Por Javier
Cruz Aguirre.
El
Congreso de Baja California sumó este día un nuevo escándalo.
La Junta de
Coordinación Política (Jucopo) rechazó el exhorto de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión para no avalar la reforma constitucional que amplía de
dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.
Durante
la sesión extraordinaria que llevó a cabo a puerta cerrada en el Palacio
Municipal de Rosarito, aprobó la declaratoria de procedencia del decreto que
deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución del estado para aumentar el
plazo de la gubernatura.
Ahora, el
Congreso enviará el decreto para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, acción que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid ha dicho que no
hará, por lo que en un plazo máximo de 35 días la reforma se publicará por
orden directa del presidente del Congreso en funciones que corresponderá a la XXIII
Legislatura, la cual iniciará sus labores el 1 de agosto próximo.
Correspondió
al diputado Alejandro Arregui Ibarra, coordinador del grupo parlamentario
del PRI en el Congreso, leer un comunicado de la Jucopo en donde rechaza acatar
el exhorto porque, dijo, contiene actos ilegales que ponen en riesgo el proceso
electoral del pasado 2 de junio.
Destacó que los
comisionados del Congreso de la Unión equivocadamente ordenan al Congreso local
eliminar el decreto que reformó políticamente a la constitución para empatar
este año las elecciones locales con las federales, y no el que se aprobó la
noche del 8 de julio pasado.
De hacer
caso al exhorto, se
regresaría a una elección que daría plazos de gobierno de seis años al
gobernador, 3 a diputados y munícipes, no habría candidaturas independientes,
paridad de género en las candidaturas ni elecciones consecutivas.
Aparte de
esta presunta ilegalidad que el diputado Raúl Castañeda Pomposo calificó como
“analfabetismo constitucional” de los legisladores federales, Arregui sumó una crítica al
Congreso de la Unión por atacar, en aras del federalismo, los derechos del
poder legislativo del estado, la soberanía de los poderes de Baja California,
sus libertades políticas y la vida democrática de los ciudadanos del estado.
Los
diputados panistas Manuel Osuna Millán y Eva María Vázquez Hernández intentaron
infructuosamente evitar que 14 de sus colegas aprobaran en dos horas, por
mayoría, los dos únicos temas que se trataron a puerta cerrada, con policías
del municipio de Playas de Rosarito evitando la entrada a los periodistas a la
sesión, en la sede del cabildo que permitió con su voto avalar por los
ayuntamientos el avance de la reforma en el Congreso.
Los
diputados reformistas, presididos por la legisladora del Partido del Trabajo
(PT) Claudia Agatón Muñiz, quien se reelegirá en el cargo en la XXIII
legislatura y asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política la
noche anterior en Ensenada, procedieron a votar la declaratoria de procedencia
del decreto que deroga el artículo 8 transitorio de la Constitución del estado.
Agatón también
fungió como presidente en funciones del Congreso porque el titular, el priista
Edgar Benjamín Gómez Macías, no asistió a la sesión extraordinaria porque un
familiar falleció este día por la mañana.
En medio
de gritos de “¡traidores!, ¡traidores!” emitidos en contra de los legisladores
por decenas de ciudadanos que acudieron al cabildo a las 4 de la tarde, para tratar
de impedir la votación, los diputados terminaron la sesión y convocaron a otra
sesión extraordinaria para firmar la declaratoria y enviarla al Ejecutivo a la
brevedad para su publicación.
Tanto la
Constitución del Estado como la Ley Orgánica del Poder Legislativo determina
que el mandatario estatal no puede hacer observaciones a la declaratoria de
decreto.
Dice el
inciso A del artículo 34 constitucional: “Se reputará aprobado por el
Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Congreso dentro
de los mencionados términos (15 días).”
Agrega que, vencido
ese plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días para promulgar y publicar la ley o
decreto.
“Transcurrido
este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente
del Congreso ordenará, dentro de los quince días siguientes su publicación en
el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo.”
Así, el
plazo máximo para su publicación y entrada en vigor es de un máximo de 35 días,
todavía dentro del periodo de transición de gobierno en la entidad ya que Jaime
Bonilla tomará la protesta como gobernador el 1 de noviembre de este año.
Una vez
que la reforma constitucional se publique en el Periódico Oficial, los actores
políticos interesados y facultados legalmente para hacerlo podrán anteponer
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones de
Inconstitucionalidad contra la medida.
Denuncian
violaciones a la ley.
Dos horas
antes de que se realizara la sesión en Rosarito –las 4 de la tarde-, la diputada
Eva María Vázquez Hernández, la única mujer de los tres últimos legisladores
que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene en la Cámara de Diputados estatal,
denunció que parlamentarios afines al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez,
designaron como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a la
petista Claudia Agatón Núñez.
El cargo
lo determinaron, según dijo la panista que era la titular de la junta política
que terminaría las actividades de la XXII Legislatura el miércoles 31 de julio,
en una sesión extraordinaria que se convocó a través de medios electrónicos
para realizarse ayer en Ensenada, lo que “es una nueva violación a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y a la Constitución Política de Baja California”
que ya analiza el área jurídica de su partido para impugnarla.
El
objetivo de los 21 diputados fue sesionar este martes, a las 4 de la tarde, en
la sala de cabildo del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en donde la
presidente municipal, Mirna Rincón Vargas, en proceso de expulsión del PAN por
promover el voto del cabildo a favor de la reforma constitucional que dio cinco
años de gobierno a Jaime Bonilla en lugar de los dos originales, les ha dado
todas las facilidades para que legisladores sesionen para dos objetivos:
-Hacer la
declaratoria de procedencia del decreto del lunes 8 de julio que deroga el
artículo 8 transitorio de la Constitución del estado para ampliar el periodo de
gobierno de 2 a 5 años, con el aval de 3 de los 5 ayuntamientos de Baja
California (los de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate).
-Responder
técnicamente al exhorto que la semana pasada hizo la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión al congreso de Baja California, para que no llevar más
adelante la reforma constitucional del 8 de julio.
Vázquez
Hernández reiteró a las 2 de la tarde de hoy que la sesión extraordinaria que
convocó Agatón ““es absolutamente ilegal debido a que la presidencia de la
Jucopo la detento yo”.
Explicó
que el pasado domingo 21 de julio “fui convocada en un correo institucional a
una sesión de coordinadores, no de la Jucopo puesto que yo no convoqué, sino
por el contrario: se elaboró de mi parte un comunicado donde se les advertía
que estaban a punto de cometer una ilegalidad.”
Hoy, el
grupo que se reunió ayer por 12 horas en Ensenada emitió un comunicado en donde
informan que los diputados integrantes de Jucopo que asistieron son: Claudia
Agatón Muñiz (PT), Rocío López Gorosave (PRD), Víctor Manuel Morán Hernández
(Morena), José Antonio Casas del Real (Transformemos) y como representante del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Arregui
Ibarra.
Ellos
designaron como presidente de la Jucopo a la diputada Claudia Agatón Muñiz de
conformidad –dijeron- con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado,
“como resultado de los nombramientos de los coordinadores de los partidos
políticos representados en el congreso”.
En el
desarrollo de la sesión –indica el comunicado- se determinó -bajo acuerdo
parlamentario- que la diputada Eva María Vásquez Hernández será la coordinadora
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, toda vez que el presidente
de dicho partido en Baja California así lo determinó y quien fungía con tal
designación, Ignacio García Dworak, renunció.
De igual manera
se dio a conocer que el diputado Víctor Manuel Morán Hernández asumió la
coordinación del Grupo Parlamentario de Morena.
Y revela
que, en correspondencia recibida por el congreso, se informó que los siguientes
diputados, por su propia decisión, dejaron de pertenecer al Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional: Mónica Hernández Álvarez, Carlos Alberto Torres
Torres, María Trinidad Vaca Chacón, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García
Dworak y José Félix Arango Pérez.
“Por lo
anterior, se informa que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
se reduce de 12 a 6 integrantes”, destacó el comunicado.
El líder
nacional del PAN, Marko Cortés, anticipó que acudirán ante la Corte.
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