Por Ernesto
Martínez Elorriaga.
La
activista Zenaida Pulido Lombera, quien coordinó la quinta caravana de búsqueda
de personas desaparecidas en el municipio nahua de Aquila, fue asesinada a
balazos en el tramo costero La Huahua-Pichinlinguillo y su esposo quedó
gravemente herido.
La
organización no gubernamental Familiares Caminando por Justicia condenó el
homicidio y aseguró que la defensora de los derechos humanos, quien tenía un
hermano desaparecido, fue ultimada después de que denunció haber recibido
amenazas.
De acuerdo
con la agrupación, Zenaida Pulido, de 43 años, circulaba en su vehículo el
pasado viernes, junto con su cónyuge, cuando un comando los acribilló.
La activista
había denunciado desde hacía dos meses la desaparición de personas en esa
región nahua y participó en la caravana de búsqueda que se realizó del 28 de
abril al 11 de mayo pasados en territorio michoacano.
Familiares
de Zenaida trasladaron su cadáver a su vivienda, ubicada en la comunidad nahua
de Pichilinguillo, donde junto con su hermana Lucina tenía un pequeño
restaurante.
Comuneros de
Aquila han denunciado que el crimen organizado retornó desde hace meses a esta
región que colinda con Colima.
Mercedes
Ruiz González, integrante de Familiares Caminando Juntos por Justicia, dijo
que Pulido Lombera fue amenazada no sólo por la búsqueda de su hermano, sino
por ayudar personas que estaban en la misma situación y habían permanecido en
silencio.
El 8 de
mayo en Tizupan, municipio de Aquila, siguiendo la ruta de la quinta caravana
de búsqueda de desaparecidos iniciada en Morelia, se descubrió una fosa
clandestina en la que había 43 fragmentos de huesos humanos, ropa y casquillos
de rifle AK-47.
Zenaida
nos acompañaba. Encabezaba a un grupo de personas que por primera vez
denunciaban la desaparición de familiares, subrayó en entrevista Ruiz González.
La víctima
era oriunda del pequeño poblado de La Huahua, localizado a unos 10 kilómetros
de Pichilinguillo. Desde hace más de una década, junto con su hermana Lucina,
se fueron a vivir a esa localidad costeña tras la desaparición de uno de sus
hermanos.
Procreó tres
hijos y vivía con su esposo. Hace algunos años se unió a grupos defensores de
los derechos humanos.
Mercedes
Ruiz, madre de Alejandro Ortiz Ruiz, quien desapareció el 29 de noviembre de
2010, consideró que “todo apunta” a que el asesinato de Zenaida fue una
represalia al hallazgo de la fosa de Tizupan y a que recientemente presentó
denuncias por la desaparición de varias personas en la región de Aquila. Estas
desapariciones “eran de todos conocidas, pero no habían sido denunciadas”.
Más de 30
asociaciones civiles de derechos humanos respaldaron a Familiares Caminando
Juntos por Justicia en su demanda de investigaciones diligentes para dar con
los homicidas de la activista.
Exigieron
además medidas de protección para salvaguardar la integridad física y
sicológica de la familia de Zenaida, medidas preventivas para evitar que otros
familiares de desaparecidos sean silenciados y que se garantice el acceso a una
vida sin violencia a la defensoras de los derechos humanos y otros activistas.
Caminando
por Justicia, el Colectivo Rastreadores Fe y Esperanza; el Colectivo
París-Ayotzinapa y el Colectivo por los Desaparecidos en Guerrero, entre otros,
manifestaron que el homicidio de Zenaida deja profunda tristeza e
indignación “porque se suma a la lista de decenas de víctimas que por buscar a
sus seres queridos han recibido la muerte como castigo en un Estado que no sólo
no garantiza el derecho de todas las personas a la seguridad, sino que además
olvida la vulnerabilidad a que las víctimas están expuestas”.
Reprocharon
las omisiones del Estado en materia de desapariciones, porque “han sido los
familiares los que han asumido el papel de las autoridades, ya que saben más de
los casos que las instituciones de seguridad, que generalmente mantienen
cerrados archivos e investigaciones”.
En los 11
años recientes en Michoacán se han reportado más de mil 500 desapariciones
forzadas, entre ellas 300 que fueron debidamente documentadas, en las que
habrían participado bandas del crimen organizado y agentes de seguridad de los
tres órdenes de gobierno.
Más de 4 mil
elementos de la Guardia Nacional están desplegados en Morelia, Lázaro Cárdenas,
Zitácuaro, Zamora, Uruapan, Huetamo y Apatzingán, entre otros municipios. Sin
embargo, en la sierra de Aquila y la costa norte, en los límites con Coahuayana
y Colima, aún no tienen presencia.
En tanto, se
están restructurando los grupos de autodefensa, sobre todo en Aquila y en
Ostula, encabezados por Agustín Ramírez y Cemeí Verdía. Comuneros de la
cabecera aseguran que los delincuentes han retornado y que grupos que alguna
vez fueron parte de las autodefensas, como el encabezado por Germán Ramírez, El
Toro, ahora son criminales.
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