Por Unidad
de Datos / sin embargo.
El Comité
Administrador de Acciones de Libertad Servicios Financieros representa a casi
el 70 por ciento de acciones del capital social total. Esta figura, existente
cuando Juan Collado Mocelo era el presidente del Consejo de Administración,
oculta el nombre de los titulares a pesar de que la Ley de Ahorro y Crédito
Popular exige que como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) reporte a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la relación e información de las
personas con una participación en el capital social, el monto y el origen de
los recursos.
El
denunciante y empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa aseguró, de acuerdo
con la orden de aprehensión relativa a la carpeta de investigación
FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, que Jesús Beltrán González, entonces director
general de Libertad Servicios Financieros, le dijo que elaboró los contratos
privados “que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de
varias personas” en esta Sofipo.
“Me mencionó
a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién,
José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio”,
afirmó el denunciante aclarando que no contaba con número de cuenta o mayores
datos.
En el Acta
de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Libertad Servicios
Financieros, celebrada el 13 de octubre de 2016 en Ciudad de Santiago,
Querétaro, se notifica que el presidente del Consejo de Administración Juan
Collado Mocelo designó a Jesús Beltrán González (la fuente del denunciante) y a
Jorge Luis Sánchez Hernández como escrutadores.
“Revisaron
el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, el formulario de poder
exhibido por la representante de un accionista, la constancia de designación de
los delegados del Comité Administrador de Acciones y el número de acciones
representadas por sus titulares en esta Asamblea”, expone el documento
publicado por la Secretaría de Economía (SE)..
El entonces
presidente del Consejo Juan Ramón Collado Mocelo y José Ramón Collado Amieva
(su padre), tenían más de 441 mil acciones, el 31.16 por ciento del total del
capital social ese día votado (1 millón 414 mil 981 acciones). El otro 68.76
por ciento (973 mil 045) de acciones las administró, representando al titular o
titulares no definidos, el Comité Administrador de Acciones.
En la lista
de asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de octubre de
2016 se especifica que el Comité Administrador de Acciones fue “representado”
por Silvia Eugenia Barragán Castrejón, Martha Janet Arreola Ramos y Ricardo
Velasco Arellano, este último actual miembro del Consejo de Administración de
Libertad.
En el Diario
Oficial de la Federación, mayo 2015, Libertad explica que cuando en
septiembre de 2009 se transformó de cooperativa a sociedad financiera popular,
todos los socios que tuvieran derechos vigentes pasaron a ser accionistas de la
Sociedad, por lo que se emitieron certificados provisionales que serían
entregados por este Comité a los socios accionistas correspondientes.
Una vez que
se emitieron las acciones representativas del capital social, se nombró al
Comité Administrador de Acciones como el órgano responsable para canjear a los
accionistas sus certificados de aportación social o provisionales por las
acciones correspondientes.
Sin embargo,
el artículo 10 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular exige a una Sofipo,
como lo es Libertad Servicios Financieros desde 2009, presentar a la CNBV “la
relación e información de las personas que directa o indirectamente pretendan
mantener una participación en el capital social de la Sociedad Financiera
Popular a constituir”.
Debe
contener, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, “el monto del capital social
que cada una de ellas [personas propietarias de acciones] suscribirá y el
origen de los recursos que utilizará; la situación patrimonial, tratándose de
personas físicas, o los estados financieros, tratándose de personas morales, en
ambos casos de los últimos tres años”.
El artículo
44 y 45 de la Ley agregan que cualquier persona física o moral puede adquirir
más del 5 o 10 por ciento de acciones representativas del capital social de la
Sociedad Financiera Popular solo si la CNBV lo autoriza después de recibir la
relación e información de las personas participantes.
EL ESTADO
PERMISIVO
En la
denuncia contra el abogado Juan Collado presentada ante la Fiscalía General de
la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores apareció como la
instancia que validó los “actos delictivos” de la denominada Caja Libertad.
“Este
organismo [la CNBV] en teoría debería de haber velado por el bien funcionar
de las instituciones financieras, en este caso Libertad Servicios Financieros
S.A de C.V”, se puede leer en la demanda.
El
denunciante Sergio Hugo Bustamante sostuvo ante la Fiscalía que en el
agravio que él sufrió “era evidente” que Caja Libertad contó con la
“participación y/o complicidad” de la Bancaria porque fue “omisa” en intervenir
y luego en sancionar los actos a pesar de su denuncia.
Jaime
González Aguadé estuvo al frente de la CNBV del 1 de diciembre de 2012 hasta su
renuncia en diciembre de 2017, cuando pasó a formar parte del equipo de campaña
del candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), José Antonio Meade Kuribreña, en el área de contacto con el sector
empresarial y posibles inversionistas.
De esa
manera se completó el acompañamiento de esos dos funcionarios. De acuerdo con
una fuente cercana a ellos, la amistad entre ambos nació en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y se fortaleció en la administración
pública cuando Meade impulsó a Aguadé en casi todos los puestos públicos que
obtuvo tanto en la administración de Felipe Calderón (2006-2012) como en la de
Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Desde la
CNBV, Aguadé no acompañó a Meade en la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) sino a su otro compañero del ITAM y brazo derecho del Presidente: Luis
Videgaray, quien ocupó la titularidad de Hacienda de diciembre de 2012 a
septiembre de 2016.
La CNBV
es la encargada de realizar y revisar reportes de operaciones relevantes y
sospechosas, supervisar los actos anómalos e informar a la Secretaría de
Hacienda.
Esta misma
fuente que pidió no ser citada, consideró que hasta marzo de 2016, la
gestión de Jaime en la CNBV, entidad dependiente de la SHCP, había sido
institucional, pero luego comenzaron a ser notorias las “presiones” directas de
Peña Nieto y de Videgaray hacia la CNBV para velar por “sus intereses”.
“A partir de
2016, la conducta de Aguadé fue completamente errática, sino es que ilegal.
Tenía mucho que ver con la ambición presidencial de su amigo Meade, las
instrucciones de Videgaray y de Peña. Eso se fue agravando con el tiempo”,
afirmó la fuente.
Durante la
gestión de González Aguadé, se autorizó el Banco Unión Progreso del ex
Gobernador de Chihuahua César Duarte (201), explotó el caso de la polémica
constructora OHL México y el fraude de la Sofipo Ficrea.
Además, en
2014 la CNBV realizó una inspección a Caja Libertad por un reporte de mala
utilización del dinero derivado del caso Oceanografía. El resultado que dictó
fue que no se encontró nada que fuera ilícito y que podía continuar operando.
Dos años después le otorgó la actualización de su concesión indefinida para
operar.
Durante la
administración de Peña Nieto hubo tres Secretarios de Hacienda –Videgaray,
Meade y su otro amigo cercano, José Antonio González Anaya– y ninguno
advirtió los actos de Caja Libertad a pesar de que hay evidencia de malas
prácticas en documentos públicos. La SHCP tenía que recibir los reportes de
operaciones relevantes y sospechosas de Caja Libertad o por lo menos un
reporte.
PERO NO
OCURRIÓ.
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