En seguridad no hay avances.

Adela Navarro Bello.

En el primero de dos informes de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es de suponer que como lo marca la constitución, a la apertura de sesiones del primer periodo extraordinario legislativo el 1 de septiembre de 2019, entregará el informe por escrito y dirigirá un mensaje a la nación, el tema de la seguridad no fue, a diferencia de otros temas relatados por el Presidente en el zócalo de la Ciudad de México el 1 de julio, ni de triunfalismo, ni extraordinario, ni de buenos resultados, ni de júbilo.

Aceptaría el mandatario nacional, frente a miles de elementos de la Guardia Nacional, “tenemos pendiente resolver el grave problema de inseguridad y de la violencia. Ahí no podemos decir que avanzamos”, dijo textualmente, y complementó: “Ahí desgraciadamente prevalecen las mismas condiciones que heredamos de los gobiernos anteriores en cuanto a inseguridad y violencia”.

Efectivamente las cifras de los homicidios dolosos en México, uno de los principales parámetros para medir la inseguridad en el país, no están muy distantes de las registradas en 2018, último año de la presidencia de Enrique Peña Nieto. De hecho en algunos estudios, como la cifra diaria obtenida de las reuniones del gabinete de seguridad de López Obrador, habría en México más ejecutados en el primer semestre de este año, en relación al primer semestre del año pasado.

Con números que van entre los 16 mil y los más de 17 mil ejecutados en los primeros seis meses de 2019, la violencia en México se evidencia a la alza e imparable. Mucho tiene que ver, que en efecto, las condiciones heredadas de gobiernos anteriores prevalecen, por ejemplo, que ninguna de las corporaciones policíacas federales, las facultadas para perseguir los delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, puntos de origen de las ejecuciones en el país, no han atravesado por una real depuración. Son los mismos elementos en nuevas administraciones, o incluso en nuevas corporaciones, pero los mismos.

El brazo corruptor del narcotráfico alcanza desde las corporaciones municipales en las policías de aproximación o preventivas, pasando por las estatales y responsables de la investigación ministerial de los homicidios dolosos, hasta llegar a las federales, sea en la secretaría de seguridad pública o en la fiscalía general de la República, sin embargo a la entrada del actual Gobierno federal no se hizo lo que se evitó en la administración anterior, una limpia en las corporaciones.

Esto, aunado a la falta de capacitación, eficiencia, herramientas y por lo tanto buenos resultados en las agencias del ministerio público, sea estatal o federal, crea un ambiente corrupto de impunidad para quienes desde la delincuencia organizada, producen, distribuyen o trafican drogas, secuestran, extorsionan, y asesinan, tanto a sus competidores como a quienes en el camino criminal les aparecen.

El porcentaje de impunidad en los casos de homicidios en México, según datos presentados por organizaciones de la sociedad civil pues la Fiscalía General de la República no lo tiene aún clasificado, ronda el 90 por ciento. En México los asesinos no son llevados a prisión, muy pocos son detenidos y muchos menos procesados. El mensaje es clarísimo. No prevalece el Estado de Derecho, y mientras esto no cambie, mientras el combate a la impunidad no sea una prioridad para la cuarta transformación, las cifras de la violencia, como es evidente en el primer semestre de este año, seguirán incrementando.

Otro factor tiene que ver con la impunidad de la que gozan los líderes de cárteles y células del narcotráfico y el crimen organizado. En diversas ocasiones, tanto el Presidente de la República como su secretario de seguridad, han declarado con la aprehensión de estos criminales de alto impacto no son la prioridad en la estrategia para lograr la paz y la tranquilidad en el País. Han reducido esta obligación de llevar ante la justicia a quienes delinquen en la alta escala criminal, a actos mediáticos en los que no caerán por ponderar estrategias de reconstrucción del tejido social y operativos disuasivos con la presencia de los miles de elementos de la Guardia Nacional por las calles de las 150 regiones de México clasificadas como zonas de inseguridad y violencia.

Sin embargo es necesario atacar todos los frentes de la criminalidad organizada, y los liderazgos criminales son la punta de una madeja que llevaría, en investigaciones científicas, policíacas, de inteligencia y criminales, a desarticular las bandas de narcotraficantes que sostienen a las bandas de asesinos que se nutren de los grupos delincuenciales del trasiego de la droga y el secuestro, a partir de estructuras de lavado de dinero en alta escala.

Estos temas no han sido debidamente atendidos tampoco por este Gobierno de la República. La política del Presidente Andrés Manuel López Obrador se basa más en dádivas, apoyos y asistencia para dar oportunidad a una sociedad, y no en complementar estas acciones con la aprehensión de quienes en muchas regiones del país, impiden el crecimiento de la sociedad desde la criminalidad, con impunidad con actos de corrupción, a sangre y plomo.

Sin caer en los actos de abusos del pasado desde las corporaciones policiacas, el Gobierno federal podría perseguir y castigar a los criminales organizados basándose solo en la investigación para desarticular a los cárteles de la droga y a los grupos de la delincuencia organizada. Pero esa no es una tarea que en estos momentos estén emprendiendo con dedicación y ciencia.

Ya no existen en los estados de la República las áreas de inteligencia, fuera en el CISEN, en la Policía Federal, o incluso en las Fuerzas Armadas, que tenían identificados en las zonas, a los objetivos principales detonadores de violencia en las ciudades. No hay registro de los mismos, porque no los están persiguiendo para encarcelarlos. Los asesinos, las bandas de secuestradores, los traficantes, gozan de la impunidad que les da una política fallida de combate a la inseguridad. Crea este ambiente narcotraficantes impunes al brazo de la justicia, que tienen años sin ser aprehendidos y que desde la clandestinidad siguen manejando los hilos de los cárteles de las drogas en distintas partes del país, desde las sierras donde se ocultan, siembran y producen drogas, hasta las costas que utilizan para el traslado de sus cargamentos y los fronteras, convertidas en zonas de trasiego de drogas.

Ciertamente en materia de seguridad el Presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo avances como lo reconoció frente a las tropas de la Guardia Nacional, y ciertamente, con una política disuasiva en la cual utiliza a policías militares, marinos y federales para patrullar las calles, pobre será el resultado cuando lo que hace falta es justicia. Llevar a los tribunales y a las prisiones a quienes cometen delitos relacionados con el más grande lastre de la inseguridad en México, el narcotráfico y el crimen organizado.

El despliegue que a partir del 1 de julio se hizo de los elementos de la Guardia Nacional, podrá aminorar la presencia criminal en las calles de México en tanto no sean cooptados por el brazo corruptor, pero no disminuirá la actividad criminal que sustenta un negocio multimillonario como es el de las drogas, que no está siendo debidamente combatido.

A siete meses de iniciado el Gobierno del Presidente López Obrador, a dos meses de su segundo y oficial informe de Gobierno, efectivamente no hay avances en materia de seguridad. Y de persistir la impunidad, la corrupción, que en este sector no han sido atacadas eficientemente en esta y en las últimas dos administraciones federales, ni los asesinatos disminuirán, ni el trasiego de drogas se reducirá. Los cárteles, origen de la violencia en México, ahí siguen. No han sido desarticulados ni combatidos ni con inteligencia ni con investigación.