Por Javier
Cruz Aguirre.
En la
primera sesión de la nueva Legislatura del estado, la coalición Juntos
Haremos Historia, con mayoría de Morena, aplicó su poder casi absoluto para
eliminar los contrapesos políticos que evitaban que una sola bancada presidiera
al mismo tiempo la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Asimismo, informó
que solicitará al Poder Ejecutivo estatal la promulgación de la reforma que
amplía de dos a cinco años el próximo gobierno, con el fin de acelerar el
estudio y resolución de la modificación constitucional en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
La
iniciativa de reforma al artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
no requirió de estudio ni discusión, porque la diputada de Morena Aracely
Geraldo (Tijuana) la presentó para su inmediata votación, por obvia y urgente
resolución.
Antes de
la reforma, el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo ordenaba
que la presidencia de la Jucopo y la presidencia de la Mesa Directiva fueran
rotativas y no recayeran en diputados del mismo grupo parlamentario.
El órgano
de gobierno denominado Junta de Coordinación Política, explicaba, “se integra
con cada uno de los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios de los
partidos políticos con representación en el Congreso, así como por los
diputados pertenecientes a partidos políticos que cuenten con un solo escaño.”
Y asentaba: “La
Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad del Congreso del estado y
toma sus resoluciones por el voto ponderado de sus integrantes, quienes se
constituyen en representantes de su grupo parlamentario, procurando el máximo
consenso posible.”
Arturo Ruiz
Contreras, analista político y asesor de diputados de los partidos del Trabajo
(PT) y de la Revolución Democrática (PRD) por 16 años, dijo a Apro que Morena
y sus aliados violaron el artículo 27, porque en la madrugada, cuando se
instaló la XXIII Legislatura y se eligió a su primera Mesa Directiva y al
presidente de la Jucopo, los cargos recayeron en los morenistas Catalino Zavala
Márquez –cinco veces diputado estatal y próximo secretario de Educación del
gobierno que encabezará Bonilla Valdez– y Monserrat Caballero Ramírez,
respectivamente.
De hecho, Ruiz
Contreras estimó que el caso de Monserrat Caballero, diputada por Tijuana, es
más grave, dado que también es la coordinadora del grupo parlamentario.
“Catalino
Zavala y Claudia Agatón Muñíz, del PT, y a quien eligieron como vicepresidenta
de la primera Mesa Directiva del Congreso, saben perfectamente que nombrar como
presidente de la Mesa Directiva y la Jucopo a alguien de su mismo grupo
parlamentario es una grave violación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, apuntó.
Estos dos
diputados, agregó, en la pasada legislatura se opusieron a un intento de los
legisladores del PAN, entonces con mayoría de 13 diputados, de nombrar como
presidentes de la Jucopo y de la Mesa Directiva a compañeros de su mismo
partido. “La resistencia de ambos y otros parlamentarios hizo que la intentona
fracasara”, sostuvo.
Ahora, tras
la reforma morenista, la Jucopo será presidida por Monserrat Caballero. Y
estará integrada por Eva María Vásquez Hernández (PAN), Julio César Vázquez
Castillo (PT), Fausto Gallardo García (PVEM), Luis Moreno Hernández
(Transformemos), Gerardo López Montes (PRD), Elí Topete Robles (MC), David
Ruvalcaba Flores (PRI), Rodrigo Aníbal Otáñez Licona (PBC) y María Trinidad
Vaca Chacón, sin partido.
Antes de
la aprobación de la reforma, la Mesa Directiva, que además integran las morenistas
Aracely Geraldo Núñez y Eva Griselda Rodríguez, así como Rodrigo Aníbal Otañez,
del PBC, recibió para su análisis y glosa el quinto y último informe de
gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
En su
calidad de presidente de la Mesa Directiva, Catalino Zavala informó que
solicitará al Poder Ejecutivo la promulgación de la reforma que amplía el
periodo de la próxima gubernatura de dos a cinco años.
“Se va a
proceder al trámite correspondiente. Es algo en que todos han coincidido, en la
importancia de la publicación y que sea la Suprema Corte (de Justicia de la
Nación) quien determine lo conducente, tal y como establece la Constitución en
esa parte. Lo que vamos a hacer es sujetarnos a la determinación de la Corte en
el trámite correspondiente”, manifestó Zavala en la sesión de este jueves, a la que asistió como
invitado el gobernador electo Jaime Bonilla.
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