Raymundo
Riva Palacio.
En la
política todo está vinculado, hasta lo que no está. Soslayarlo puede reabrir
las heridas y dividir. Esto sucedió la semana pasada, donde la conmemoración
luctuosa por el asesinato de don Eugenio Garza Sada, un empresario ejemplar que
le dio fuerza moral y dirección a los industriales en Monterrey, la acompañó
Pedro Salmerón, hasta ese momento director del Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México, con un mensaje en Facebook donde
elogió a Garza Sada y explicó el contexto social y político de aquellos años de
febril actividad guerrillera, llamando a sus asesinos “jóvenes valientes”. Esas
palabras, sacadas de contexto, pero desafortunadas al no tomar en cuenta el
entorno polarizado e irracional que se vive, desataron una polémica encendida.
El asesinato
de Garza Sada no enorgullece a la izquierda, aunque en ella se refugió Salmerón
para ocultar su poco tacto político y fugarse hacia delante, al decir que era
la extrema derecha fascista quien lo atacaba. Salida fácil y hueca, como las
que hoy abundan. Este tema no está resuelto. María de los Ángeles Magdaleno,
recordó en un ensayo en el número 99 del Boletín de Investigaciones Históricas
de la UNAM en la primavera de 2014, que el Partido Comunista había calificado a
la Liga Comunista 23 de Septiembre, la de los “jóvenes valientes” que
asesinaron a Garza Sada, como “un grupo manejado por la ultraderecha, sin
ninguna ideología revolucionaria”, lo que de otra forma documentó el periodista
Jorge Fernández Menéndez en 2006 con su libro Nadie supo nada, donde demuestra
que el gobierno del presidente Luis Echeverría supo con bastante tiempo de
antelación que se planeaba el secuestro del empresario –tenía un informante,
Leonel, en la célula que lo planeó–, sin que hiciera nada por impedirlo.
El asesinato
de Garza Sada está profusamente documentado en los expedientes de la extinta
Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación. Está también
la génesis de la Liga Comunista 23 de Septiembre, su desarrollo, sus planes y
sus fracasos. En el expediente 11-235-74 H250 L-11 figuran las declaraciones de
Ignacio Arturo Salas Obregón, primer líder de esa guerrilla. La LC23S se fundó
el 15 de marzo de 1973 en la casa del dirigente del Frente Estudiantil
Revolucionario, Fernando Salinas Mora, El Richard, en Guadalajara, y según las
declaraciones de Salas Obregón, “desde la primera reunión se planteó la
necesidad de efectuar el secuestro de alguna persona importante para obtener
una fuerte cantidad de dinero y la liberación de compañeros presos en
diferentes cárceles”. Posteriormente se determinó que la víctima sería Garza
Sada, haciendo a un lado otra víctima potencia, Eugenio Garza Lagüera.
No parece
fortuito que hayan pensado en un empresario de Nuevo León. Salas Obregón
estudió en Monterrey y, paradójicamente había estado en un instituto que
recibía apoyo financiero de quien fue víctima. Ahí conoció a Raúl Ramos Zavala,
quien tenía la idea de unificar a todos los grupos armados, objetivo que no vio
porque fue abatido en un enfrentamiento en 1972, pero que lo introdujo con
quien sería uno de los jefes de la célula que realizó el atentado. Salas
Obregón declaró que “asesoró y supervisó” los planes del secuestro, pero
admitió que su ejecución recayó en los responsables del Comité Coordinador
Zonal, Jesús Piedra Ibarra –hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra–, José Ángel
García Martínez, y Javier Martínez Torres, quien ejecutó al chofer y al
ayudante de don Eugenio cuando defendieron al empresario, y que también murió
en el atentado. Los otros autores materiales del asesinato, según el Expediente
11-235 L-31 H 240-254, fueron Anselmo Herrera Chávez, que murió durante el
ataque; Elías Orozco Salazar, que fue procesado en Monterrey; Edmundo Medina
Flores, e Hilario Juárez García, que escaparon. Salas Obregón y Piedra Ibarra
fueron detenidos más adelante por la DFS, y desde entonces están desaparecidos.
De acuerdo
con Salas Obregón, interrogado por la DFS, se iba a pedir como rescate de Garza
Sada la liberación de todos los presos que pertenecían a la LC23S, que se les
proporcionara un avión para salir de México, y cinco millones de pesos en
dólares, que acompañarían con la exigencia de la publicación de las bases
fundamentales de la guerrilla, un llamamiento a obreros, campesinos y
estudiantes, así como una huelga general. Eso no sucedió, como tampoco tendrían
éxito final en su objetivo de cambiar el régimen por las armas. Como escribió
Magdaleno en su ensayo, “los militantes de la LC23S y otros grupos, integraron una
guerrilla que retó militarmente al Estado y éste casi los aniquila”.
El Estado lo
encabezaba el presidente Echeverría, quien de acuerdo con el Expediente
11-219-972 de la DFS, consintió el asesinato. Al día siguiente del atentado,
los empresarios del Grupo Monterrey publicaron un desplegado en el periódico
local Tribuna, donde preguntaban: “¿Hacia dónde nos llevan nuestros políticos
demagogos que cada vez vociferan y alardean de los sistemas comunistas? ¿Por
qué aguantarnos asaltos, robos, asesinatos y terrorismo?”. Los empresarios
tildaban de “populista” a Echeverría y el presidente los veía como sus
enemigos. Doscientas mil personas acudieron al funeral, y ahí, en su cara, le
gritaron “asesino”. Rogelio Garza Zambrano, sobrino de don Eugenio, político y
empresario, dijo años después: “Echeverría no jaló el gatillo, pero ese crimen
fue fruto de su retórica seudorevolucionaria”.
Los abusos
fueron de las dos partes. La guerrilla, cuyas tácticas produjeron más
secuestros y asesinatos, y el gobierno, que desató una feroz guerra sucia
contra las guerrillas, donde murieron decenas, quizá cientos de ellos, pero
también arrasaron con personas inocentes. Ese capítulo no ha sido cerrado
políticamente, y el tropiezo de Salmerón abrió involuntariamente la oportunidad
que, lamentablemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no aprovechó.
De ello hablaremos mañana.
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