Por Daniela
Barragán.
El hijo
de uno de los Subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), es
el segundo hilo de conexión en esa dependencia federal con el despacho de quien
fuera la Contralora de Carlos Salinas de Gortari cuando el priista fue
Presidente de México: María Elena Vázquez Nava.
El maestro Roberto
Salcedo Aquino, quien es Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión
Pública de la actual SFP, omitió poner en su declaración de conflictos de
interés que actualmente su hijo, Armando Salcedo Cisneros, trabaja en el
despacho Vázquez Nava y Asociados, que la ex Contralora fundó cuando dejó su
cargo en el Gobierno de Salinas de Gortari.
El otro
caso es el de Tania de la Paz Pérez Farca, Subsecretaria de la SFP y quien es
la encargada de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y
quien, previo a este puesto público, fue asociada senior del despacho Vázquez
Nava y Consultores.
Estos dos
funcionarios federales son entonces los incondicionales dentro de la
dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
El
despacho de Vázquez Nava –ex Contralora General de la Federación– se especializa en el área de
transparencia, rendición de cuentas, cierres de administración, evaluación de
políticas públicas, contratación pública, financiamiento público y proyectos de
energía e infraestructura.
POSIBLE
CONFLICTO DE INTERÉS.
En mayo de
2018, SinEmbargo publicó que tan solo un año después de que María Elena
Vázquez Nava dejó el Gabinete de Carlos Salinas de Gortari, fundó Vázquez Nava
y Consultores, despacho que se mantiene en operación hasta la fecha.
Vázquez
Nava, quien fue
titular de la Contraloría General de la Federación de 1988 a 1994, fundó en
1995 el Despacho especializado el desarrollo y estructuración de proyectos. De
acuerdo con su portal en Internet, proveen “las mejores prácticas de
transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción”.
En esa misma
página, en el apartado de “Historia” se puede leer que desde mayo de 2016,
la firma promovió a dos nuevos socios, “Vangeli Psihas Smith y Armando Salcedo
Cisneros (hijo del Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública
de la actual SFP), los cuales destacan por su experiencia en la estructuración
de macro proyectos de infraestructura y de energía, así como en asuntos en el
ámbito legal, social y administrativo, incluyendo la transparencia y rendición
de cuentas, la reingeniería y cierres de administración, entre otros”.
En el
Registro de Servidores Públicos de la misma SFP, Roberto Salcedo en su
declaración aceptó hacer públicos sus posibles conflictos de interés pero dijo
no tener ninguno, a pesar de que el Despacho Vázquez Nava, y el área en la que
está Armando Salcedo, trabaja directamente con observaciones hechas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), que son materia también de la SFP.
Conforme al
artículo 3 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deberá
entenderse por conflicto de interés: “La posible afectación del desempeño
imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de
intereses personales, familiares o de negocios.”
En el mismo
artículo se establece que todo servidor público deberá “excusarse de
intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención,
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar
o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio
para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto
grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que
el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado
parte”.
Los
servicios principales que ofrece el despacho son de libros blancos,
transparencia y rendición de cuentas, control y evaluación de la gestión
pública, reingeniería de procesos, asesorías de contratación pública, diseño y
evaluación de políticas públicas y auditorías de desempeño.
De acuerdo
con el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la Función Pública, la
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública –área de la que es
titular Roberto Salcedo– es la responsable de planear y evaluar mediante la
práctica de auditorías con un enfoque preventivo y propositivo, que los
objetivos y metas de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, Procuraduría General de la República y fideicomisos se logren.
También debe
promover la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción; evaluar
las funciones de auditoría y control que desarrollan los Órganos Internos de
Control (OIC’s) en dichas instituciones gubernamentales y de realizar la
fiscalización, verificación y evaluación de los recursos federales transferidos
a los 31 estados de la República Mexicana y sus municipios.
Hay un
documento del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que es la “Evaluación del
Desempeño” de los Fondos y Programas de Inversión Transferidos al Estado en el
ejercicio fiscal de 2017. Dicha evaluación fue realizada por el Despacho
Vázquez Nava y el Coordinador de la Evaluación es Armando Salcedo Cisneros.
Luego de
tomar el puesto en la SFP, Salcedo Aquino dijo que dentro de la SFP habrá
dos subsecretarías: la primera buscaría evitar que se evadan los controles
pues, reconoció, siempre hay quien busca darle la vuelta a la norma, y la
segunda, actuaría para castigar a quienes ya hayan conseguido evadir los
controles.
En marzo de
este año, SinEmbargo publicó que en la otra Subsecretaría de la SFP, está
Tania de la Paz Pérez Farca, quien fuera asociada senior de la empresa Vázquez
Nava y Consultores, pero es ahora la encargada de una de las oficinas con más
importancia en cuanto a la revisión y gerencia de las compras del Gobierno de
México.
Entre las
tareas de la ahora funcionaria, está emitir criterios de interpretación y de
proporcionar asesoría en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras
públicas, contrataciones y designación de testigos sociales.
A través de
la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, la funcionaria se hace
cargo de propiciar las mejores condiciones en las contrataciones públicas, de
hacer eficientes, económicas, transparentes y honradas y opera el sistema
Compranet, mediante el que se realizan los procedimientos de contratación.
CONTRATOS DE
LA EX CONTRALORA.
En los
últimos 12 años, el
despacho de la economista y actual Presidenta del Patronato de la UNAM, ha
conseguido 38 contratos por parte de los gobiernos federales en turno, por un
monto de 244 millones 009 mil 174 pesos.
Conocedora
de las leyes y reglamentos de obra pública y de adquisiciones –porque participó
en su elaboración desde el Gobierno federal–, Vázquez Nava –quien se
caracteriza por su discreción y por no figurar en los medios, ni siquiera en registros
fotográficos– no fue a concurso por ninguno de esos 38 contratos, ya que se
le otorgaron por la vía Adjudicación Directa o por el rubro de Invitación a
cuando menos Tres Personas. Los datos citados comienzan en 2006, ahí empieza el
registro de contratos en Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Los
contratos más recientes de los que se hizo el despacho fue durante la
construcción del NAIM. Desde 2013, ha recibió tres contratos por un monto total
de 119 millones 835 mil pesos. Por ninguno de los tres tuvo que concursar, ya
que dos de ellos se le entregaron por Invitación a Tres personas y uno más fue
por Adjudicación Directa.
Actualmente
es presidenta del Patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
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