Por Efrén Flores.
Rosario
Robles Berlanga, José Antonio Meade Kuribreña y Luis Enrique Miranda Nava
estuvieron al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el
transcurso de dos años (2015 y 2016) en que la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) halló 109 irregularidades que causaron probables daños a la
Hacienda Pública Federal, por un monto total de 2 mil 289 millones 066 mil
410.45 pesos.
Las
anomalías detectadas por la ASF incluyen algunas de las causas que llevaron a
Robles al penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, por el
“ejercicio indebido del servicio público” durante su periodo como Secretaria de
Desarrollo Social, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015.
En el
“auto de vinculación a proceso” de Rosario Robles (causa penal 314/2019) hay
mención de seis casos: subcontrataciones ilegales, contratación de empresas sin
capacidad técnica para ejecutar los servicios pactados, servicios convenidos no
efectuados, uso de recursos para fines distintos a lo acordado, falta de
cumplimiento de convenios y ejercicio deshonesto de recursos públicos.
Los
resultados de las cuentas públicas 2015 y 2016 incluyen, además,
irregularidades en los inventarios de la Sedesol y sus organismos dependientes,
falta de bienes adquiridos, pago a beneficiarios duplicados, no comprobados o
fallecidos, pagos excesivos e injustificados por honorarios, contratación de
servicios improcedentes y uso de recursos sin aprobación, justificación o con
falta de reintegro a la Tesorería de la Federación.
Aunque
algunos casos fueran solventados en los últimos cuatro años, el Poder Judicial
de la Federación reconoció que hubo perjuicios que pudieron ser prevenidos por
la Sedesol, pero que por omisiones o presunto encubrimiento, no fueron
evitados. Y en su causa penal 314/2019 indica que “no se requiere una
afectación al patrimonio”, sino que “basta con ponerlo en riesgo” para
constituir un “injusto penal”.
Como
garante del gasto público, Rosario Robles Berlanga fue juzgada por “tener
conocimiento” y “no evitar” la comisión de irregularidades, al no informar de
los hechos –con acto probatorio– al Presidente de la República.
La Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (ordinal cuarto fracción
VII, numeral 117 y los artículos 13, 17 y 61) señala que las dependencias de
gobierno tienen la obligación de rendir cuentas y efectuar medidas para
contribuir al equilibrio presupuestario y racionalizar el gasto, además de
informar a las autoridades acerca de cualquier infracción que implique
conductas sancionadas por la ley penal.
También refiere
(artículo 115) que las responsabilidades por actos u omisiones serán fincadas a
los ejecutores directos y “subsidiariamente”, a todos aquellos que por la
naturaleza de sus funciones “hayan omitido la revisión o autorizado tales actos
por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos”.
En ese orden
de ideas, Meade y Miranda podrían ser juzgados al igual que Robles y tener
que rendir cuentas por la comisión de ilícitos u omisiones.
El Poder
Judicial ya requirió a la Fiscalía General de la República (FGR) que determine
“si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña” por
las “mismas omisiones imputadas” a Robles, según la causa penal citada.
Sobre el
ahora Diputado federal Luis Enrique Miranda Nava, un hombre cercano al
Presidente Enrique Peña Nieto y al ex Gobernador mexiquense Arturo Montiel
Rojas, aún no pesa el escrutinio del Poder Judicial, pese y a que fue titular
de la Sedesol entre septiembre de 2016 y enero de 2018.
EL DAÑO AL
ERARIO.
Las 109
irregularidades detectadas por la ASF entre 2015 y 2016 podrían implicar
“delitos continuados” que iniciaron durante la administración de Robles y que
siguieron su curso –sin reporte a las autoridades jerárquicas superiores y/o
con posible encubrimiento– durante las gestiones de Meade y Miranda.
Entre enero
y junio de 2015, por ejemplo, tuvo lugar la firma de varios convenios de
“Infraestructura Social” y de “Servicios y Ayudas Sociales” con instituciones
educativas que generaron 1 mil 095 millones 454 mil 288.27 pesos en probables
daños a la Hacienda Pública Federal, según las auditorías 0-20100-02-0277
277-DS y 15-0-20100-12-1639 1639-DS.
Por un
lado, las universidades Intercultural del Estado de México (UIEM), Autónoma de
Zacatecas (UAZ) y Politécnica de Chiapas (UPC) subcontrataron “la totalidad de
los servicios convenidos con la Sedesol”, mientras que la ley vigente sólo
permite “terciarizar” hasta el 49 por ciento de las obras. Esta irregularidad
generó perjuicios equiparables a 316.3 millones de pesos.
Asimismo,
las universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y Autónoma de Chiapas
(UAC) “no acreditaron” haber realizado los trabajos para los que fueron
contratadas y generaron daños por 76.6 millones de pesos.
Por otra
parte, la UTN y las universidades Politécnica de Texcoco (UPT) y Tecnológica
del Sur del Estado de México (UTSEM) generaron perjuicios por 702.6 millones de
pesos en el “desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios”
en que “se observaron inconsistencias”, toda vez que “se comprobó que no
ejecutaron los servicios” y que, en lugar de ello, transfirieron los recursos a
seis personas físicas y 12 personas morales, “sin que existiera contrato o
constancia que justificaran las transferencias”.
En
consecuencia, la ASF determinó que hubo “falta de control y desvío en el uso
de los recursos públicos”.
Algunos
de estos convenios, aunque fueron firmados en tiempos de Rosario Robles,
continuaron su ejecución con José Antonio Meade a cargo de la Sedesol, entre
agosto de 2015 y septiembre de 2016.
A lo largo
del ejercicio presupuestario 2015, la Auditoría Superior también encontró
anomalías en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (instalación
de baños ecológicos, sistemas de agua pluvial y techos fijos) por un monto
superior a 499 millones de pesos, en que el uso “excesivo” de recursos,
materiales y de pagos por honorarios a personal contratado, además de los pagos
“improcedentes” y a beneficiarios “duplicados”, fueron comunes.
Las
anomalías en los programas de Comedores Comunitarios, Coinversión Social, de
Fomento a la Economía Social, de Opciones Productivas, 3×1 para Migrantes y
otros Servicios y Ayudas Sociales causaron probables daños por 254.2 millones
de pesos, relacionados con pagos y servicios no comprobados, excesivos y/o
justificados, falta de bienes y/o servicios adquiridos, transacciones con cheques
no acreditadas, entre otros.
En el
caso del Seguro de Vida para Jefas de Familia hubo daños de 56 millones de
pesos, por el uso no comprobado de recursos, pagos “en demasía” a
beneficiarios, personal contratado por honorarios y a “jefas de familia
fallecidas” que “no se identificaron”. Asimismo, la Auditoría de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones arrojó irregularidades no solventadas por 67.9
millones de pesos.
ROBOS
CONTINUOS.
La UAZ,
que en 2015 realizó subcontrataciones ilegales por más de 131.8 millones de
pesos, reapareció en las observaciones de la ASF por un posible perjuicio a la
Hacienda Pública Federal de más de 28.4 millones de pesos relacionados con el
pago de “servicios improcedentes”, contratación de servicios injustificados no
comprobados y prestación de servicios que no acreditaron su contribución para
el cumplimiento de los objetivos del convenio.
Un ejemplo
de ello es lo plasmado en la auditoría 16-0-20100-02-0259 259-DS, misma en que
se lee:
“Se
presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal
por un monto total de 6 millones 623 mil 909.45 pesos, por concepto del pago de
servicios improcedentes efectuados por la Universidad Autónoma de Zacatecas
‘Francisco García Salinas’ (UAZ) a un prestador de servicios, en razón de que
tales servicios estaban destinados para dar cumplimiento del contrato suscrito
el 30 de noviembre de 2016 entre la UAZ y el prestador de servicios, no
obstante [que] la UAZ ya había entregado el producto de dichos servicios a la
Secretaría de Desarrollo Social el 31 de octubre de 2016”.
Estas
anomalías sucedieron entre las administraciones de José Antonio Meade Kuribreña
y de Luis Enrique Miranda Nava, un año después de que la UAZ fuera objeto de
observaciones de la ASF por presuntos desvíos de recursos relacionados con lo
que sería llamada la “Estafa maestra”, que fue realizada por medio de convenios
entre universidades, empresas, la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para simular la adquisición de bienes y
servicios.
Según las
declaraciones de dos ex titulares de la Unidad de Políticas, Planeación y
Enlace Institucional de Sedesol y Sedatu, José Antolino Orozco Martínez y María
del Carmen Gutiérrez Medina, Rosario Robles tenía conocimiento de estos
presuntos desvíos. Y de acuerdo con Robles, ella dio parte de los hechos al
Presidente Enrique Peña Nieto y a José Antonio Meade Kuribreña.
Si Meade
y Miranda –a través de la ASF o de sus predecesores en el cargo– conocían los
hechos detectados por la Auditoría Superior y no impidieron e informaron acerca
de la comisión de irregularidades, habrían violado la normatividad en curso e
incurrido en un “injusto penal” por poner en riesgo el patrimonio público, por
lo que podrían ser juzgados –como en el caso de Robles– por encubrimiento y
“delitos continuados”.
La Ley
General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 62 que
“será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el
ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren
constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para
su ocultamiento”.
La Cuenta
Pública 2016 refiere que durante el ejercicio de ese año fiscal hubo
irregularidades en Sedesol por 316 millones 531 mil 953.27 pesos, relacionados
con Diconsa, la Pensión para Adultos Mayores y las Erogaciones por Servicios.
También hubo anomalías presupuestarias relacionadas con los programas de Empleo
Temporal y de Empleo Temporal Inmediato, de Estancias Infantiles para Apoyar a
Madres Trabajadoras y de Fomento a la Economía Social.
Entre las
irregularidades detectadas estuvieron “mermas” y “quebrantos” injustificados,
fallas en los inventarios de los organismos desconcertados de Sedesol, uso
excesivo, no comprobado o no aprobado de recursos, así como proyectos no
aprobados, comprobados, ejecutados, justificados y/o reintegrados a la
Tesorería de la Federación y pagos a personas difuntas y beneficiarios no
acreditados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.