Del interés legítimo al interés ilegítimo.

Dolores Padierna.

El concepto de interés legítimo fue introducido en la reforma de junio de 2011 al artículo 107, fracción I, de la Constitución federal. El artículo es claro cuando establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado vulnera los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera personal y directa (interés jurídico) o por su especial preocupación frente al ordenamiento jurídico o frente a los actos de la autoridad (interés legítimo).

De esta manera se reconoció la posibilidad de que personas o entidades colectivas acudan a la protección de la justicia federal invocando un interés legítimo, superior a un interés individual o particular.

El juicio de amparo ha existido como una herramienta de control del poder público y como un contrapeso frente a las actuaciones de la autoridad.

Todo esto nos lleva al tema de los amparos que se están obsequiando para suspender las obras del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía.

Por información pública sabemos que una buena cantidad de esos amparos están siendo promovidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y por algunos ciudadanos opuestos a la cancelación definitiva del proyecto de Texcoco.

Si esos amparos hubieran sido solicitados por organizaciones ambientalistas, colectivos de vecinos de la zona, pueblos originarios o personas que presumieran algún tipo de afectación a sus derechos, estaríamos hablando de amparos promovidos por un interés legítimo, cuya motivación fuere precisamente someter a un control judicial las decisiones del Ejecutivo, generando un verdadero contrapeso en aras de la defensa y protección de los derechos humanos.

En esos supuestos, el interés legítimo de una minoría invoca la protección judicial para evitar un perjuicio a una mayoría, y para asegurar sus derechos, en esos casos, el papel del Poder Judicial es precisamente la salvaguarda de los derechos de las mayorías o la salvaguarda de los derechos de algunas personas en lo particular, con miras a regular la actuación de la autoridad y asegurar que no se vulneren sus derechos humanos.

Sin embargo, en lo que el Presidente de la República ha denominado “sabotaje legal”, observamos que ese interés “legítimo” de los promoventes de los amparos no existe. Encontramos más un interés “ilegítimo”, pues un grupo reducido de personas, ligadas al poder empresarial, han recurrido al amparo con la única finalidad de frenar el proyecto de Santa Lucía, poniendo por delante sus intereses económicos personalísimos por sobre los intereses colectivos de la mayoría que se vería beneficiada con la terminal aérea.

En este caso, el interés que mueve a los promoventes es –insisto– un interés “ilegítimo”, pues pretenden imponer sus intereses económicos y hasta políticos por encima de los beneficios colectivos de la mayoría y de los derechos de la ciudadanía.

El Poder Judicial deberá de analizar la pertinencia del interés que mueve a los amparistas y la pertinencia de salvaguardar los derechos de las mayorías por encima de los intereses económicos y políticos de un reducido grupo de personajes ligados al PRI y al PAN que hoy, ante la incapacidad de constituirse como oposición seria, han optado por una suerte de “sabotaje legal” contra un proyecto de gran importancia para el país.

Más allá de la figura del juicio de amparo o de la actuación del Poder Judicial, debe quedar clara, frente a la opinión pública, la verdadera naturaleza de los juicios contra la terminal de Santa Lucía: ninguna otra que la decisión de un grupo que no busca el bienestar común sino hacer prevalecer sus intereses.