Enrique
Galván Ochoa.
La red de
fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad ha venido siendo objeto de
la codicia de empresas del sector privado. Privatizarla sería tanto como crear
un nuevo Telmex y su concesionario sería otro Carlos Slim. ¿Que ha hecho
importantes inversiones? Sin duda. ¿Que le cayó del cielo el invento de
Internet y creció exponencialmente su empresa, inclusive formó otra, Telcel?
Cierto también. Lo que está haciendo el gobierno de la 4T es no repetir la
infortunada –para el Estado– experiencia. López Obrador anunció la creación de
CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, una filial de la Comisión Federal
de Electricidad, con el fin de llevar la red bajo costo a más de 40 millones de
mexicanos, especialmente a las zonas empobrecidas e inaccesibles, que además,
no son las más atractivas para las empresas privadas. Ya aprobó el proyecto el
Consejo de Administración de la CFE, la empresa que dirige Manuel Bartlett. Su
reto es convertirla en una compañía que genere tantas utilidades como el
emporio del grupo Slim, aun con tarifas bajas para los usuarios de recursos
limitados.
Suspensión
provisional a Grupo México.
Después del
derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés, la
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) realizó dos
investigaciones a la empresa Grupo México. Descubrió que no tenía permiso de
impacto ambiental, el cual es obligatorio para las empresas que manejan
materiales peligrosos, por lo que clausuró sus operaciones en el muelle fiscal
de Guaymas, Sonora. La titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza, dijo que
la clausura es temporal y provisional, y una eventual suspensión definitiva
dependerá de la dimensión de los daños al medio ambiente. Para la reactivación
de las actividades de la empresa se requiere que presente su autorización de
impacto ambiental y asuma los compromisos legalmente establecidos. ¿Debería
retirarse la concesión a Grupo México? Diversas organizaciones civiles lo
exigen. Recuerdan los desastres de Pasta de Conchos y Río Sonora.
Millonario
ambicioso.
Se está
creando un ambiente de agitación innecesario en Baja California contra lo que
llaman el centralismo. Acusan al gobierno federal de no respetar su soberanía.
Tiene antecedentes lamentables como aquella campaña con base en pegotes en los
carros que decían haz Patria, mata a un chilango, y las recurrentes
manifestaciones de grupos antinacionalistas y ultraconservadores que piden la
separación de la entidad de nuestra República y su eventual anexión a Estados
Unidos. Detrás de este clima de agitación está la gente del empresario
millonario Jaime Bonilla, candidato de Morena, que fue electo por dos años
gobernador pero mandó hacer una caprichosa reforma a la Constitución local para
quedarse cinco. No ha sido publicada, el gobernador saliente, panista, Kiko
Vega de Lamadrid, dice que no la promulgará, por lo que tendría que hacerlo el
propio Bonilla. El alcalde de Mexicali presentó una controversia constitucional
ante la Corte y se anuncian otras. Independientemente del desenlace final que
vaya a tener el melodrama creado por la ambición de Bonilla, es preocupante el
clima de agitación y hostilidad hacia los poderes federales que están creando
sus simpatizantes.
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