Julio Astilllero.
No es
incongruente que el diputado Porfirio Muñoz Ledo esté convertido en un vigoroso
opositor a las medidas que el gobierno estadunidense ha ido imponiendo al
mexicano en materia migratoria, en específico al vergonzoso tramo reciente
mediante el cual se nos convierte en virtual tercer país seguro.
El longevo
político, que ha pasado por casi todos los partidos importantes del país (como
militante en el PRI, fundador del PRD y Morena, y gozoso beneficiario de
administraciones panistas) y que no ha dejado de ocupar por décadas cargos
importantes en las nóminas gubernamentales y partidistas, reivindica el
nacionalismo revolucionario que de alguna manera podría entenderse como la
ideología de un partido de pragmatismo extremo como ha sido el Revolucionario
Institucional (un pragmatismo priísta que incluía los discursos feroces e
incendiarios y la proclividad a atemperarlos o contradecirlos cuando había
negociaciones o cesiones desde el poder en turno).
Dicho
nacionalismo revolucionario permitió a los gobiernos priístas sobrellevar las
presiones de potencias extranjeras mediante malabares izquierdistas o
progresistas con cargo a otros países (España, Cuba, Chile, Nicaragua, como
ejemplos). Candiles de Latinoamérica y otras partes del mundo e
institucionalizada oscuridad en la casa.
Tal
posicionamiento táctico se ha perdido de manera estrepitosa en unas semanas,
ante el amago criminal de Donald Trump de imponer aranceles a productos
mexicanos, lo cual puso en jaque al proceso de reformismo mexicano
autodenominado Cuarta Transformación. Para que no se dejara caer la guillotina
estadunidense, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo de agudizar su
sometimiento a los dictados de Washington, mediante negociaciones (cuyo
contenido total no se conoce aún) encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard.
Ambos
políticos, López Obrador y Ebrard, han dosificado la revelación de los términos
de este acuerdo, bombardeándolo con retórica, pero abatidos ante la
contundencia de los hechos: México ha militarizado su frontera sur ( la migra
4T), ha cambiado de forma diametral su política hacia los migrantes
provenientes de Centroamérica (de los brazos abiertos prometidos por AMLO a la
persecución y deportación en caliente) y ya ha sido declarado país seguro por
Estados Unidos, en sus nuevas reglas para la petición de asilo, digan lo que
digan México, sus diplomáticos y sus gobernantes.
Así como las
palabras de la marca 4T se han vuelto vacuas ante la realidad del deplorable
giro en materia migratoria aceptado por México, en Baja California se estrellan
los discursos legaloides y patrióticos ante la evidencia de que el gobernador
electo por dos años, Jaime Bonilla Valdez, se empecina, al igual que una parte
de Morena, acaudillada por la saliente Yeidckol Polevnsky, en apropiarse tres
años más de la máxima silla del gobierno norteño.
Bonilla es
hechura de la voluntad política de López Obrador y no parece tomar nota de la
vergüenza que, por lo declarado recientemente a la prensa, afectaría al
tabasqueño si tuviera que convalidar una decisión como la puesta en marcha en
Mexicali. Al contrario, Bonilla, Polevnsky y otros personajes relevantes del
morenismo pretenden encaminarse a la zona de refugio de una legalidad retorcida
que les permitiría allegarse los tres años extra de gobierno. La posibilidad de
extender un periodo de gobierno mediante argucias procesadas en congresos con
mayoría aritmética a modo, controlada o abiertamente comprada, genera
preocupaciones en quienes temen que sea una forma exploratoria de variantes en
otros niveles de poder, más allá de que los hipotéticos beneficiados por esas
maniobras estén buscando o no tales extensiones de periodos de gobierno.
Mientras, el
enamorado Enrique Peña Nieto goza de la vida en el extranjero. Ayer una revista
del corazón difundió una foto en la que se muestra el ramo de rosas que regaló
a su novia al salir de un restaurante en España. El ex ocupante de Los Pinos,
tan campante.
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