Por Nayeli
Roldán.
Tres
funcionarios de la Sedesol y la Sedatu denunciaron penalmente la falsificación
de sus firmas en convenios que las dependencias hicieron con universidades
públicas, y a través de los cuáles se operó la salida de 262 millones 859 mil
pesos de recursos públicos, como parte del esquema de presunto desvío de La
Estafa Maestra.
Los
funcionarios que permitieron la salida y se encargaban de la administración del
presupuesto en ambas dependencias eran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, y el
director de programación, Francisco Báez, a quienes la Fiscalía General de la
República (FGR) señala como presuntos responsables de irregularidades, y que
son personajes centrales en la trama.
El
primero en denunciar fue Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento
territorial en la Sedatu, quien había sido el funcionario de mayor rango
involucrado y quien fue vinculado a proceso en enero pasado por falsedad de
declaración, justamente por denunciar desde 2017 la falsificación de su firma
en el convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.
Armando
Saldaña Flores, quien fue director general de Ordenamiento Territorial y
Atención a Zonas de Riesgo en la Sedatu, también denunció la falsificación de
la firma en el convenio específico, derivado del convenio general que
supuestamente firmó Tiburcio, y que derivó en el presunto desvío de 185
millones 839 mil pesos.
En tanto, José
Antolino Orozco Martínez, exdirector general de Geoestadística y Padrones de
Beneficiarios de la Sedesol, declaró a la Fiscalía que no reconoció su firma en
el convenio hecho con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 77
millones de pesos, para supuestamente verificar la información del padrón de
beneficiarios de programas sociales en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco,
Estado de México y Veracruz.
En agosto de
2014, Humberto Valverde, entonces coordinador de asesores del Oficial Mayor,
Emilio Zebadúa, le dijo a José Antolino Orozco que debía firmar un convenio con
la Universidad de Morelos, que se pagaría del presupuesto de su área, pero se
haría cargo de ello Simón Pedro de León Mojarro, entonces titular de la Unidad
de Coordinación de Delegaciones.
Pero María
del Carmen Gutiérrez, subalterna de Orozco, alertó a este sobre irregularidades,
debido a que en la unidad que él dirigía no existía “suficiencia presupuestal”
para pagar un convenio de 77 millones de pesos, además había “inconsistencias y
falta de motivos para solicitar esos trabajos”.
De acuerdo
con testimonios de José Antolino y María del Carmen realizados a la Fiscalía
General de la República entre mayo y agosto de este año, al notar las
inconsistencias él habló por teléfono en altavoz con Sonia Angélica Zaragoza
González, entonces directora de Recursos Humanos, quien le dijo que se
encargaría de destruir el convenio, pero que tratara el tema con Rosario Robles
o Emilio Zebadúa.
Tiempo
después, le encargaron a María del Carmen atender al personal de la
Auditoría Superior de la Federación que revisaría el ejercicio presupuestal de
2014. Cuando le solicitaron los comprobantes de los servicios del convenio con
la Universidad de Morelos, “es cuando se percata de la existencia del
convenio”, dijo en su declaración.
En este
convenio, la Universidad supuestamente contrató a la empresa Grupo
Industrial y Servicios Yafed, S. A. de C. V., pero ésta sólo se quedó con 6
millones 990 mil pesos, y el resto (66 millones 170 mil pesos) los transfirió a
la empresa ESGER, Servicios y Construcciones S. A. de C. V., que ni siquiera
firmó algún contrato, según detectó la Auditoría.
Ambas
empresas fueron declaradas como fantasma por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), debido a que simularon operaciones fiscales y no tenían
capital, infraestructura ni personal para poder desarrollar algún servicio.
De acuerdo
con la investigación hecha por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción
y la Impunidad en La Estafa Maestra, Grupo Industrial se encontraba en un
oficina llena de cajas y sin más personal que un par de personas recibiendo
avisos, en la colonia San Pedro en Monterrey, Nuevo León.
Esa era
la misma dirección registrada como sede de otras tres compañías que igualmente
recibieron dinero de la Sedesol con convenios con la misma universidad. (Evyena Servicios, S. A. de C. V., Icalma
Servicios y Consultoría, S. A. de C. V. y Comercializadora Integral de
Productos Villaregia, S. A. de C. V.).
En tanto, la
segunda compañía, ESGER, estaba ubicada en un despacho de un edificio
habitacional en la colonia Nápoles en la Ciudad de México, y fue la compañía
concentradora de los recursos de Sedesol, pues pese a no firmar contratos ni
realizar ningún servicio, las otras compañías implicadas le transfirieron una
suma de 683 millones de pesos.
Después al
asumir la titularidad de la Sedatu, Rosario Robles se llevó a 12
funcionarios de la Sedesol a su nueva administración. Uno de ellos fue Antolino
Orozco, quien fue nombrado como Jefe de la Unidad de Política, Planeación y
Enlace Institucional.
Desde ese
puesto se habrían firmado más convenios, pero esta vez con la Universidad
Politécnica de Chiapas, de los cuáles, dijo, tampoco tuvo conocimiento, por lo
que envió un oficio al Órgano Interno de Control en 2018 informando las
irregularidades, y con copia a Rosario Robles en el oficio 908/2018.
En una de
las declaraciones ministeriales que Orozco dio a la Fiscalía entre mayo y
junio, afirmó que en octubre de 2018 fue citado en la oficina alterna del
Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, en Tennyson 125, en la colonia Polanco de la
Ciudad de México, donde éste después de escuchar las irregularidades le respondió
que no se preocupara, que “todo estaba arreglado” y que se lo mandaba “a decir
Rosario”.
Esto, dijo
la Fiscalía, era prueba de que la entonces secretaria “tuvo pleno
conocimiento” de lo que ocurría en su dependencia.
Antolino
Orozco se convirtió en uno de los testigos de la Fiscalía con los que logró
acreditar que Robles sabía de los desvíos y no hizo algo por detenerlos, por lo
que fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido de la función
pública y puesta en prisión preventiva el pasado 13 de agosto.
De acuerdo
con un seguimiento realizado por Animal Político de los convenios firmados por
la Sedesol y Sedatu señalados con irregularidades por la Auditoría, José
Antolino Orozco aparece como firmante de un convenio con la Sedesol y la
Universidad Autónoma del Estado de México en 2013; en cuatro convenios con la
Universidad Politécnica de Chiapas y tres con la Universidad Politécnica de
Quintana Roo y la Sedatu, según los documentos obtenidos por transparencia.
Más
falsificaciones.
Enrique
González Tiburcio enfrenta un proceso judicial por falsedad de declaraciones,
después de interponer una denuncia penal por la falsificación de su firma en
2017, luego de enterarse de la existencia del convenio SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016
con la Universidad Francisco I. Madero en enero de 2016, por una solicitud de
información a la Sedatu vía transparencia.
El
exsubsecretario de Ordenamiento Territorial desconoció su firma en el
convenio mediante el cual se iniciaba la relación con la universidad para
realizar diversos servicios, por lo que interpuso una denuncia ante el Órgano
Interno de Control de la dependencia el 9 de julio de 2017, y un mes después,
éste denuncio penalmente contra quien resultara responsable ante la PGR. Así
inició el proceso de investigación de dicho convenio.
La defensa
del funcionario expuso que el convenio tampoco cumple con otros criterios
legales como la falta de firma del titular del área jurídica de la dependencia,
la justificación del requerimiento de servicios, rúbrica de funcionarios en
todas las hojas del documento, y la inexistencia de registro de las reuniones
que siempre se hacen previo a un convenio de este tipo. Además, el 4 de enero
de 2016, día de la firma de convenio, González Tiburcio aún se encontraba en
periodo de vacaciones decembrinas, sostiene su abogado.
Sin embargo,
el perito de la Fiscalía concluyó que la firma sí era fidedigna, mientras
que el perito de la defensa tuvo errores en la explicación de su análisis, por
lo que el juez determinó que habían elementos para continuar el proceso
judicial, y de denunciante pasó a imputado y fue vinculado a proceso el 30 de
enero pasado.
En una
siguiente audiencia realizada el 13 de junio pasado, Tiburcio denunció por
segunda vez la falsificación de su firma en otros dos convenios, SEDATU-ITSC/SOT/02/2015,
del 17 de septiembre de 2015; y SEDATU-ITSC-SOT/01/2016, con fecha del 11 de
enero de 2016.
Aunque hasta
el momento no hay pruebas de que estos convenios derivaran en la simulación de
los servicios y la subcontratación ilegal de empresas fantasma o irregulares,
como lo ha dicho la Auditoría Superior de la Federación en otros casos.
Armando
Saldaña, quien era subalterno de Tiburcio, aparece como firmante del convenio
SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 “para el desarrollo y aplicación de
mecanismo de operación para la ejecución de los programas y acciones para el
cumplimiento de sus fines institucionales”, por lo que la Sedatu entregó 185
millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.
Sin embargo,
aunque en la audiencia por la causa penal 442/2018, el peritaje de la
Fiscalía acreditó que la firma era falsa y los convenios originales no habían
sido localizados en la dependencia, el juez decidió vincularlo a proceso el 19
de marzo pasado, por lo que las investigaciones en su contra continúan.
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