Por Mathieu
Tourliere.
Jaime
González Aguadé, quien presidió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Renunció hoy a su cargo de
miembro del consejo de administración de Libertad, Servicios Financieros, la
financiadora acusada de lavar decenas de millones de pesos para los
expresidentes Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.
En su carta
de renuncia, publicada por el diario Reforma, González Aguadé aseguró que
nunca tuvo conocimiento de que se perpetraron delitos en la financiera –de la
que era miembro del consejo desde abril pasado–, y planteó la necesidad de
“hacer el mayor de los esfuerzos para que las indagatorias referidas sigan su
cauce ante las autoridades correspondientes con el menor daño reputacional
posible a esta sociedad”.
Al frente de
la CNBV, González Aguadé tomó una serie de decisiones que beneficiaron a
Libertad y sus operadores: en 2015, por ejemplo, aprobó que la empresa se
fusionara con las tiendas de empeño Prenda Oro, del abogado Juan Ramón Collado
Mocelo, lo que impulsó a dicho personaje a la presidencia del consejo de
administración de la financiadora.
El año
anterior, en marzo de 2014, el mismo González eximió a Libertad de una serie
de acusaciones por lavado de dinero, derivadas de las operaciones que tenía la
financiadora con la empresa Oceanografía, de los empresarios Amado Yáñez,
Javier Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez; en aquel entonces, ése último
–sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz– era presidente del
consejo de administración de Libertad.
“Libertad Servicios Financieros no está
contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se
mencionó en algunos medios de comunicación”, aseguró González en aquel momento.
Sin embargo,
en la denuncia que interpuso el empresario queretano Sergio Hugo Bustamante
el pasado 7 de junio, los tres socios de Oceanografía aparecen con actores
centrales del entramado de lavado de dinero que, según el denunciante, es
Libertad.
De acuerdo
con la denuncia, la financiadora lavó dinero para Díaz Álvarez –quien fue
presidente de su consejo de administración–, a través de la empresa Dixie
Bienes Raíces, S.A. de C.V.; Díaz Álvarez, a su vez, reunió a José Antonio Rico
Rico –entonces presidente de Libertad– con Amado Yáñez.
En 2013, el
primero vendió al segundo el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, por
8 millones de dólares. Según el denunciante, Rico había defraudado a Libertad
para comprar este equipo en 2002 a Tirso Martínez Sánchez –actualmente preso en
Estados Unidos por narcotráfico, donde fue testigo en el juicio de Joaquín El
Chapo Guzmán Loera–: desvió los ahorros de los socios de Libertad con facturas
apócrifas.
Dicha
denuncia derivó en la detención del abogado Collado el pasado martes 9 de julio
y su imputación, junto con otras cuatro personas, por los delitos de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Si bien
la denuncia de Bustamante se originó en un pleito entre privados, terminó
desnudando un complejo entramado en Libertad, el cual involucra a dos
expresidentes, gobernadores, integrantes de la cúpula del PAN, empresarios y
notarios corruptos, contratistas y prestanombres involucrados en fraudes
multimillonarios, así como dueños de medios de comunicación, abogados y
contadores públicos.
En la
versión que el empresario relató a la Fiscalía General de la República (FGR)
durante una serie de comparecencias que se llevaron a cabo en el mes de junio,
dichos personajes aparecen como actores, directos o indirectos, de un sistema
mafioso basado en flujos de efectivo.
Bustamante narró
la entrega de portfolios atiborrados de billetes, destinados a financiar
campañas políticas; detalló cómo se crearon sociedades fantasmas con
identidades suplantadas y cómo se sacaron decenas de millones de pesos en
efectivo de casinos; mostró las transas en la operación del club de futbol
Gallos Blancos de Querétaro, y exhibió inversiones fraudulentas en el sector
inmobiliario y desfalcos con créditos.
Según el
denunciante, parte de estos recursos se esparcieron lejos de México, en
España y en los paraísos bancarios de Suiza y Andorra, donde Collado tiene
cuentas bancarias congeladas y bajo investigación desde 2015.
Y no solo
esto: indicó que “los verdaderos propietarios de Libertad Servicios
Financieros” son los expresidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari, así como el
gobernador queretano Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri, líder de la
bancada del PAN en el Senado de la República.
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