Por Dulce
Olvera.
Los
gobiernos estatales y municipales de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y
Zacatecas, que concentran un 80 por ciento de los recursos del Fondo para el
Desarrollo de Zonas Mineras, no reportaron el destino de 3 mil 017 millones de
pesos (34.43 por ciento) de los 8 mil 762 millones de pesos recibidos de 2014 a
2017, revela Fundar
en el anuario 2018 “Las actividades extractivas en México”.
“La
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no exigió una
rendición de cuentas exhaustiva a los municipios y estados sobre el dinero que
se les asignó vía el Fondo Minero, por lo que aún se desconoce el destino de
una importante cantidad de recursos”, afirmó la investigadora del centro de análisis Beatriz
Olivera.
“Es
urgente que las entidades federativas y sus respectivos municipios aclaren y
comprueben los recursos que han recibido del Fondo Minero y que, en caso de no
hacerlo, se impongan las sanciones correspondientes a los servidores públicos
involucrados”,
recomendó en el informe.
En el
periodo referido, la Sedatu fue encabezada por el Senador priista Carlos
Ramírez Marín (2013-2015), el ex Procurador Jesús Murillo Karam (2015) y por
Rosario Robles Berlanga (2015-2018), actualmente en prisión preventiva por
presunta omisión en reportar irregularidades en esta dependencia y en la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) observadas por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF).
El Fondo
Minero entró en vigor en 2014 y se constituye por el pago de las empresas
extractivas por los derechos a la actividad minera (especial, adicional y
extraordinario). Con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes de
estas regiones, el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos establece que deberán
usarse para generar inversión física con impacto social, ambiental y de
desarrollo urbano.
“Sin embargo,
desde su creación, el Fondo ha presentado serias deficiencias en cuanto a la
gestión de los ingresos, la aplicación de sus recursos y los mecanismos de
participación y toma de decisiones en sus comités de funcionamiento”,
expuso Olivera.
La
investigadora de Fundar resaltó que aunque los estados y municipios
reportaron inversión en obra pública, no implica que lo hubieran hecho porque
“la Sedatu realiza un ejercicio de fe al no contar con los comprobantes
necesarios que demostraran efectivamente el ejercicio de los recursos”.
En el
informe de resultados de fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, sustentó
Olivera, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló que de 17
proyectos observados entorno al Fondo Minero, la Sedatu no tenía reportes de
avance físico financiero en los 17, ni programa de ejecución en 11, y 9 no
contaban con acta de entrega-recepción por parte de los estados o municipios.
CAMBIO DE
OPERADOR Y USO DE RECURSOS.
De los
más de 5 mil 745 millones de pesos de recursos del Fondo Minero reportados como
ejercidos por las cinco entidades y municipios de 2014 a 2017, en promedio un
70 por ciento se destinó a construcción e infraestructura como pavimentación y
mantenimiento de calles, muestra el estudio de Fundar.
En el
caso de Sonora, el estado que más recibió de los cinco analizados, un 73 por
ciento fue a infraestructura, un 11.97 por ciento a obra hidráulica, un 4.47
por ciento a deporte, un 4.45 por ciento a obra eléctrica, un 2 por ciento a
obra de beneficio social y un 0.62 por ciento a ambiente durante el periodo
referido.
“Llama la atención que lo destinado a
protección ambiental o preservación de áreas naturales son prácticamente
inexistentes, pues solo Sonora le dedicó el 0.62 por ciento de los recursos”, observó la investigadora Beatriz
Olivera en el texto.
“Es
necesario que las actividades de inversión a las cuales se destinan los
recursos del Fondo proporcionen alternativas más allá de la actividad
extractiva, ya que la mera creación de obras de infraestructura puede ser solo
un paliativo temporal a los impactos de la explotación de minerales, pero no
ofrece alternativas económicas, ambientales y sociales sostenibles a largo
plazo para el desarrollo de las poblaciones de estas regiones”, agregó.
Chihuahua,
Zacatecas, Coahuila y Durango destinaron el cero por ciento en esa área a pesar
de los efectos medioambientales de la actividad minera.
Los
Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras –integrados por
representantes de la Sedatu, la empresa, la entidad o municipio, y de la
comunidad indígena o grupo agrario– decidían el uso de los recursos del Fondo
Minero hasta 2018.
Pero,
destacó Olivera, la Sedatu no publicó las actas sobre la toma de decisiones
por lo que no puede constatarse si los Comités funcionaron como órganos de
representación de comunidades, pueblos y núcleos agrarios considerando su
lengua o autoridades propias, y si acordaron invertir la mayoría del dinero en
pavimentación.
Con el
cambio de Gobierno federal, la Ley de Ingresos de la Federación de 2019
indica que el Fondo Minero con más de 3 mil millones de pesos ahora es operado
por la Secretaría de Economía en vez de la Sedatu.
De acuerdo
con el Subsecretario de Minería Francisco Quiroga, la posición del Gobierno
Federal es ejercerlo de manera directa, sin intermediarios o comités ni
manejado por gobiernos estatales ni municipales, “para que llegue directamente
a quien tiene que llegar”.
Ante ello, en
febrero los gobiernos de Chihuahua, Sonora y San Luis Potosí interpusieron más
de 20 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) contra esa modificación.
Aunque el
Poder Ejecutivo lo impugnó, en julio los ministros determinaron que eran
procedentes los recursos de las autoridades locales.
El 11 de
agosto, en el municipio minero Concepción del Oro, Zacatecas, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador insistió en que “estamos viendo con las autoridades
estatales, municipales para que [los recursos del Fondo Minero] se entreguen de
manera directa a los habitantes de los pueblos y de los municipios mineros. Que
no pase ese dinero por muchas manos, por muchas instancias gubernamentales,
porque suele no llegar a su destino, se va quedando en el camino”.
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