José Raúl
Linares.
Un juez
federal concedió a Emilio Zebadúa, excolaborador de Rosario Robles, una
suspensión definitiva que impide a la Fiscalía General de la República (FGR)
proceder penalmente en su contra por la investigación relacionada con la
llamada “Estafa Maestra”.
El
recurso lo otorgó el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Chiapas, con
residencia en Tapachula, según el expediente 2005/2019, donde se precisa que el oficial mayor de
las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) solicitó protección constitucional contra
cualquier orden de presentación, captura, investigación y judicialización
emitida por el desvío de 5 mil millones de pesos en ambas dependencias.
El pasado
17 de julio, Zebadúa presentó el trámite para no ser citado “en calidad de
inculpado o imputado en la carpeta de investigación” FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018, misma
por la que Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso.
En su
demanda, el exservidor público también reclamó la omisión de la FGR de darle
acceso a la carpeta y la posible confiscación de bienes, así como la “omisión
legislativa al aprobar el Código Nacional de Procedimientos Penales (no
contener norma vinculante que imponga al Ministerio Público la obligación
forzosa de notificar al imputado la acusación o imputación formulada en su
contra)”.
Un mes
después, en el arranque del proceso contra Robles Berlanga, el juez Felipe
Sifuentes Servín otorgó a Zebadúa la protección constitucional, mientras se
desarrolla el juicio de amparo.
La
notificación emitida esta mañana precisa: “Se concede la suspensión
definitiva a la parte quejosa de los actos reclamados a la autoridad precisada
en el considerando tercero y por los motivos expuestos en el diverso cuarto de
esta interlocutoria. Segundo, se difiere la audiencia incidental y se fijan las
doce horas con cuarenta y ocho minutos del 30 de agosto del presente año”.
El
exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu, mano derecha de Robles Berlanga, es
señalado como uno de los responsables de autorizar la transferencia de recursos
hacia decenas de universidades públicas y de suscribir convenios con ellas.
Mediante
la falsificación de comprobantes y diversas operaciones fraudulentas, un grupo
de instituciones académicas fue contratado para la prestación de servicios, que
no realizaron, pero los recursos públicos fueron entregados en tiempo y forma.
En total, la
Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la FGR calcularon que mediante ese
esquema se produjo un daño al patrimonio de México por al menos 5 mil 73
millones de pesos.
Los días 12
y 13 de agosto, la Fiscalía y el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo
Padierna confirmaron la participación de Zebadúa en el desvío de recursos
públicos.
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