Cajas populares.

Francisco Ortiz Pinchetti.

Resulta muy pertinente –e importante— el deslinde hecho por la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Concamex) con respecto de la mal llamada “Caja Libertad”, eje de las acusaciones contra el abogado Juan Collado Mocelo y socios por diversos presuntos delitos, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Algunos medios de comunicación han informado acerca de la detención de una persona relacionada con Libertad Servicios Financieros, a la que de manera errónea se le ha referido como Caja Libertad, siendo que su registro lo refiere como una sociedad financiera popular”, indica la Concamex en un comunicado firmado por su presidente, José Manuel Cruz.

Advierte el documento que nombrar a dicha empresa como “caja de ahorro” puede generar incertidumbre entre los socios de las sociedades de ahorro y préstamo (socaps), al señalar a esa entidad y a sus dirigentes por presuntos actos ilícitos, además de afectar el prestigio de las 127 cooperativas debidamente registradas y autorizadas, hoy supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef), desde que se legisló en definitiva sobre el tema en 2009.

Los orígenes de Libertad Servicios Financieros datan de 1960, cuando efectivamente se constituyó con el nombre de Caja Popular Libertad. De 1994 a 1996 operó como sociedad de ahorro y préstamo, y de ese último año hasta 2008 bajo de sociedad cooperativa de responsabilidad limitada. En diciembre de ese año esa sociedad financiera, mediante un proceso muy controvertido, se transformó a su actual condición como una sofipo (sociedad financiera popular).

En su momento, por cierto, se señaló a los directivos de dicha entidad de hacer esa transformación de manera poco transparente y sin informar debidamente a los socios de lo que fue la cooperativa original.

Aclara también la Concamex que las sociedades cooperativas o cajas populares son organizaciones formadas por personas físicas, que de manera voluntaria se unen para satisfacer sus necesidades en términos de promoción del ahorro y uso del crédito cooperativo. “Los resultados del trabajo en conjunto entre los socios contribuye a mejorar el nivel de vida de sus integrantes”, pone.

Las verdaderas cajas populares de nuestro país constituyen un movimiento histórico noble, con motivaciones encomiables. Su nacimiento ocurrió en 1951 cuando el sacerdote Pedro Velázquez Hernández, director del Secretariado Social Mexicano (SSM), órgano de pastoral social del Episcopado mexicano fundó la primera de ellas.

En la década de los años sesenta, las cooperativas de ahorro y crédito, bajo el lema de “Por un capital en manos del pueblo”, empezaron a proliferar en pequeñas comunidades rurales y poblaciones medias, sobre todo en la región del Bajío. Luego se extendieron a Puebla, Hidalgo, Veracruz, Michoacán y otras entidades. Su principal promotor fue Manuel Velázquez Hernández, sacerdote también, hermano de Pedro, que había viajado a Nueva Escocia, Canadá, junto con el padre Carlos Talavera, para conocer el funcionamiento de esa forma de entidades cooperativas, que ya eran comunes en ese país, en Estados Unidos y varias naciones europeas, particularmente Francia.

Las cajas populares se rigen conforme a los principios básicos del cooperativismo y son una alternativa sencilla de acceso al ahorro y crédito con condiciones más viables y favorables. Ofrecen tasas de interés competitivas con respecto a las de otras instituciones financieras. Algunas brindan además educación y formación a la gente (programas culturales de ahorro y crédito) y su presencia en zonas rurales, además de combatir a los agiotistas, permiten depositar montos pequeños y otorgan préstamos más chicos que la banca tradicional. Los socios participan de las utilidades generadas por los intereses que se pagan sobre los créditos otorgados.

Fruto del rápido crecimiento de las cooperativas, en 1964 se constituyó en la Ciudad de México la Confederación Mexicana de Cajas Populares, encabezada por Florencio Eguía Villaseñor (en un encuentro al que asistí por cierto como integrante voluntario del equipo organizador del evento).

Al fallecer el padre Pedro en diciembre de 1968, Manuel asumió la dirección del SSM que ejerce hasta la fecha. En abril de 2013, el sacerdote recibió de la Cámara de Diputados la Medalla al Mérito Cooperativista y la Economía Social, en una particularmente emotiva ceremonia.

La promoción de las cajas populares y la fundación de la CMCP, sin embargo, fue sólo una de las más de 20 instituciones importantes creadas por el Secretariado Social en los años sesenta y setenta del siglo pasado. Entre otras estuvieron el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), la Juventud Agrícola Mexicana (JAM), el Instituto Mexicano de Estadios Sociales (IMES), la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Promoción del Desarrollo Popular (PPD), el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (Copevi), la Unión de Empresarios Católicos (UEC), la Federación Campesina Latinoamericana (FCL), la Unión Mexicana de Trabajadoras Sociales (UTS) y la Central de Servicios Populares (CSP).

Esas y otras instituciones, la mayoría de las cuales subsisten hasta la fecha, adquirieron plena economía cuando a su vez la obtuvo del propio Secretariado Social con respecto al Episcopado, al optar el padre Manuel por asumir como guías de su quehacer la Teología de la Liberación y la opción preferencial por los pobres.

En ese marco, pienso, es justo e importante deslindar claramente a una institución tan respetable como las cajas populares de una sociedad financiera particular que hoy es objeto de una investigación judicial.