Acuerdo gasero.

Raymundo Riva Palacio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía programado para este lunes un encuentro vespertino fundamental con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett; con los representantes de las gaseras con las cuales se enfrentó y amenazó que llevaría a litigio, y con miembros del Consejo Coordinador Empresarial, que han servido como mediadores y facilitadores. Si las cosas terminan como apuntaban antes de ir a Palacio Nacional, este martes podría darse el anuncio de un acuerdo con lo cual un conflicto innecesario, se habrá conjurado. Nadie espera que las cosas salgan mal en el último minuto, pero habrá que esperar el anuncio.

López Obrador había dicho que el jueves pasado se iba a anunciar el fin de las negociaciones, pero el endurecimiento de Bartlett, en la última plática del miércoles, impidió llegar a buen puerto. Bartlett ha sido una figura muy dura en la negociación, por la ignorancia que ha mostrado en materia financiera y su intransigencia, describen varios de sus interlocutores, en la negociación de temas donde podía haber entendimiento. Esa postura rígida y sin matices obligó al Presidente a hablarle fuerte hace unas semanas y señalarle que no iba a permitir que se fuera a un litigio, que iba a durar mucho y les iba a costar, por lo que el diferendo con las gaseras tenía que resolverse en la mesa de las negociaciones.

Para entonces, el Presidente ya tenía encima las presiones de Estados Unidos y la información que le había dado su equipo de que no ganarían un litigio en los tribunales internacionales. Los miembros del Subcomité de Comercio del poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes se lo plantearon directamente a López Obrador en Palacio Nacional, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, también lo ventiló con el canciller Marcelo Ebrard durante su última reunión en la Ciudad de México. Previamente, la embajadora en Washington, Martha Bárcena, recibió llamadas de la Casa Blanca y el Departamento de Estado donde le plantearon el tema y su pronta solución. Tras esas comunicaciones, el gobernador de Texas, Greg Abbott, el estado más afectado por el impasse, le envió una carta al Presidente urgiéndolo a resolver el problema. Además, la posición de Bartlett estaba cerrando la pequeña ventana que todavía existe para que se apruebe el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en los próximos 60 días.

La declaración optimista del Presidente de la semana pasada se fincaba en un encuentro que había sostenido con el mismo grupo días antes en Palacio Nacional, donde fue muy claro que a él sólo le interesaba ver el tema de las tarifas y cuánto ahorro iban a tener los consumidores. Para llegar a ese punto ya habían logrado sortear una convicción equivocada de Bartlett. El director de la CFE no entendía que el contrato con las gaseras era por servicio de transporte de gas, y exigía que los gasoductos pasaran a poder a la paraestatal. Ante la insistencia de Bartlett, la impresión que dejó y se hizo ver de diferente manera, fue que lo que buscaba, en palabras claras, era la expropiación de los gasoductos. Expropiar es una acción que el Presidente ha rechazado sobre cualquier inversión, por las múltiples consecuencias negativas que tendría para su gobierno.

La negociación se ha dado de manera independiente con las cuatro gaseras, que operan siete gasoductos: IEnova, filial de Sempra, con fuertes vínculos en la Casa Blanca y el Capitolio; TransCanada, que tiene detrás al gobierno canadiense; Fermaca, empresa mexicana que está apalancada con bancos internacionales –por lo cual un litigio, como planteaba Bartlett, iría a tribunales internacionales no sólo comerciales–, y Carso, cuya participación en el mercado es marginal en la escala del corporativo, cuyos contratos con la CFE tienen condiciones particulares.

Por insistencia del Presidente, el tema central con todas fue el de las tarifas y la extensión de los contratos. De acuerdo con personas que participaron en las negociaciones, cada empresa planteó su propuesta de ahorro, nivelada a 25 años con posibilidades de extensión, con lo cual calculaban el ahorro, y se lo dijeron al Presidente, de alrededor de 15 por ciento. El anuncio del jueves pasado reflejaría el éxito de la negociación, donde las dos partes ganaban. Pero no contaban con Bartlett.

El director de la CFE decidió que lo que quería el Presidente no bastaba, y el miércoles dijo que quería seguir discutiendo las cláusulas de fuerza mayor de los contratos. Lo que establecen los contratos es que las 'fuerzas mayores' pueden durar hasta dos años, tiempo en el cual la CFE debe pagar por el servicio de transporte de gas, y que si no se resuelven, se cancelan, pero no por decisión de la CFE, sino que es facultad de cada empresa.

Esa cláusula fue uno de los pilares de la afirmación de Bartlett, de que eran contratos “leoninos”, refiriéndose en particular al gasoducto Guaymas-El Oro, que cruza Sonora y Sinaloa, que entró en operación en 2017, pero que, ante los sabotajes de la comunidad yaqui, dejó de operar en agosto. Los yaquis afirmaron que la empresa IEnova, propietaria del gasoducto, no les había informado los detalles de la obra, pero un juez desestimó el amparo al comprobar que sí les habían informado. En agosto, Bartlett firmó una prórroga de cuatro meses a IEnova para seguir negociando con los yaquis para evitar la cancelación del contrato.