Enrique
Galván Ochoa.
La
calificadora de crédito Moody’s, que ha sido especialmente severa con el
gobierno mexicano, dijo que los acuerdos a los que llegó la Comisión Federal de
Electricidad con empresas de transporte de gas da certidumbre a las inversiones
y asegura que los proyectos continuarán avanzando. ¿Irá a tener esa opinión
algún efecto favorable en la calificación de la solvencia crediticia de México?
Eso ya lo veremos. Lo importante de momento es que la mañanera de ayer se
convirtió en un panal de miel. López Obrador y Manuel Bar-tlett tuvieron un
encuentro muy constructivo con los representantes de las compañías de los
gasoductos y también estuvieron presentes los directivos del Consejo Coordinador
Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, y del Consejo Mexicano de Negocios,
Antonio del Valle. El mediador del arreglo, quedó claro, fue Carlos Slim. En
concreto, AMLO dio a conocer que el gobierno mexicano obtendrá ahorros por 4
mil 500 millones de dólares en virtud del arreglo con las gaseras. Slim dio una
noticia que le da sentido social al acuerdo: llegará gas de Texas, donde tienen
el más barato del mundo. Esperemos que se refleje en las facturas que pagan las
familias y las empresas. La oposición había apostado a que habría un
rompimiento, que el asunto se iría al arbitraje internacional y, por tanto,
sería un descalabro para la imagen de México. Otra vez fallaron.
Collado
perdió la apelación.
Juan Collado
es acusado por dos delitos: delincuencia organizada y realizar operaciones con
recursos de procedencia ilícita. El primero –sólo ese– tiene una penalidad de
20 a 40 años de prisión, independiente a la sanción del otro. Ayer el
magistrado Ricardo Paredes Calderón confirmó el auto de vinculación a proceso
del litigante que ha representado intereses de la familia Salinas de Gortari,
de Enrique Peña Nieto y Carlos Romero Deschamps. Esta lista de clientes le ha
valido el mote de abogado de la mafia del poder. No prosperó un recurso de
apelación contra la privación de libertad y, dado que uno de los delitos es
delincuencia organizada, el magistrado Paredes Calderón determinó que Collado
debía continuar en prisión preventiva oficiosa. Está acusado de participar con
otros en un esquema que, a través de una simulación de actos jurídicos,
lograron la venta ilícita de un inmueble para después dispersar los recursos
entre diversas empresas y el imputado, vía transacciones electrónicas SPEI.¿De
qué inmueble se trata? No lo menciona el comunicado, pero en diligencias anteriores
fue descrito como un terreno ubicado en Querétaro. Su dueño original denunció
que fue despojado. Tenía un valor de 153 millones de pesos y tras la
construcción de un centro comercial se encuentra valuado en la actualidad en
700 millones.
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