Por Verónica
Espinosa.
El
gobierno federal no continuará con el proyecto de construcción de la presa
Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl, donde habitantes de comunidades
aledañas han sido respaldados por organizaciones civiles en su rechazo a la
imposición de la obra junto con un acueducto para abastecer el corredor
industrial Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe.
La Comisión
Nacional del Agua dio a conocer que debido a varios puntos del acuerdo de
coordinación 2018 entre el gobierno federal y el gobierno del estado para dicha
obra, es imposible la ejecución de la misma.
“Por lo tanto, se retira la segunda
inversión programada para 2019, por el orden de 504 millones de pesos que se
contaban en reserva en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019”,
informó la dependencia federal en un comunicado.
Tras
conocerse esta cancelación, el gobernador Alejandro Tello publicó este mensaje en sus redes
sociales:
“La presa
#Milpillas no se aborta, pese a las vicisitudes seguiremos dando los pasos
necesarios para lograr tan importante obra para los zacatecanos”.
Pero según
la Conagua, el gobierno del estado no cumplió con el pago de las
indemnizaciones de terrenos y bienes distintos a las tierras requeridos para
continuar con la licitación.
Tampoco
entregó a la Conagua los permisos y terrenos liberados al cien por ciento de
los ejidos Atotonilco, Estancia de Guadalupe y El Potrero.
La presa es
impulsada principalmente por el gobierno estatal del priista Alejandro Tello
Cristerna, para levantarla en la zona del Río Atenco, mismo que abastece a
numerosas comunidades de la zona para todas sus actividades, con una cortina de
88 metros y un acueducto de más de 160 kilómetros de largo para llevar el agua
al corredor industrial mencionado, hacia Fresnillo y la capital del estado.
El beneficio
era para empresas: ejidatarios
Organizaciones
civiles como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el
Observatorio de Conflictos Mineros, así como habitantes de 19 poblados y ejidos
de la zona que serían afectados denunciaron en los últimos meses que en
realidad el gobierno estatal pretende favorecer a empresas mineras y a la
Cervecería Modelo instalada en la entidad, con el abasto de agua de la presa.
Además, se
interpuso una denuncia ante el Tribunal Agrario por la falsificación de una
asamblea ejidal en la que supuestamente se aprobó respaldar la construcción de
la presa por parte de los ejidatarios de Estancia de Guadalupe, y se acusó al
gobierno estatal de criminalizar a algunos de los ejidatarios y activistas,
además de dividir
Durante la
campaña y en sus visitas ya como presidente, los inconformes expusieron a
Andrés Manuel López Obrador la situación y le pidieron cancelar la obra, pero
aun así el gobierno federal había etiquetado 500 millones para continuar con el
proyecto este año.
La Conagua
informó que en el presupuesto federal del 2018 se contempló una asignación de
casi 170 millones de pesos, para las primeras acciones de construcción de la
presa, “monto federal que no fue posible ejercer al cien por ciento debido a la
problemática social vigente a la fecha”.
El convenio
que habían firmado el gobierno federal y el de Alejandro Tello-mediante la
Secretaría del agua y medio ambiente del estado- incluía como obligaciones
de este último gestionar y entregar todos los trámites de cambio de uso de
suelo, terrenos, permisos ambientales y autorizaciones de ejidatarios y
pequeños propietarios, así como de terrenos liberados al cien por ciento para
la ejecución de la obra.
También
debía de cubrir las indemnizaciones por los terrenos y bienes distintos a las
tierras requeridas.
En tanto, al
gobierno federal le correspondía licitar, contratar, supervisar y pagar el
costo de la obra.
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