Enrique
Galván Ochoa.
ajó la
principal tasa de interés del Banco de México, después de moverse sólo hacia
arriba los pasados cinco años. Bajó un chirrín: de 8.25 a 8 por ciento, un
cuarto de punto. La teoría económica dice que cuando los bancos centrales
disminuyen el costo del dinero, debería tener como efecto que los bancos
comerciales también bajen su tasa de interés. Tal vez eso sucede en otros
países del mundo, porque aquí no se movieron. (Caso insólito: el Nordea Bank
Abp, de Dinamarca, está ofreciendo a su clientela préstamos hipotecarios a sólo
0.5 % anual. Vean en su banco, incluso en Infonavit y Fovissste, cómo andan las
tasas aquí.) Ahora algunos expertos dicen que el recorte del BdeM fue demasiado
pequeño para que se sientan sus efectos. Además, argumentan, la mayor parte de
la población no está bancarizada, es decir, no tiene una cuenta de crédito o de
nómina, por lo que tampoco sentirá los beneficios. Si así están las cosas,
habrá que seguir bajando la tasa hasta que se sientan sus buenos efectos en los
consumidores.
Defensoría
del Pueblo.
Una
iniciativa que comenzará a hacer mucho ruido después del primer Informe de
gobierno de López Obrador es la que promueven las representaciones de Morena y
el PT en el Congreso de la Unión para crear la Defensoría del Pueblo. Será un
organismo nacional de protección a los derechos humanos. El proyecto dice que
la Defensoría formulará recomendaciones públicas, vinculatorias, denuncias y
quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a
responder las recomendaciones. ¿Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
Pasaría a la historia.
Ombudsman
social
Asunto: el
presupuesto de la partidocracia
Recibí la
siguiente nota del coordinador nacional de Comunicación Social del Instituto
Nacional Electoral (INE), Rubén Álvarez Mendiola: “Respecto del contenido de
tu columna Dinero, publicada en la edición del jueves 15 de agosto en La
Jornada, en la que señalas: ‘¿Estarán pensando los consejeros del INE en una
improbable 5T, en la que se revierta la política de austeridad y
anticorrupción que la 4T ha convertido en norma constitucional? Desafiando el
descontento ciudadano, el Consejo General aprobó destinar 5 mil 239 millones
de pesos para el financiamiento de siete partidos políticos para 2020’, me
permito hacer las siguientes aclaraciones: el presupuesto que cada año se
entrega a los partidos no lo define el INE. Se define a partir de una fórmula
aprobada por los partidos políticos y establecida en la Constitución
(artículo 41, párrafo segundo, base II), y cualquier modificación en la
misma es materia de una reforma constitucional, lo cual no es atribución del
INE, sino del Poder Legislativo. “La fórmula está determinada por la
multiplicación del corte a finales de julio del año de que se trate, del
número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por un porcentaje
(65%) de la Unidad de Medida de Actualización (UMA), por tanto, el Consejo
General aprueba una operación matemática sin aspectos de subjetividad.
Por su
parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su
artículo 31 establece que el INE no podrá alterar el cálculo para la
determinación del financiamiento público de los partidos políticos, ni los
montos que del mismo resulten, debido a que los recursos presupuestarios
destinados para este fin no forman parte del patrimonio del instituto. Es por
eso que no hay lugar a la discusión sobre el mismo en las instancias del
órgano electoral. Me parece oportuno reiterar que cualquier discusión y
modificación sobre cómo y cuánto se asigna a cada partido político no es
atribución del INE, sino del Poder Legislativo y por tanto te solicito la aclaración
pertinente a tus lectores. ¿A qué viene la aclaración? Es lo que digo en mi
texto, aunque no lo mencionas: Desafortunadamente, la fórmula establecida por
la Constitución concede esas prerrogativas a los partidos.
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