Luciano Campos Garza.
La generosa pensión que le fue otorgada a María Teresa
Martínez Galván, suegra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El
Bronco”, fue restringida temporalmente mientras es efectuada una investigación
para determinar cómo ocurrió el repentino aumento de su salario, informaron activistas.
Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder (RQP), uno
de los organismos que impulsan una investigación por el incremento
aparentemente ilegal, explicó que el contralor saliente, Jesús Hernández, y
quien es su relevo, Gerardo Guajardo, le mostraron un oficio dirigido al
Isssteleón, organismo de seguridad social del estado, en el que se indica que
se le recortó la percepción a Martínez Galván mientras es realizada la
indagatoria.
Sin embargo, los funcionarios no proporcionaron
información sobre la cantidad que fue retenida, aunque el activista supone que
corresponde al incremento irregular que le fue otorgado poco antes de
pensionarse, para recibir, en el retiro, una cantidad mayor a la que debería,
lo que implica una ilegalidad que actualmente es investigada por la Fiscalía
Anticorrupción, la Unidad Anticorrupción del Gobierno y la misma contraloría
estatal, expuso.
Martínez Galván, suegra de “El Bronco”, estaba inscrita en la
nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con un sueldo de 28 mil
pesos, pero, repentinamente, en el mes de junio del 2018, registró un alza
hasta los 67 mil, lo que representó un inexplicable aumento del 133%, explicó
el activista.
Después, la trabajadora estatal tuvo otro aumento extra
del 5% para alcanzar los 70 mil pesos, lo que le permitirá gozar de una pensión
de 35 mil pesos mensuales cuando, con el sueldo ordinario, recibiría 14 mil.
“Le comentamos al Contralor que habría que ver con abogados
si un derecho como el de la pensión se puede suspender, porque nosotros no
estamos peleando que le quiten ese derecho a la señora, solo lo que no le
corresponde y lo que nos dijeron es que le habían recortado un porcentaje. Lo
que podemos presumir es que se le está reteniendo lo que se le entregó a partir
de los incrementos de sueldo que no debían, aunque el papel no decía eso”, precisó.
El vocero de RQP aclaró que la instancia investigadora
estatal cuenta con una herramienta legal para ordenar la supuesta retención del
incremento de la pensión, debido a la investigación que fue abierta sobre el
caso a partir del 1 de agosto.
“Nosotros fuimos el martes para demandar que fuera efectuada
una investigación y si ya la hicieron que nos dijeran la fecha del acuerdo, y
les dijimos que si no actuaban los podíamos denunciar a ellos, porque la nueva
ley dice que no pueden ser omisos. Fue entonces que nos mostraron el documento
de las investigaciones”, dijo.
Finalmente, Ramos señaló que el verdadero interés de los
denunciantes es conocer quiénes fueron los funcionarios de Seguridad Pública y
de la secretaría de Administración que autorizaron el incremento de sueldo y
saber si lo hicieron por presión o por dolo para que sean aplicadas las
respectivas sanciones pues, de otra forma, este esquema de corrupción se puede
repetir hasta el infinito.
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