Fracasa el gobierno de México en incautación de bienes a “El Chapo”

Por: Anabel Hernández

Mientras el gobierno de Estados Unidos ha calculado la fortuna de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en 12 mil 666 millones de dólares y ha girado una orden para confiscar esos bienes, durante los últimos 18 años el gobierno de México ha fracasado en el aseguramiento de bienes al líder del Cartel de Sinaloa y sus familiares, de acuerdo a una investigación especial realizada por la autora de este reporte para Aristegui Noticias.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General de la República en mayo de 2019, del 2001, año en que Guzmán Loera se fugó de la cárcel de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, hasta marzo de 2019, el gobierno de México sólo fue capaz de asegurar a El Chapo y su familia 3 relojes, 1 inmueble, 5 armas de fuego, 171 cartuchos, 5 cargadores, una computadora y tres teléfonos celulares. Esto pese a la vida ostentosa exhibida en los últimos años en redes sociales por hijos del capo y su actual pareja Emma Coronel Aispuro.

Mientras los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hablaban del combate al narcotráfico, y aun con los millones de dólares en vehículos, helicópteros, armamento, y equipo de inteligencia comprados con recursos públicos de México, y con recursos del gobierno de Estados Unidos a través del Plan Mérida, sus administraciones no confiscaron prácticamente bienes a Joaquín Guzmán Loera, ni a sus parejas sentimentales, ni a sus hijos, ni a sus familiares políticos, aunque los tres gobiernos lo catalogaron como uno de los criminales más buscados.

De acuerdo a testimonios de ex integrantes del Cartel de Sinaloa presentados por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York durante los tres meses de juicio contra El Chapo, el común denominador de las tres administraciones que prácticamente no aseguraron bienes a Guzmán Loera es que funcionarios del más alto nivel recibieron millonarios sobornos de Guzmán Loera y el Cartel de Sinaloa. Incluyendo titulares de la PGR; comandantes de zonas militares, al ex titular de la AFI y ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y los dos ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Luego de su fuga en 2001, Guzmán Loera estuvo prófugo durante 13 años, tiempo en el que encabezó el Cartel de Sinaloa, considerado por el gobierno de Estados Unidos como la organización de tráfico de drogas más importante del mundo.

Según los cálculos de la Fiscalía de NY de 2001 a 2014 Guzmán Loera y el Cartel de Sinaloa, en cifras conservadoras, traficaron ilegalmente al menos 528,276 kilogramos de cocaína, 200 kilos de heroína y 423 mil kilos de mariguana, según el documento fechado el 5 de julio pasado en el que se solicita al juez la orden de confiscar 12 mil 666 millones de dólares calculados de las ganancias que El Chapo y el Cartel habían obtenido con la venta de dicha mercancía.

Durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, se anunciaron diversos operativos contra El Chapo y el Cartel de Sinaloa. En 2014 el gobierno de Peña Nieto dio a conocer la captura de Guzmán Loera en un departamento en Torres Miramar, en Mazatlán, Sinaloa, y dejó que los medios de comunicación hicieran un tour en el departamento y dos casas de seguridad en Culiacán, una con una tina que conectaba a un túnel de escape, de donde había logrado escapar el capo previo a su captura.

Guzmán Loera volvió a escapar de prisión en julio de 2015 gracias a que sus hijos Iván y Alfredo Guzmán Salazar, junto con Emma Coronel, Dámaso López Núñez y abogados compraran predios alrededor de la cárcel de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, para construir un túnel por el cual El Chapo se fugó, según testificó el propio Dámaso durante el juicio.

Durante dos meses la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero se negó a transparentar la información sobre los bienes decomisados a Guzmán Loera y familiares, y fue finalmente por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que la Fiscalía se vio obligada a informar sobre los resultados en el aseguramiento de bienes a El Chapo en 18 años de supuesto combate al narcotráfico.

Esconde Fiscalía fracaso.

En marzo de 2019 la autora de este reporte solicitó a la Fiscalía General de la República, a través de la Ley Federal de Transparencia, informar sobre todos los bienes asegurados, decomisados o incautados a Joaquin Guzmán Loera del 2006 a la fecha de la solicitud.

Semanas después la Fiscalía solicitó mayor precisión en la solicitud de información ya que señaló que sus facultades estaban limitadas a realizar “aseguramientos ministeriales”. En respuesta se amplió la solicitud a “numero de propiedades o bienes inmuebles”, joyas y dinero “asegurados ministerialmente” del 2001 a marzo de 2019 a Joaquín Guzmán Loera. Así domo todos los bienes muebles e inmuebles asegurados a su actual pareja Emma Coronel Aispuro; a su primera esposa Alejandrina Salazar y sus hijos procreados con el capo: Alfredo e Iván Guzmán Salazar. Y también los asegurados a la segunda pareja oficial Griselda López y a sus hijos Ovidio Guzmán López.

También se solicitó los bienes asegurados a Inés Coronel Barrera e Inés Coronel Aispuro, padre y hermano de Emma Coronel, detenidos en 2013 acusados de delitos contra la salud.

La Fiscalía se negó a transparentar la información sobre los bienes asegurados a El Chapo y su familia argumentando que no contaba con una base de datos que permitiera disociar los aseguramientos efectuados contra una persona en particular. También pretextó que se trataba de información de “datos personales” de El Chapo y su familia. Y para reforzar su negativa aseguró que proporcionar la información pondría en riesgo las investigaciones que llevan a cabo.

Se interpuso el recurso de revisión al INAI quien ordenó a la Fiscalía proporcionar la información. Y el 31 de mayo pasado la Fiscalía dio respuesta luego de realizar una búsqueda en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delilncuencia Organizada (SEIDO), en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC), en la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF), en la Oficialía Mayor e incluso en la Dirección de Comunicación Social.

Y los únicos registros de bienes decomisados a Guzmán Loera y los familiares mencionados son: “Joyas: tres relojes. Inmueble: 1 inmueble. Otros: 5 armas de fuego, 171 cartuchos, cinco cargadores, 1 equipo de cómputo, 3 celulares”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves pasado que su administración México solicitará al gobierno de Estados Unidos que todos los bienes confiscados a Guzmán Loera sean entregados al gobierno de México.

“Lo que están planeando de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera, no lo aceptamos si no hay fundamento legal…”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa matutina. Pero es un hecho que por su parte, al menos en los últimos 18 años y medio el gobierno de México ha hecho poco por asegurar por sí mismos bienes a El Chapo.

El Chapo sí tiene propiedades y empresas hasta en Europa.

Según una declaratoria del estado de sus finanzas firmada por Guzmán Loera el 3 de febrero de 2017 en la Corte de NY, durante las preparativos del juicio, aseguró que desde los últimos 12 meses no tenía ningún ingreso, no tenía dinero en efectivo, no tenía cuentas bancarias ni ningún otro tipo de bienes.

Para esta investigación periodística durante los últimos dos meses se han revisado las transcripciones de los testimonios rendidos durante el juicio de Guzmán Loera en NY para encontrar rastros de dónde estarían los bienes del capo, familia y personas directamente vinculadas a él. Y se logró obtener la siguiente información.

Según las declaraciones rendidas el 22 de enero pasado de la ex diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez de 29 años de edad con quien Guzmán Loera tenía una relación sentimental desde el 2011, creó empresas fachadas por órdenes de El Chapo. Algunas a nombre de personas de confianza de Guzmán Loera, incluso en Europa, y ella le ayudaba a gestionarlas. Una de las empresas era de jugos a nombre de un colaborador del líder del Cartel de Sinaloa con el nombre de pila “Pancho”. Y que también tuvo conocimiento de la apertura de otra empresa en Los Angeles, California gestionada por una mujer a la que conoció como “Angie”.

Señaló que mientras tuvo una relación sentimental con Guzmán Loera estuvo con él en al menos tres residencias en ubicadas en la colonia Guadalupe, en una de las zonas residenciales de Culiacán. Una de ellas la que fue publicitada por el gobierno de Enrique Peña Nieto donde había un túnel conectado a una tina. También habló de la existencia de otra casa localizada en la colonia Jorge Almada muy cerca del Palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa, donde despacha el gobernador de la entidad.

“En esa casa, bueno, había recámaras, un entorno muy confortable, había mesas, televisiones, pantallas de las cámaras de seguridad. Había baños que eran muy similares a los que él tenía en todas las otras casas”. Refiriéndose a que igual contaban con tinas que escondían entradas a túneles. Y afirmó que el capo también utilizaba una residencia ubicada en la colonia Libertad, cerca de una escuela preparatoria, con las mismas características.

Así mismo en el juicio se revelaron mensajes enviados por Guzmán Loera a Dámaso López Núñez, alias El Licenciado uno de los colaboradores mas cercanos a El Chapo desde que estaba en prisión en Puente Grande. En ellos le pedía pagar la renta de dos bodegas en Europa, sin especificar el país.

“…la empresa en Europa necesita ponerse en marcha “, ordenó el capo a López Núñez en una carta exhibida durante el juicio. Refiriéndose a la empresa gestionada por Lucero Sánchez.

Gracias al testimonio de López Núñez rendido en la corte se supo que los hijos de Guzmán Loera, Iván y Alfredo Guzmán Salazar tienen propiedades en Culiacán. En ellas se realizaron reuniones en 2014 y 2015 con Dámaso López Núñez, Emma Coronel Aispuro y su medio hermano Ovidio Guzmán López para planear la segunda fuga de El Chapo de la de máxima seguridad en Almoloya.

El Licenciado también reveló que los hijos de El Chapo consiguieron el terreno cercano a la prisión de Almoloya, así como una bodega. También reveló que Guzmán Loera tenía una propiedad en la sierra de Sinaloa, en la ranchería La Tuna de dónde es originario a la cual el propio capo le pido nombre de “Cielo”. De acuerdo a la información obtenida esa propiedad está cercana a la casa donde vive su madre Consuelo Loera.

En 2016, luego de que Guzmán Loera fuera recapturado en Los Mochis, Sinaloa, Emma Coronel volvió a reunirse con López Núñez según testificó éste en la corte.

“Mi comadre (Emma Coronel) me dijo que mi compadre (El Chapo) me enviaba sus saludos, y quería avisarme que él estaba haciendo un gran esfuerzo por escapar otra vez y que quería preguntarme si yo podía ayudarlo…Y dije que sí, que iba a ayudarlo”.

“Entonces mi comadre me buscó de nuevo y nos volvimos a encontrar y ella me dijo que mi compadre quería que empezara a buscar un terreno cerca de la cárcel y que había enviado algo de dinero…cien mil dólares, y que me iban a dar más dependiendo del precio del terreno. Y ese dinero fue entregado a Culiacán”, afirmó. El plan no continuó porque Guzmán Loera fue transferido a una cárcel en Ciudad Juárez.

Gracias al poder económico de El Chapo, Emma Coronel volvió a buscar a López Núñez para que el padre de sus gemelas fuera transferido de nuevo a Almoloya y así continuar con el plan de la tercera fuga.

“Mi comadre me dijo que estaban tratando de averiguar un camino para que mi compadre vuelva a la cárcel del Altiplano, que el director de la entidad centralizada de Prevención y Readaptación Social, que es como el jefe de todos los diferentes prisiones en México, que estaba ayudando …”.

– ¿Cuánto dinero se pagó al director de las prisiones?, se preguntó a López Núñez en el juicio

“Recuerdo que me dijeron que era de $ 2 millones”.

Cabe señalar que los hijos de El Chapo Ivan y Alfredo Guzmán Salazar, de 39 y 33 años respectivamente tienen acusaciones criminales abiertas en Estados Unidos por tráfico de droga en Estados Unidos al menos desde al menos el 2015. Así como Joaquín y Ovidio Guzmán López, de 34 y 28 años, quienes fueron acusados en febrero pasado por el gobierno de Estados Unidos de conspiración para la distribución de drogas.