Por
Redacción / Sin Embargo.
El
arresto del presunto delincuente Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”,
líder del grupo criminal de Los Rojos, podría arrojar luz sobre la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa y contener uno de los focos rojos de la
violencia en al menos dos entidades: Guerrero y Morelos.
“En
acción conjunta realizada con el apoyo de elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional
de Inteligencia y la Policía Federal y todas las dependencias del gobierno
involucradas en Guerrero, se cumplimentó orden de aprehensión contra Santiago
‘N’, apodado ‘El Carrete’, por delitos de delincuencia organizada, delitos
contra la salud y secuestro”, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC).
Felipe Rodríguez
Salgado, “El Cepillo”, dijo a las autoridades que “El Carrete” había dado
dinero a estudiantes para generar disturbios en contra del entonces Alcalde de
Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Esa tesis está dentro de la “verdad
histórica” de Jesús Murillo Karam, lo que la somete a dudas. Sin embargo, la
detención del violento criminal podría agregar nueva información, ahora que el
caso ha sido reabierto por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López
Obrador. Se desconoce qué sabe, realmente, del caso. Pero eso está por saberse,
ahora que las autoridades lo tienen bajo custodia.
“El Carrete” estaba entre los 15 criminales
más buscados en Morelos desde hace al menos 5 años. La población donde el
presunto líder de Los Rojos fue detenido se encuentra unos 35 kilómetros al
oeste de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Su campo de operación
incluía Morelos.
“Este
presunto delincuente identificado como uno de los principales generadores de
violencia en Guerrero y Morelos fue capturado en el municipio de Leonardo Bravo
junto a otro sujeto identificado como Marco ‘N’, quien se presume podría ser su
principal operador”, detallaron ayer las autoridades federales.
En Morelos
se le liga al asesinato de Gisela Mota, Alcaldesa de Temixco. El pasado 2 de
enero, un grupo de asesinos a su cargo irrumpió en su casa, golpeó a varios
familiares, los reunió en la sala y frente a ellos mató a Mota, también ex
Diputada federal.
Mazari
Hernández, de 43 años recién cumplidos, nació en la comunidad de San Gabriel
las Palmas, del municipio Amacuzac, en Morelos. Desde muy temprana edad tuvo
nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva, hasta que logró ser jefe de la plaza
de su estado natal.
En 2008,
“El Carrete” fue detenido y acusado por delitos contra la salud por la Sedena. Sin embargo, a principios de
2009 quedó en libertad, a pesar de que fue encontrado penalmente responsable y
se le imputaron cinco años de prisión y 100 días de multa.
El presunto
delincuente también es conocido con otros sobrenombres, como “El señor de los
caballos”, “El señor de las cachuchas” y “El ocho de Sonoyta”.
Tras la
muerte en 2009 de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, entonces líder del cártel
que llevaba su nombre, Mazari Hernández organizó su grupo criminal, al que
denominó “Los Rojos”.
Su
organización es uno de los principales rivales del grupo llamado “Guerreros
Unidos”, que también fue creado después de la fragmentación de los viejos
integrante del cártel de los Beltrán Leyva.
A principios
de junio, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, señaló que en al menos 18
municipios de Morelos se pagaba derecho de piso a los cárteles de droga,
incluidos “Los Rojos”.
Sin embargo,
la Fiscalía general del estado señaló que ninguno de los alcaldes de la entidad
había presentado ninguna denuncia. Hace dos años, en 2017, Mazari Hernández ya
había sido acusado por extorsionar a 13 alcaldes.
LOS 43 Y “EL
CARRETE”
Durante
años, Los Rojos estuvieron involucrados en luchas territoriales con una
pandilla rival, Guerreros Unidos, para tener el control del narcotráfico en las
montañas de Guerrero. El área es una de las principales regiones para cultivo
de opio en México. En 2014, la policía se alió con Guerreros Unidos y secuestró
a 43 estudiantes normalistas porque creían que los jóvenes trabajaban para los
Rojos. Los fiscales afirmaron que hombres armados de Guerreros Unidos mataron a
los estudiantes e incineraron sus cuerpos, pero todavía se cuestiona esa
hipótesis, ya que los fragmentos de huesos encontrados sólo coincidían con uno
o dos de los estudiantes.
“Algunos
sospechosos en aquella masacre afirmaron que Mazari pagó a los estudiantes para
alterar las actividades normales en la ciudad de Iguala, un baluarte de
Guerreros Unidos. Por ese y otros motivos, algunos creen que Mazari podría
tener información sobre cómo y en dónde fueron asesinados los estudiantes, o a
dónde se llevaron sus cuerpos”, dice Associated Press.
El 26 de
septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de fuerzas del Estado que
los habrían entregado a un grupo criminal, luego de haber tomado de la terminal
de Iguala cinco autobuses para trasladarse a un mitin.
El caso,
que cimbró al país, no se ha resuelto a pesar de que están por cumplirse cinco
años del hecho. Ni siquiera hay una versión creíble de lo que sucedió en
aquellas horas. La versión oficial fue desmentida por videos hechos públicos
sobre el uso de torturas por parte de las autoridades para obtener
declaraciones de los supuestos involucrados.
Uno de las
docenas de detenidos es Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, que
pertenecía al grupo de Guerreros Unidos, rival de Los Rojos, y uno de los
presuntos responsables de ordenar el homicidio de los normalistas. Según la
entonces Procuraduría General de la República (PGR, ahora FGR), el hombre de 28
años fue quien señaló a “El Carrete” como el que ordenó a los normalistas
“reventar” un acto político que desató los hechos posteriores e incluso habría
pagado al director de la Normal.
De
acuerdo con la declaración de Rodríguez Salgado, su grupo delincuencial creía
que “Los Rojos” querían tomar la plaza de Iguala, a donde se dirigían los
normalistas, a quienes “confundieron” con una operación rival. “Guerreros
Unidos” es la organización supuestamente responsable de su desaparición.
El Gobierno
mexicano concluyó después de las primeras investigaciones que los jóvenes
habían sido asesinados en incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero. La
llamada “verdad histórica” fue rechazada a nivel nacional e internacional y
hasta ahora no se ha podido localizar a los normalistas ni sus restos.
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