Alejandro
Calvillo.
La
cooptación de herramientas de participación ciudadana, como el Parlamento
Abierto, para seguir sirviendo a los intereses económicos, es una práctica que
debiera combatirse en la actual administración que ha declarado separar el
poder político del económico. Sin embargo, las viejas prácticas no se
erradicarán por arte de magia, lo harán si existe una sociedad activa vigilante
y medios de comunicación independientes de la influencia de esos poderes
económicos.
La semana
pasada se realizó en el Senado de la República una sesión de Parlamento Abierto
sobre el etiquetado frontal de alimentos que pareció ser otra más de las
estrategias de la industria de los ultraprocesados y las bebidas endulzadas
para bloquear la iniciativa que ya se aprobó en la Comisión de Salud de la
Cámara de Diputados. Esa iniciativa propone un etiquetado que permita a los
consumidores saber si un producto es alto en azúcar, grasas y sal, un
etiquetado que ha demostrado ser muy exitoso en Chile, que lo está demostrando
en Perú y que entrará en vigor próximamente en Uruguay. De hecho, se considera
que es la política más exitosa que se ha aplicado para reducir el consumo de
estos productos.
¿Pero
cómo el Parlamento Abierto, creado por una demanda de la sociedad civil
internacional y nacional, está siendo usado para boicotear una de las políticas
más exitosas para bajar el consumo de comida chatarra, en un país con uno de
los mayores niveles de obesidad y diabetes en el mundo?
Primero,
fue en la Cámara de Diputados que a través de un transitorio que se quería
injertar en la iniciativa pretendía que el proyecto de etiquetado fuera
elaborado por una entidad promotora de la inversión (¿es ésto separar el poder
económico del político o someter el segundo al primero?) Y la segunda tentativa
fue presentar otra iniciativa que proponía otro tipo de etiquetado frontal,
apoyado por la Industria, que ocultaría la alta presencia de los ingredientes
críticos (azúcares, grasas saturadas y sal) cuyo alto consumo nos ha llevado a
las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes que vivimos en nuestro
paìs. Obviamente, un etiquetado que no le afecta a la industria y que no le
obliga a reformular, cómo se ha obligado a hacerlo en Chile, Perú y comienza a
hacerlo en Uruguay.
Los
intentos de bloquear la iniciativa no funcionaron en diputados y todo indica
que la sesión de Parlamento Abierto convocada en el Senado fue influida por la
industria para convertirse en un tercer intento.
¿Por qué
afirmar lo anterior? Contrario a los fines del Parlamento Abierto que busca la
transparencia para evitar la interferencia de Ios intereses ajenos al interés
público, la agenda de la sesión otorgó una sobre representación a la industria.
Está industria ha sido responsable de que durante años los consumidores nos
enfrentemos a un etiquetado frontal incomprensible y con criterios que
representan un riesgo a la salud, es la misma industria que se opuso a que se
regularán los alimentos y bebidas en las escuelas, que se opuso a las
recomendaciones sobre bebidas de la Secretaría de Salud, etc, etc.
Pero no
sólo fue el hecho de que en la sesión de Parlamento Abierto la representación
por sector fue totalmente desbalanceada a favor de la industria; lo más grave,
todo lo indica, fue la insistencia de llegar a un acuerdo para que la Comisión
de Salud de Diputados no lleve al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa
que ya ha aprobado, sin antes trabajarla en conjunto con la Comisión de Salud
del Senado. Sin duda, la propuesta está dirigida a bloquear la iniciativa que
sobrevivió al transitorio y a la otra propuesta de etiquetado de la industria
que quedó en el intento.
De lograr
su propósito, esta interferencia desde el Senado, con solo sugerir el cambio en
una oración en la iniciativa, la echaría para atrás, a qué tuviera que volverse
a votar en la Junta Directiva de la Comisión de Salud y después a una nueva
votación en la Comisión de Salud de diputados. Esto daría a las corporaciones
de la chatarra y las bebidas endulzadas más tiempo para interferir.
Lo
anterior se agudiza con trascendidos que son parte de la guerra sucia de esta
industria que invirtió millones de euros en el Parlamento Europeo para oponerse
a un etiquetado frontal de advertencia, de acuerdo al Observador Europeo de
Corporaciones. En el trascendido, aparecido en un medio de comunicación, se
dice que el Instituto Nacional de Salud Pública está tramando destituir al
actual Secretario de Salud, Jorge Alcocer. La buena relación entre el INSP y el
Dr. Jorge Alcocer es una relación que no se había establecido en las
administraciones anteriores en que la Secretaría de Salud estaba cooptada y al
servicio de la industria. De hecho, la anterior Secretaria de Salud tenía
vetado al INSP, una institución de investigación reconocida en toda la región
como una de las mejores, creada para dar al gobierno la evidencia científica
para el desarrollo de las políticas de salud pública. Al que parece ponerse en
riesgo con esta estrategia es al propio presidente de la Comisión de Salud del
Senado, al que ponen contra la propia Secretaria de Salud. La industria perdió
el control de esa Secretaria y piensa recuperarla a través de muy burdos
rumores.
Lo
interesante es que dentro del propio Senado la senadora Eva Eugenia Galaz ha
presentado una iniciativa que va en el mismo sentido que la iniciativa que ya
fue aprobada en diputados. Esa iniciativa cuenta ya con una veintena de firmas
de apoyo de otros senadores. La senadora Jesusa Rodríguez, es una de estas
senadoras que ha expresado su apoyo a la iniciativa del etiquetado de
advertencia y ha denunciado la interferencia de la industria en las discusiones
de las políticas de salud pública.
Es
importante que esta administración marque el cambio, que el presidente de la
Comisión de Salud del Senado no permita que la industria interfiera en las
políticas de salud pública, que no termine sirviéndola. Que se reconozca que la
iniciativa aprobada en diputados ha recibido la opinión favorable de la
Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía, el visto positivo de los
organismos de Naciones Unidas, del grupo de expertos de la academia y de la
sociedad civil.
En el
foro de Parlamento Abierto en el Senado quedó claro que los representantes del
ejecutivo, de la academia y de la sociedad civil, coincidimos en la necesidad
de un etiquetado como el aprobado en la Comisión de Salud de diputados
Sólo un sector se opuso, la industria,
la misma industria que ha estado en contra de todas las políticas de salud
pública que se recomiendan contra la obesidad, políticas que obligan a la
industria a cambiar sus prácticas, a desarrollar alimentos más saludables, con
menores cantidades de azúcar, sal y grasas saturadas, a poner en el mercado
alimentos menos procesados, como ya lo hacen en otras naciones.
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