Por Dulce Olvera.
Mientras que a petición de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), el Congreso de la Unión crea por mandato judicial parámetros
para fijar el salario del Presidente de la República, en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 se propone que los
ministros del más alto tribunal del país, los consejeros de la Judicatura, los
magistrados de circuito, los jueces de distrito, y los magistrados del Tribunal
Electoral sigan con remuneraciones mayores a las de Andrés Manuel López
Obrador, quien los ha señalado por suspensiones o resoluciones recientes en
torno al aeropuerto de Santa Lucía y el caso Ayotzinapa, entre otros.
Luego de la reforma realizada en abril, el artículo 6
de la Ley Federal de Remuneraciones expone que ningún servidor público recibirá
una remuneración por su cargo mayor a la establecida para el Presidente de la
República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El PPEF de 2020 propone 2 millones 400 mil 118 pesos
anuales brutos al Jefe del Ejecutivo, aún sin considerar impuestos, frente a
los 3 millones 754 mil 362 pesos anuales netos para cada uno de los 11
ministros de la Suprema Corte, entre ellos el presidente Arturo Saldívar Lelo
de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa y el controvertido Eduardo Medina Mora, ex
colaborador cercano de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón
Hinojosa.
También se proyectan 3 millones 094 mil 217 pesos anuales
netos para los 915 magistrados de circuito; 2 millones 805 mil 842 pesos
anuales netos a los 618 jueces de distrito; y 3 millones 782 mil 668 pesos
anuales netos para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Luego de las impugnaciones presentadas contra la Ley
Federal de Remuneraciones, el pleno de la Suprema Corte invalidó el artículo 6
y 7, y ordenó al Congreso de la Unión reformar parámetros y lineamientos para
fijar el salario del Presidente, por ser la referencia para el resto de los
funcionarios públicos. Esta semana, la cabeza de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, Laura Rojas, expuso que están obligados bajo mandato judicial.
“Lo más importante no es que en este Proyecto de
Presupuesto aún veamos estas diferencias salariales, lo que está pendiente es
la discusión seria de cuánto debería ganar el Presidente, y no a partir de su
voluntad de la mitad de su antecesor, lo cual es completamente discrecional.
Es trabajo de la Cámara de Diputados tomarse en serio
lo que ellos mismos aprobaron la Ley de Remuneraciones”, afirmó Javier Martín Reyes,
investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE).
“Y la Constitución también dice que el salario de los
ministros, magistrados y jueces no puede ser disminuido durante su encargo. Son
dos normas que deben hacerse compatibles”, agregó. “Tenemos muchos amparos que
no se han terminado de resolver”.
De acuerdo con la estrategia programática del Proyecto de
Presupuesto para el Poder Judicial, para el ejercicio fiscal 2020 los
servicios personales presentarán un incremento de únicamente el 1 por ciento en
términos reales respecto al Proyecto del 2019, ascendiendo a 51.4 mil millones
de pesos.
“No se otorgará aumento salarial a jueces,
magistrados, consejeros, ni mandos medios y superiores. Solo se prevé aumento
salarial para el personal operativo”, precisa.
LA REFORMA AL PODER JUDICIAL.
La estrategia programática del PPEF 2020 del Poder Judicial
documenta que se ha aplicado “con rigor” el sistema de sanciones combatiendo
frontalmente la corrupción desde el interior. En lo que va del 2019, han sido
sancionados más de 50 servidores públicos, dentro de los cuales se han impuesto
17 destituciones y 11 inhabilitaciones. Además, se han dictado sanciones
económicas cuyo monto acumulado asciende a más de 53 millones de pesos.
No obstante, derivado de la liberación de Gildardo
Astudillo, “El Gil”, uno de los supuestos implicados en la desaparición de los
43 normalistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sugerido emprender
una reforma de fondo al Poder Judicial –compuesto por la SCJN, el Consejo de la
Judicatura y el Tribunal Electoral– y a la Fiscalía General de la República
(FGR), porque antes “se pasaban años” sin destituir a un Juez o Magistrado y
“estaba ahí de florero” el Consejo de la Judicatura pese a los “jueces a modo”.
Sobre los amparos contra el proyecto aeroportuario en Santa
Lucía promovidos tanto por pueblos originarios de Tecámac y Zumpango, Estado de
México, como por la sociedad civil, ha dicho que “es un asunto de nuestros
adversarios, es un capricho de Claudio X. González y su grupo
[#NoMásDerroches]”.
“Si los jueces siguen dejando en libertad a presuntos
delincuentes, vamos a seguir insistiendo en que debe de reformarse el Poder
Judicial con todo respeto”, afirmó el 12 de septiembre en conferencia matutina.
“Le tengo confianza a los titulares, lo que pasa es que son instituciones que
se han venido echando a perder porque había impunidad, influyentismo,
amiguismo, nepotismo, corrupción”.
A estas acusaciones se sumó las del sábado pasado del
Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien señaló al Juez Primero
de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, de interpretar
“con mucha laxitud la ley” y de no impartir justicia luego de dictar la
liberación de 24 personas detenidas por su posible participación en la
desaparición forzada de los 43 normalistas, lo cual acumula 77 liberaciones de
las 142 personas privadas por su libertad.
El analista en temas jurídicos del CIDE, Javier Martín Reyes,
dijo que estas declaraciones en contra del Poder Judicial se dan “precisamente
cuando se toman decisiones que a la administración no le gustan”.
Por ejemplo, la resolución dictada contra la Ley de
Remuneraciones, las suspensiones que han otorgado los jueces de distrito
relacionadas con el proyecto del Aeropuerto en Santa Lucía, que pueden estar
reflejando que la administración no ha cumplido con todos los requisitos que
marca la ley para poder realizar esta obra; y estas últimas declaraciones del
subsecretario de Gobernación, enlistó.
No obstante, para Reyes, quien trabajó en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta reforma al Poder Judicial
planteada –que sustituiría la de 1994– debe resolver los problemas
estructurales como el nepotismo, los procesos de selección de jueces y la
disparidad de género, “y no que sirva solo para amenazar o amedrentar la
independencia de la Judicatura y que salga del Poder Ejecutivo, y no de medidas
internas. El riesgo es que la reforma se pueda utilizar como un elemento de
presión o chantaje político para que los jueces se alineen con las preferencias
de la administración en turno”.
El académico del CIDE explicó que aunque es posible que en
algunos casos los jueces hagan una mala valoración de las pruebas y haya
errores, donde hay problemas estructurales claros es en los policías y los
ministerios públicos.
“El trabajo de los policías y el Ministerio Público es armar
investigaciones y judicializarlas, y que sean lo suficientemente sólidas para
que no quede duda de la culpabilidad de las personas que están siendo señaladas
como responsables. Si no, no le podemos echar la culpa a los jueces si ellos
analizan las pruebas sin elementos suficientes para llegar a la convicción de
que son culpables o con indicios de tortura”, afirmó.
El subsecretario Encinas anunció a principios de mes que
harán ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura
los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de
los funcionarios de la Fiscalía y de los jueces del Poder Judicial federal,
para deslindar las responsabilidades en estos casos de liberaciones en torno al
caso de Ayotzinapa.
El Poder Judicial de la Federación propuso para 2020 una
asignación de 68 mil 632 millones 500 mil pesos de presupuesto, un aumento del
4.8 por ciento equivalente a 3 mil 066 millones 100 mil pesos frente a 2019.
La solicitud del aumento se justifica por la suma de
actividades como la resolución de los Conflictos de Trabajo que se susciten
entre trabajadores y patrones por parte de los Tribunales del Poder Judicial de
la Federación, la modificación al artículo 19 constitucional que amplía el
catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva como corrupción, las
reformas constitucionales y legales en materia de extinción de dominio y
prisión preventiva, la implementación del nuevo sistema de justicia para
adolescentes, y el proceso electoral federal intermedio 2020-2021 en septiembre
del próximo año.
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