Por Dulce
Olvera.
El centro de
análisis e investigación Fundar pidió al Poder Legislativo derogar el
Artículo 6 de la Ley Minera que da carácter de preferente a la industria minera
sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, porque las empresas
extractivas no dejan desarrollo ni empleos dignos en los poblados donde operan.
“En
Fundar no encontramos la utilidad pública de estas actividades mineras. Si no
dejan un desarrollo local, si el empleo es escaso y además las condiciones de
pobreza son tremendas, entonces para quién es el desarrollo. Por qué si no son
de utilidad pública estas actividades tienen que ser preferentes”, planteó la investigadora del centro,
Beatriz Olivera durante la presentación del anuario 2018 “Las Actividades
Extractivas en México”.
“Quitar
este carácter nos parece que en esta Cuarta Transformación debe ser un
compromiso y es algo que tenemos que hacer en esta actual Legislatura [que
inicia el 1 de septiembre]”, aseguró.
Olivera documentó
en el informe de Fundar que en los centros productores de plata, como
Fresnillo, Mazapali y Chalchihuites, el 58 por ciento de la población vive en
pobreza; el 64 por ciento obtiene un ingreso inferior a la línea de bienestar;
el 35 por ciento carece de servicios básicos en la vivienda; el 13.16 por
ciento no tiene acceso a servicios de salud y un 25 por ciento presenta rezago
educativo.
“Las
empresas normalmente llegan a las comunidades con promesas de que se va a
generar empleo, desarrollo local, que van a mejorar sus condiciones de vida.
Son promesas que nosotros hemos documentado en diferentes anuarios y que en
realidad son falsas. Tanto en los principales centros de oro como de plata en
el país las condiciones de pobreza son alarmantes”, comentó en la rueda de prensa.
En los
centros productores de oro, como Caborca, Mazapil, Ocampo, la pobreza se
registra en el 50 por ciento de sus habitantes; el ingreso del 55 por ciento es
menor a la línea de bienestar; y un 29 por ciento carece de servicios básicos
en los hogares.
Además, a
pesar de que la actividad minera implica riesgos para los trabajadores como
incendios o explosiones en espacios cerrados, de 2008 a 2013 la industria
extractiva de minerales incrementó 76 por ciento la contratación por
outsourcing sin seguridad social que reduce costos a las empresas en detrimento
de los trabajadores. Para 2014 (Inegi), la minería de oro subcontrató al 65.2
por ciento y la de plata a un 69.3 por ciento.
“La
extracción de estos metales preciosos está lejos de garantizar los derechos
laborales de sus empleados puesto que las empresas subcontratan a una buena
cantidad del personal. Sin duda el outsourcing representa una nueva forma de
explotación laboral proveniente de las empresas extractivas y les da una
ventaja competitiva enorme”, comenta el informe.
Francisco
Reynoso, investigador de Fundar, añadió durante la conferencia de prensa que
están impulsando que se quite el carácter preferente que tiene la minería para
hacer que las comunidades puedan defender su territorio.
“Hemos encontrado que al darle la preferencia
por la utilidad pública –que se supone que tiene la minería–, se dejan
inhabilitadas a las comunidades para defender su territorio porque antes que
nada está el desarrollo de la economía a costa del bienestar de las personas”, dijo en referencia al artículo 6 de
la Ley Minera.
Sobre la
defensa de territorio, Fermín Ledesma, del Centro de Lengua y Cultura Zoque, resaltó
que los pueblos de Chiapas no creen “en estas consultas organizadas desde el
Gobierno con público a modo porque el resultado ya se sabe. En contraposición,
nosotros les llamamos las autoconsultas, es decir, el pueblo se consulta de
manera interna con su propia lengua y propias autoridades, y que el gobierno lo
respete por la autonomía de los pueblos”.
LA
INICIATIVA EN CÁMARA DE DIPUTADOS.
La
Diputada federal Xóchitl Zagal Ramírez, de la Coordinación Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Morena, aseguró que ya están trabajando en una iniciativa
entorno al artículo 6 de la Ley Minera.
“Tenemos
que juntarnos porque los intereses dan cañonazos de dinero y no siempre se es
fácil estar resistiendo porque los cabilderos de las grandes empresas saben
cómo embelesar el oído de algunas personas. El artículo 6 implica construir una
amplia mayoría y una gran discusión”, afirmó en la rueda de prensa del anuario de Fundar.
Desde el
estado minero de Zacatecas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
este mes que se mantendrán las concesiones mineras entregadas en sexenios
pasados con vigencia de 50 años con oportunidad de ampliarse, pero la
Secretaría de Economía ya no otorgará nuevas.
Y pidió a
las empresas mineras nacionales y extranjeras, principalmente canadienses, que
cuiden el medio ambiente y no destruyan el territorio, que se pague a los
trabajadores mineros como se les paga en Canadá y en Estados Unidos, y que
dejen beneficios en las comunidades y municipios donde se lleva a cabo la
explotación minera.
El año
pasado, la Diputada Clementina Dekker Gómez del Partido del Trabajo presentó
una iniciativa para reformar el artículo 6 de la Ley Minera para que la
utilidad pública de la actividad minera no se aplique en pueblos originarios.
Sugirió
que quedara:
“La
exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se
refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier
otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que
establece la misma. Este precepto no se observará en los territorios cuya
propiedad ancestral pertenezca a pueblos y comunidades indígenas, en cuyo caso
deberá anteponerse siempre el derecho a la consulta y el consentimiento previo,
libre e informado. Únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse
contribuciones que graven estas actividades”.
No
obstante, el texto de exposición de la Diputada reconoce que aunque
legisladores han presentado desde la aprobación de la actual Ley Minera
numerosas iniciativas para reformar las actividades de minas en México, “ha
hecho falta el consenso y voluntad suficiente para concretar las reformas
necesarias para garantizar la salvaguarda de los territorios y su riqueza
natural frente al vertiginoso avance de la industria”.
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