Pablo Gómez.
Durante años se ha repetido la propuesta de que el Banco de
México (Banxico) cuente, dentro de sus finalidades, con la de impulsar el
crecimiento de la economía. Ahora la ha expresado el presidente de la
República, por primera vez desde la reforma de esa institución en 1993.
¿Cómo podría el Banxico promover el crecimiento del PIB? Quizá
otorgando financiamiento, aumentando el circulante o bajando tasas de referencia.
En realidad, nada de eso puede hacer el banco con verdadera discrecionalidad.
Todo lo que sobre esos temas no se encuentra normado en ley está limitado por
parte del mercado financiero mundial y del sistema de intermediación que opera
en el país.
La legislación otorga al Banco de México autonomía, aunque en
realidad no tiene mucha. El punto más fuerte de su independencia consiste en
que ninguna autoridad puede ordenar al Banxico otorgar financiamiento. En otras
palabras, el gobierno no puede obtener créditos para sí o para otros a partir
de recursos del banco central. En realidad, el gobierno acude al mercado
abierto de dinero y el Banxico es su agente por fuerza de ley. Asimismo, sus
viejos fideicomisos que siguieron funcionando después de la reforma ya no
tienen importancia.
Se exagera sobre la autonomía constitucional. Una de las
funciones principales del Banxico es regular los cambios, pero existe una
comisión de la materia en la cual el gobierno tiene la batuta: de sus seis
miembros, tres son de Hacienda, uno de los cuales es el secretario del ramo,
quien la preside con derecho a voto de calidad en caso de empate. Nada puede
hacer el autónomo banco central sin permiso del gobierno. Si esto fuera poco,
es causal de remoción que el gobernador del Banxico incumpla los acuerdos de la
Comisión de Cambios.
El Banxico debe seguir siendo banca central, banco emisor,
banco de reserva, banco de bancos y banquero del gobierno. Pero debería dejar
de ser “asesor del gobierno en materia económica” y limitarlo sólo a la
“materia financiera”, para lo cual habría que modificar el artículo 3 de la ley
del banco, buscando así que el gobernador en turno ya no dedique alguna parte
de su tiempo a hacer discursos y a meterse en toda clase de debates sobre el
crecimiento económico, el cual rehúye como finalidad del banco, pero del que
habla demasiado hasta el grado de hacer pronósticos, a veces impertinentes o
disruptivos.
Tenemos un banco central que presume de su autonomía, pero
más para hablar que para ejercer sus deberes. Alejandro Díaz de León,
gobernador de Banxico, y los subgobernadores, no asumen a plenitud el mandato
de regular los servicios financieros. Nunca esa institución nos ha explicado
cómo es que en México no tenemos banqueros sino sólo agiotistas. Las tasas
reales de interés activas son aquí las más altas del mundo, mientras las que se
les pagan a los pequeños ahorradores (las pasivas) son las más bajas o tienen
el 0%, pero con las comisiones alcanzan tasa negativa nominal, es decir, se
paga por ahorrar, con lo cual se absorbe completa la continua disminución
inflacionaria del “poder adquisitivo de la moneda”, cuya defensa es la primera
obligación del Banxico.
El negocio bancario mexicano arroja las mayores tasas de
ganancia (porcentaje de la utilidad neta sobre la inversión), pero Banxico
nunca ha explicado esta penosa situación que se produce en el marco de un
inicuo oligopolio. Los senadores están discutiendo desde hace casi un año cómo
se va a lograr que se reduzcan las comisiones bancarias, lo cual sería
formidable, pero eso ya lo hubiera podido hacer directamente el banco con la
ley actual (“Art. 26. El Banco de México regulará las comisiones y tasas de
interés, activas y pasivas, así como cualquier otro motivo de cobro…”). Este
precepto legal lleva 9 años en vigor, pero nada.
No pocas empresas mexicanas están trabajando casi sólo para
los bancos. Una reducción de tasas activas de interés (abaratamiento del
crédito) promovería un mayor acceso a los préstamos. De esa forma el Banxico
ayudaría en algo al incremento del producto interno.
De las facultades del Banxico, pocas son ejercidas. La ley le
autoriza a imponer a las instituciones de crédito y otros intermediarios
“inversiones obligatorias”, “con o sin causa de interés”. Eso ni pensarlo,
dirían los miembros de la Junta de Gobierno, casi todos designados por los
presidentes neoliberales. Aunque la ley lo autorice, la autoridad financiera no
haría nunca lo que hoy les hacen los bancos privados a millones de cautivos
ahorradores mexicanos.
¿Qué sentido tendría involucrar al Banxico en temas
directamente relacionados con el crecimiento de la economía si no atiende los
aspectos indirectamente vinculados? La reciente disminución de la tasa de
referencia ha sido correcta, pero fue una réplica de la decisión de la Fed
estadunidense (banco central). La pesada prima de riesgo de México (diferencial
de tasas de referencia con EU) se ha mantenido igual; menos mal.
Antes de hacer peticiones al Banxico hay que tomar en cuenta
que la actual Junta de Gobierno se renovará poco a poco, dentro de los próximos
cuatro años, con un nuevo subgobernador anual.
Dejemos ya de lado la costumbre de esperar del Banco de
México cosas que no hará. Tenemos un banco del Estado parecido a cualquier otro
de carácter privado, por lo menos en la doctrina de quienes lo dirigen. Eso
terminará por cambiar, sin duda, pero no es para estos días. Sin embargo,
cuando ocurra, no tendría ya ningún caso intentar convertir al Banco de México
en una especie de central financiera para el desarrollo porque habrán de
existir mejores palancas. En cualquier caso, eso no es aconsejable ni sería
posible.
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