Telmex-Telcel en la mira.

Darío Celis.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá hoy el amparo en revisión 717/2016, planteado por América Móvil, la empresa de Carlos Slim Helú y que dirige Daniel Hajj.

El asunto ha causado revuelo en la industria, pues se trata del tercero de una serie de litigios en los que se discute la constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expedida en 2014.

En este caso, al igual que en el famoso amparo de la “tarifa cero” resuelto en 2017 por la Segunda Sala, la Corte discutirá si el Congreso de la Unión tiene competencia para imponer reglas asimétricas al agente económico preponderante.

Y es que con la reforma constitucional de 2013, al crearse el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se le otorgaron las facultades de regulación asimétrica al propio Instituto, restándole al Congreso una facultad legislativa, pero no regulatoria.

Así, los ministros Norma Piña, Juan Luis González Alcántara, Jorge Pardo y Luis María Aguilar, además del ponente de hoy, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, tendrán que definir si las reglas que emitió el Congreso son propiamente “medidas de regulación asimétrica”.

El fallo del poder judicial encabezado por el ministro Arturo Zaldívar, en el contexto del veto impuesto por Andrés Manuel López Obrador al empresario más influyente del país, por más que lo haya elogiado en los últimos días, va a ser otra señal determinante para Slim.

Por supuesto, las alarmas están reventando este día en los cuarteles generales de Telefónica-Movistar que comanda Carlos Morales Paulin y de AT&T que capitanea Laurent Therivel, quienes han procurado discutir la conveniencia industrial de conservar estas medidas.

Se trata de dos reglas puntuales: primero, la obligación de América Móvil de solicitar autorización al IFT sobre sus tarifas al público antes de salir al mercado con nuevos planes a diferencia de sus competidores que pueden lanzar ofertas comerciales y, después de hacerlo, dar noticia al instituto solo para efectos de registro.

Y segundo, el tema que más se ha debatido, la prohibición impuesta a Telcel para cobrar tarifas diferenciadas a los usuarios de acuerdo a qué red estén llamando cuando marquen una llamada, el famoso debate conocido como “on-net/off-net” o “efecto club”.

Sobre este tema, ha pasado desapercibido que en 2014, el mismo IFT decidió no imponer a Telcel la medida asimétrica sobre tarifas on-net/off-net por considerar que dicha medida dañaría a los consumidores finales y elevaría precios.

Ahí un referente interesante de la discusión que se tendrá sobre la importancia de que la regulación sea flexible y provenga de una fuente especializada.

En principio, el proyecto publicado establece que ambas reglas constituyen “regulación asimétrica en tarifas” y por ello, deben considerarse facultad exclusiva del regulador especializado.

Por lo que de aprobarse, se declararía su inconstitucionalidad, pero el IFT, que preside Gabriel Contreras, quedaría en plenitud de sus facultades para imponer las medidas que considere convenientes.

La batalla que se va a definir hoy no es solo entre empresas de la industria, que naturalmente cabildean y presionan a favor de sus intereses mercantiles, sino que también está en juego la autonomía del órgano regulador y, en general, la defensa de los órganos constitucionales autónomos.

DESDE MAYO FERMACA demandó a la CFE arbitraje bajo los lineamientos de la Corte de Londres, como está pactado en su contrato del ducto Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara de 329 kilómetros. La firma de Fernando y Manuel Calvillo se adelantó a sus similares IEnova de Carlos Ruiz Sacristán y Carso Energy del mismo Carlos Slim. Incluso se anticiparon a las acciones de la empresa productiva del Estado que dirige Manuel Bartlett. En lo de Fermaca hay cuatro demandas arbitrales: dos de la misma empresa y dos de la CFE. Fermaca demanda el pago de unos 250 millones de dólares. La CFE ya tiene contratado a dos abogados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los que hasta el sexenio pasado eran sus abogados corporativos fueron despedidos en la era de la austeridad republicana. Se trata de Holland Knight que comanda Luis Rubio y Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle que capitanea Antonio Prida.

EN UN PAR de semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador va a dar a conocer el nuevo vehículo que sustituirá al ya extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística. La nueva plataforma se va a nutrir con recursos que aportarán básicamente la iniciativa privada y los gobiernos estatales y algunos municipios. Le adelanto que en paralelo se darán a conocer las irregularidades, excesos y desvíos de recursos en que incurrió la administración de Enrique Peña. El foco está centrado en la gestión de Claudia Ruiz Massieu como secretaria de Turismo. El último titular del CPTM fue Héctor Flores Santana.

PEMEX ALISTA LA licitación de nuevos servicios de apoyo en aguas someras del Golfo de México, que incluyen desarrollo de infraestructura. Se trata del Paquete “C”, que consta de la instalación de dos nuevas plataformas para futura producción y tendido de dos ductos que estarán interconectados. El contrato es superior a los 700 millones de dólares y se inscribieron seis empresas. La semana pasada fue la primera junta de aclaraciones y en ésta se dará respuesta a las dudas. La petrolera que dirige Octavio Romero recibe las ofertas la próxima semana.

PUES NADA, QUE a pesar de enfrentar una inhabilitación de 2 años y medio de parte de la Secretaría de la Función Pública, el Grupo Industrial Tapia va a entrar a la licitación de los seis paquetes en que se dividieron las obras de la refinería de Dos Bocas. La empresa de Juan Carlos Tapia, ligada a Odebrecht y al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está siendo fuertemente apoyada en este proceso por la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Tapia podría consorciarse con la italianan Saipem, de Stefano Cao.

SOBRE LA LICITACIÓN de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, que capitanea Jesús Orta Martínez, para arrendar mil 880 patrullas, le decía ayer que Automundo, de Arturo Grinberg, quiso replicar el esquema con el que el gobierno de Miguel Ángel Mancera le adjudicó directamente siete contratos por más de 170 millones de pesos en un solo año. El equipo de Claudia Sheinbaum ya lo asignó el lunes a Total Parts and Components, una empresa del Grupo Andrade de Angel Mieres, que lo ganó en una subasta en reversa.