Por Olga
Aragón.
La noche del
lunes 8, a puerta cerrada, resguardados por elementos de seguridad y con
cédulas de votación secreta, 21 diputados del Congreso de Baja California
–integrado por 25 legisladores de ocho partidos, y con mayoría panista–
aprobaron en sesión extraordinaria una reforma constitucional que amplía de dos
a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, el morenista gobernador
electo.
En esa
sesión, después de aprobar por unanimidad la reforma, Carlos Montejo
Oceguera, colaborador y amigo del gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid,
fue nombrado auditor superior del estado, permanecerá en el cargo hasta 2026 y
será quien audite los tres últimos años de gobierno del panista.
Como parte
de la negociación se incluye el “manto de impunidad” para el gobernador Vega
de Lamadrid y funcionarios de primer nivel, además de otros cargos públicos,
aparte de la Auditoría Superior del Estado, entregada al PAN, y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, al PRI, dice Víctor Alejandro Espinoza,
investigador de El Colegio de la Frontera Norte.
“Las
bancadas no votan de manera independiente, salvo alguna excepción, como fue el
caso de Miguel Osuna. La bancada del PAN es controlada por Kiko Vega. A renglón
seguido de la votación se aprobó al auditor, gente cercana al gobernador”,
reflexiona Espinoza para sustentar su afirmación de que los “diputados fueron
comprados”.
Un tema
tan delicado como el periodo de la nueva gubernatura se consulta con la
dirigencia del PAN, dice el sociólogo y analista político, quien considera que
“ante el aluvión de críticas locales y nacionales” tanto el gobernador como las
dirigencias “se lavan las manos”, pidiendo que se queme en leña verde a unos
diputados que no se atreven a dar la cara y a decir lo que pasó.
“Casualmente
los únicos culpables son la banda de 21. ¿No parece extraño? Y ahora sus dirigencias los
desconocen; son los malos de la película. Pero los beneficiados con esta
negociación son Kiko y Bonilla”, observa.
El
diputado priista Benjamín Gómez Macías, quien en su carácter de presidente del
Congreso del Estado convocó a esta sesión extraordinaria nocturna, es el mismo
legislador que el pasado 31 de mayo denunció en conferencia de prensa que
funcionarios federales cercanos a Bonilla lo presionaban e intentaron sobornarlo
con 1 millón de dólares, justo para que convocara a una sesión con estas
características a
fin de reformar el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del
Estado, aprobado en decreto 112 con fecha 11 de septiembre de 2014, el cual
establecía hasta el pasado lunes 8 que el periodo de la próxima gubernatura,
por única ocasión, sería de dos años.
“El
Congreso del Estado quedó bajo sospecha”, dijo el senador panista Ernesto Ruffo
Appel y conminó a los diputados de su partido a aclarar su situación, “para que
no carguen con la sombra de la duda toda la vida”.
Sin
argumentos ni debates, silenciosos y con rostros desencajados –como se aprecia
en los videos del Congreso–, los diputados del PAN, PRI, Morena, PRD, PT,
Transformemos y MC, caminaron la noche del lunes 8, uno a uno, hacia la urna a
depositar su voto en pro de la reforma constitucional que favorece al morenista
y Kiko Vega.
Miguel Osuna
Millán, del PAN, fue el único que pidió la palabra. Esta reforma, dijo, debió
presentarse en la legislatura que se instalará el 1 de agosto con holgada
mayoría de Morena y sus aliados. Su protesta no alcanzó para que votara en
contra. Anuló el voto.
“No hay
espacio para discusiones ni debates estériles, ni motivos para detener la
marcha de nuestra historia”, declararía el martes 9 Víctor Manuel Morán
Hernández, el diputado de Morena más cercano a Bonilla, que presentó la
propuesta de reforma al artículo Ocho Transitorio de la Constitución del
Estado, para ampliar de dos a cinco años la nueva gubernatura en el periodo del
1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024.
La mayoría
de los diputados, aseguraron algunos de ellos, fueron convocados a la sesión
extraordinaria sin ser informados del orden del día. Creían, incluso, que se
preparaba un albazo para designar a quien será el fiscal estatal en la próxima
administración: el abogado Juan Guillermo El Titi Ruiz Hernández, toda vez que
la procuradora Perla del Socorro Ibarra anunció su decisión de renunciar esta
semana.
Ruffo recibió
información de que “se pretendería aprobar la reforma constitucional para
ampliar el plazo de la próxima gubernatura” y supuso que algunos panistas
votarían a favor, pero su sorpresa fue mayúscula cuando se enteró de que
votaron 21 de 25 legisladores “en una resolución que a todas luces
jurídicamente es improcedente”.
“Esto te
lleva a especular que algo hay atrás”, dijo el primer gobernador de oposición en el país, que ganó
en Baja California en 1989.
Cuando
Cuauhtémoc Cárdenas hizo el llamado a los bajacalifornianos y a todos los
mexicanos a defender el orden republicano y la democracia, protestando contra
el intento de Bonilla de prolongar el periodo de su gobierno, aseguró que en
Baja California se había dado un “albazo legislativo” en el momento en que 21
diputados locales, “muy probablemente debidamente aceitados”, votaron la
prolongación de dos a cinco años del periodo del nuevo mandatario.
“Si
hubiese moral y no estuviese detrás de la maniobra”, agregó Cárdenas, “pediría
al senador con licencia y gobernador electo Jaime Bonilla que declare
públicamente su rechazo a la reforma y su compromiso de cumplir el periodo de
dos años para el que fue elegido. Ni un día más”.
En la
presentación de la propuesta de reforma, Morán destacó la necesidad de que el
nuevo gobierno pueda desarrollar proyectos de largo alcance, atender problemas
acuciantes de la sociedad, como la seguridad pública y, en el aspecto
económico, ahorrar al estado unos 500 millones de pesos, que de otro modo
tendrían que invertirse en la elección de 2021.
“Los
diputados que endeudaron al estado con los contratos de Asociaciones Públicas
Privadas, con más de 80 mil millones de pesos, son los mismos que nos dicen que
para ahorrar hay que cancelar la elección de 2021 y ampliar el periodo de
gobierno a cinco, cuando hace más de un mes se produjo la elección donde
votamos los bajacalifornianos para un gobernador por un periodo de dos años”, comenta el excandidato perredista a
gobernador Jaime Martínez Veloz.
Agrega
que la reforma aprobada por el Congreso del Estado “es anticonstitucional,
inmoral, absurda y busca consolidar las ambiciones y el saqueo de nuestros
recursos naturales, a través de las acciones diseñadas estratégicamente por
Bonilla y su banda de pillos trasnacionales”.
Cuando se le
pide su opinión sobre la reforma aprobada por el Congreso, Bonilla responde
que no es abogado y reitera que extender el plazo de la gubernatura no es
ambición ni capricho personal.
Propuesta
indecorosa.
Gómez
Macías, presidente del Congreso del estado, el pasado 31 de mayo en
entrevista con este medio acusó a Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de
Gobernación y extitular de la Administración General de Aduanas de la
Secretaría de Hacienda, y también a Alejandro Miramontes Armenta, director de
la Aduana en Mexicali, de extorsión e intento de soborno al ofrecerle 1 millón
de dólares para que convocara a una sesión extraordinaria y convenciera a un
grupo de legisladores de abrogar el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112
constitucional que ordenaba, por única ocasión, que la gubernatura sería de dos
años.
“Los
responsabilizo de cualquier circunstancia que me pueda suceder a mí o a mi
familia”, advirtió
en esa ocasión.
Ahora el
diputado priista votó a favor de la reforma bonillista junto con los otros
cuatro legisladores de la bancada del PRI.
Daniel
Solorio Ramírez, maestro en derecho constitucional, dice en entrevista que
la Procuraduría de Justicia del Estado debe emprender una investigación de
oficio sobre este caso, y al primero al que debería interrogar es a Gómez
Macías, para que diga cómo fue que habiendo dado la voz de alarma unas semanas
ante hechos que consideró indebidos, ahora los aprueba votando en bloque con su
bancada.
Martínez
Veloz coincide en la necesidad de abrir una investigación. “¿Dónde estaba la
Fiscalía Especializa en Delitos Electorales? ¿Quién se hizo pato con esta
denuncia?”, pregunta.
El fuerte
golpe político a la pretensión del gobernador electo de Baja California de
prolongar su mandato fue propinado el martes 9 por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, cuando en conferencia de prensa durante su gira de trabajo por
Tepic, ante el rechazo que la “Ley Bonilla” ha generado en diversos sectores de
la sociedad, dijo que él no se mete en nada “chueco.”
Si me lo
hubieran consultado, como se hacía antes, habría rechazado la ampliación del
periodo de gobierno en Baja California, aseguró el presidente.
El
mandatario reiteró que no tiene injerencia en esta reforma. Conminó a todos a
esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal.
“Yo les aseguro que nada que sea injusto, porque no se permite, va a
prosperar”, concluyó.
Son cuatro
los partidos que interpondrán acciones de inconstitucionalidad contra la
reforma de Bonilla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: PAN, PRI,
PRD y MC.
Ante el alud
de reacciones adversas que está desatando en la entidad y en todo el país la
reforma impulsada por Morena en el Congreso local, Martínez Veloz dice: “Somos
ejemplo nacional de la pendejez”.
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