Por Daniela
Barragán.
Francisco
Gil Díaz, quien fuera el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de
Vicente Fox Quesada
y que alguna vez recibió un reconocimiento como el “Secretario de Hacienda del
Año para las Américas”, hoy se encuentra en la mira del nuevo Gobierno junto
con algunos miembros de su familia.
A 14 años de
distancia, luego de dejar ese puesto, a Gil Díaz lo han acompañado los
señalamientos de presunta corrupción y hoy, su sobrino Martín Díaz Álvarez y su
hijo Gonzalo Gil White están implicados en los casos de Oro Negro, Caja
Libertad y Oceanografía. Los dos primeros actualmente están siendo
investigados.
Para la
familia, estas dos últimas semanas fueron de noticias duras. Primero, Martín
Díaz Gil figuró entre los negocios de Libertad Servicios Financieros, Sociedad
de Ahorro Popular (Sofipo) presidida por Juan Collado y, se presume, de Enrique
Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. En la denuncia presentada por el
empresario Hugo Bustamante se acusa que esta Sofipo se utilizó para lavar
dinero.
Luego, un
juez de la Ciudad de México ordenó la detención de Gonzalo Gil White, su hijo,
por un presunto desvío de más de 750 millones de pesos en la empresa
perforadora y de servicios petroleros, Oro Negro. La orden también alcanzó a
José Antonio Cañedo White, su primo.
El inicio de
la historia se da a la par de la carrera de Gil Díaz. Su puesto más
importante en el sector público fue en la SHCP con Fox, sin embargo, antes, con
Carlos Salinas de Gortari, fue el sub secretario de Ingresos de Hacienda,
cuando el titular era Pedro Aspe.
Luego tuvo
puestos en el sector privado y regresó cuando el panismo tomó el poder y
llegó a ser Subgobernador del Banco de México.
El
economista ha sido consejero independiente de BBVA Bancomer, de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) y Consejero de Asesores de Chrysler de México, SSA
México (empresa Portuaria) y Grupo ACS México (construcción y servicios).
Finalmente
fue nombrado Presidente Ejecutivo de Telefónica en México y Centroamérica y
Presidente de Consejo de Grupo Avanzia.
Así, Gil
Díaz se convirtió en uno de los funcionarios de la “puerta giratoria” es
decir, que pasó con éxito de un cargo público a uno privado para participar
en negocios que fueron fructíferos con licitaciones gubernamentales.
Sin embargo,
desde ese primer año en que Gil Díaz dejó los puestos de Gobierno, la
Secretaría de la Función Pública (SFP), lo investigó porque el banco HSBC en
Gran Bretaña lo incitó a ser Consejero Independiente y además porque figuró en
una lista de ex funcionarios a los que se les señalaron malos manejos de
recursos públicos, en concreto por 200 millones de pesos.
El periódico
El Universal reportó el caso que concluyó con una exoneración por parte de la
dependencia.
EL CASO ORO
NEGRO.
Integradora
de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V., se fundó́ en julio de 2012
por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino de Gil
Díaz.
La Reforma
Energética de Enrique Peña Nieto significó la obtención de contratos
cuantiosos. Por ejemplo, a través de una de sus filiales, obtuvo dos
contratos por 4 mil 657 millones 568 mil pesos en un solo día. Y vinieron más
contratos: uno de tres mil 201 millones 295 mil pesos y dos semanas después,
otro de 3 mil 42 millones 840 mil pesos.
Quien
firmó esos contratos fue Carlos Morales Gil, quien de 2004 a 2014 fungió como
director de Pemex Exploración y Producción (PEP), y que desde el 15 de
febrero de 2015 es el Director de Petrobal, empresa de Enrique Baillères. El
director de Pemex era en ese entonces, Emilio Lozoya Austin, quien también se
encuentra bajo investigación por tres casos de corrupción: la compra de Agro
Nitrogenados, Fertinal y Odebrecht.
De acuerdo
con la prensa nacional, la empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro
Negro, consiguió más de 18 mil millones de pesos en contratos de arrendamiento
de sus plataformas marinas.
La
debacle vino junto a la crisis económica de Pemex porque se redujo la
contratación de plataformas. Aunque hubo procesos de negociación, Oro Negro se
declaró insolvente e inició un concurso mercantil en el que denunció que el
Deutsche Bank se negó a entregarles dinero por instrucción de los tenedores de
bonos, lo que aceleró la situación de quiebra.
Finalmente se
le ordenó a Oro Negro entregar a sus tenedores las plataformas Primus, Decus,
Ímpetus, Fortius y Laurus; el Poder Judicial de la Federación (TJF) la
declaró oficialmente en quiebra y la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) calificó de “procedente” y “ajustado a la legalidad” el aseguramiento de
las cuentas bancarias de Perforadora Oro Negro y del Fideicomiso F/1695 de
Deutsche Bank México.
En 2018 salieron
a la luz los manejos irregulares; se acusó, entre otros, a Gonzalo Gil White de
fraude en la administración de Oro Negro.
Esta semana,
un juez penal adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12, pidió la
aprehensión de José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi,
Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas Vargas, directivos de la
compañía, por abuso de confianza y administración fraudulenta en agravio de sus
inversionistas por medio de manejos indebidos de recursos en la administración
de Oro Negro.
La
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México acusó a los cuatro
directivos de efectuar disposiciones ilegales del Fideicomiso F/1695 por más de
750 millones de pesos y solicitó órdenes de aprehensión debido a que los
directivos no se encuentran en el país desde hace tiempo.
El diario La
Jornada publicó una entrevista con el abogado de cinco empresas afectadas,
Guillermo Barradas, en la que explicó que el fraude cometido por Oro Negro, por
disposición y transferencia ilegal de recursos, alcanzaría los mil millones de
pesos y ameritaría prisión preventiva.
EL SOBRINO
EXHONERADO.
Sobre el
nombre de Martín Díaz Álvarez, sobrino del ex Secretario, hay dos temas:
Oceanografía y Caja Libertad y al mismo tiempo, esos dos temas se entrelazan.
En 2017, Amado
Yáñez Osuna, ex dueño de la empresa Oceanografía, pagó una fianza de 7.5
millones de pesos para obtener su libertad condicionada luego de pasar en el
Reclusorio Sur dos años y medio. Se le consignó en ese entonces de un desvío de
55 millones de pesos de Banamex a su otra empresa AMRH Internacional Soccer,
dueña del Club Gallos Blancos de Querétaro.
Dos años
después, el equipo de fútbol y Yáñez Osuna aparecieron en la denuncia que el
empresario Hugo Bustamante llevó a la FGR y donde detalla todos los actos que
se realizaron alrededor de Libertad Servicios Financieros, Sociedad Financiera
Popular (Sofipo) que presidió Díaz Álvarez y luego, Juan Collado Mocelo, quien
está por cumplir dos semanas preso.
“En el
año de 2014 me consta que Libertad [Servicios Financieros] S.A. de C.V. S.F.P.,
servía para lavar dinero de una persona de nombre Martín Díaz Álvarez (quien
era Director General de esta empresa), a través de una empresa cuyo nombre […]
recuerdo que contenía la palabra “Dixie”, esa empresa era propiedad del señor
Martín Díaz Álvarez y a través de ella se hacían movimientos financieros que
también involucraban a una empresa llamada Oceanografía, propiedad del señor
Amado Yáñez”.
Rico le
habría vendido el equipo de fútbol Gallos Blancos por esa cantidad y la
compartió con Juan Collado, cuando el equipo se había adquirido originalmente
con créditos de Caja Libertad, “mismos que hasta donde tengo entendido nunca se
pagaron”.
De acuerdo
con el testimonio de Bustamante, el antecesor de Martín Díaz en la
presidencia de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, le habría vendido el equipo
de fútbol Gallos Blancos por esa cantidad y la compartió con Juan Collado,
cuando el equipo se había adquirido originalmente con créditos de Caja
Libertad, “mismos que hasta donde tengo entendido nunca se pagaron”.
En el año
2013 Rico Rico era poseedor y dueño de los Gallos Blancos. Bustamante sostiene
que se pudo comprar gracias a los créditos generados en Libertad Servicios
Financieros y que se tramitaron por orden e instrucción de él, a nombre de Ario
S.A de C.V, Comercializadora y Administradora Cimatario S.A. de C.V. y otras
empresas.
“El hecho
es que Rico Rico, le vende el equipo a Amado Yáñez, el obscuro propietario de
la empresa Oceanografía y empresario que a la postre va a la cárcel, se lo
vende en la cantidad de 8 millones de dólares, cantidad que, por boca de Rico
Rico, le paga Amado Yáñez, haciendo varias transferencias a cuentas de Rico
Rico a bancos del extranjero”, dice la demanda.
Es decir, que
el dinero obtenido a través de Libertad Servicios Financieros –cuyos dueños son
los socios– pasó a ser propiedad de Rico Rico tras la venta del equipo de
futbol.
El relato de
Bustamante agrega que el contacto para que Rico Rico y Amado Yáñez se
conocieran fue una persona de nombre Martín Díaz Álvarez, otro implicado en el
caso de Oceanografía. Este empresario tuvo que salir del país por temor a ser
detenido; estuvo fuera dos años, pero luego en 2016, un Tribunal Colegiado
canceló la orden de aprehensión en su contra al determinar que no tenía ningún
nombramiento en la empresa de Amado Yáñez.
Díaz
Álvarez fue Presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad cuando
ésta enfrentó acusaciones de lavado de dinero, sin embargo, la Comisión
Nacional bancaria y de Valores (CNBV), con Jaime González Aguadé como titular,
la exculpó de los señalamientos: “Libertad Servicios Financieros no está
contaminada por presuntos vínculos con prácticas de lavado de dinero, como se
mencionó en algunos medios de comunicación”, dijo.
Sobre
Oceanografía, esta empresa prestó servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex)
durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón
Hinojosa y llegó a ser la principal subsidiaria de la petrolera.
De acuerdo
con los resultados de las auditorías efectuadas por el órgano interno de
control de Pemex, se detectaron anomalías en los montos de las fianzas que
Oceanografía debió pagar y que suman 147 millones de pesos, más los casi 3 mil
250 millones de pesos producto de la irregular modificación de contratos con la
firma naviera entre 2010 y 2012.
En febrero
de 2014 fue acusada de haber incumplido con el pago de las fianzas sobre
varios de sus contratos con la petrolera, por lo que fue inhabilitada para que
se le otorgaran contratos de Gobierno. Dos semanas después, el conglomerado
Citibank informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que había detectado un
presunto fraude en su esquema de “créditos a corto plazo”, por 400 millones de
dólares, el cual había disminuido sus ingresos anuales de 2013 por 235 millones
de dólares.
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