el proyecto minero Don Diego e ingresaron una
nueva MIA, anunciando la asociación con la siderúrgica.
El consorcio
Odyssey-AHMSA se encargó de vender la mina Don Diego ante políticos locales y
el gobierno federal como indispensable para la seguridad alimentaria de México,
tal como lo ha insistido en su demanda, pues México depende de las
importaciones de fertilizantes en 83 por ciento; y la mina de fósforo, un
elemento esencial para la fabricación de fertilizantes, los agricultores
mexicanos se verán beneficiados.
Ese mismo
mes, Exploraciones Oceánicas demandó penalmente a un periodista
sudcaliforniano, Carlos Ibarra, y a miembros de la Cooperativa Pesquera Puerto
Chale por dar a conocer que estaban realizando pozos de exploración sin la
autorización de la Semarnat. Los acusaron de “conspirar en contra del
desarrollo económico de México”, y comenzó lo que la organización Artículo 19
señaló como una campaña de hostigamiento judicial.
En diciembre
de 2015, Odyssey vendió una parte de la compañía por 21 millones de dólares
a Monaco Financial, una firma estadounidense dedicada a comercializar monedas
raras y productos de metales preciosos, y Mark Gordon, director de Odyssey,
señaló el depósito en el fondo marino de México como un emprendimiento clave
para su negocio.
En abril de
2016 la Semarnat rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del
proyecto minero Don Diego principalmente por el riesgo que implicaría para la
tortuga caguama.
Pero la
historia no acabó ahí. Ahora, la alianza Odyssey-AHMSA ha vuelto a la carga con
una ambición mucho mayor.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.