Arnoldo Cuellar.
Los panistas de Guanajuato están indignados porque el nuevo
Gobierno federal ha recortado recursos para inversión en infraestructura y en
programas en la entidad que han gobernado por ya casi tres décadas.
Incluso, los actuales responsables de las instituciones
estatales han logrado contagiar a sectores de la sociedad con este reclamo. La
consigna es “AMLO discrimina a Guanajuato”.
Durante años, los gobiernos panistas presumieron su
autarquía. Fox creo instituciones estatales que le competían a la federación,
como la Cofoce y fue exitoso, aunque a la vuelta de los años se haya
burocratizado y caído en la intrascendencia.
Autarquía = Sistema económico en el que un estado se abastece
con sus propios recursos, evitando en lo posible las importaciones.
Aquí se realizó una cumbre mundial de líderes adornada por la
presencia del ya entonces periférico ex premier soviético Mijaíl Gorbachov.
Aquí se potenció la atracción de inversiones hasta convertirla en una potente
locomotora que arrastró a la industria tradicional de Guanajuato; aquí se
evolucionó en el cultivo el campo, potenciando un capitalismo exportador
exitoso.
Con ese vuelo, Fox no sólo pasó surfeando por la realidad
de Guanajuato, sino que el impulso le alcanzó para vender la ilusión de una
transición que nunca ocurrió y que sólo quedó en una alternancia sin matices
profundos.
Los doce años de gobiernos panistas fueron bien aprovechados
por Guanajuato para crear infraestructura: Polifórum, Puerto Interior, nuevas
vías carreteras y más industria manufacturera de capital importado.
Hoy nos enteramos, sin embargo, que todo ese milagro
económico sigue siendo enormemente frágil y dependiente de las asignaciones
discrecionales del Gobierno federal. La autarquía de Guanajuato sólo es una
imagen de calendario.
Si Jalisco no nos da agua, el crecimiento se frena.
Si el nuevo Gobierno de la República no mantiene los ritmos
de aportaciones de los gobiernos anteriores, de PAN y PRI, las cosas se ponen
color de hormiga.
Si no llegan el ejército y la marina, los cárteles locales
crecen como la espuma y actúan en la impunidad.
Aparece así un doble discurso. Guanajuato se merece todo,
pero no está obligado a dar nada.
Por ejemplo, aquí hace años que no hay división de
poderes. La promesa panista de más democracia se diluyó en una imitación cada
vez más cínica de los vicios priistas. El poder Legislativo es una oficina de
partes del Ejecutivo, como en la época de sátrapas estilo Luis Ducoing. El
Poder Judicial está dominado por una mafia panista y su titular se elige
después de un dedazo del Gobernador, como saben todos los magistrados, jueces y
litigantes.
La oposición se negocia con cañonazos que implican dinero o
cargos públicos y los debates en el congreso que tengan un interés genuino para
los ciudadanos brillan por su ausencia.
La corrupción campea y no se combate ya ni de palabra.
Contraloras como Isabel Tinoco o Marisol Ruenes enfrentan la corrupción con
cursos de capacitación y buenos deseos: el Auditor Superior es compadre de los
principales funcionarios a los que debería observar y tiene su corazoncito
puesto en el PAN.
Los municipios se despachan con la obra asignando a parientes
de funcionarios, como en Silao; o pidiendo moches como lo saben todos los
constructores que no denuncian por no enfrentar el veto.
En el colmo de colmos, la Procuraduría de los Derechos
Humanos fue entregada a un grupo político que se desvanecía en la
intrascendencia, por la preocupación de Miguel Márquez de que no le “dieran
lata” desde esa trinchera. Ni el PRI se atrevió a tanto en el ámbito federal.
El chambismo se ejerce sin decoro. Este mes se entregó la titularidad
del sistema estatal de protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, a una excandidata panista que perdió su elección, con escasa o
nula experiencia en el tema. Como contexto hay que decir que Guanajuato tiene
la nada honrosa distinción de ser la entidad con más muertes dolosas y culposas
de menores de edad en 2019.
Sin embargo, el tema para el Gobierno, los líderes
empresariales y los medios de comunicación, no es como hacer de Guanajuato un
mejor estado, sino como encontrar la manera de culpar a otros de los fracasos
propios.
Guanajuato puede enfrentar riesgos si se reducen los recursos
de la federación, pero también lo hará si no corrige muchos de los vicios
acumulados por el esquema de gobernanza panista que se ha consolidado hasta
casi borrar al resto de las opciones.
Y a la vista están las pruebas: crecimiento de las zonas
de marginación pese a la bonanza fabril; aumento exponencial de la
delincuencia, pese al largo reinado del procurador-fiscal; contaminación
galopante, pese a estrenar secretaría del medio ambiente; peligro de recesión,
por la dependencia del modelo exportador basado en manufacturas automotrices.
Guanajuato ha crecido económicamente de la mano del PAN,
pero se ha estancado en progreso democrático y en distribución de la riqueza.
Las fallas del proceso nos han explotado entre las manos y de nada nos sirve
repuntar en ciertos indicadores cuando se desploman los más relevantes, los que
tienen que ver con la tranquilidad de las personas.
DE NO DAR CRÉDITO.
Leo y releo la demagógica carta de la vocera de seguridad
Sophia Huett en el diario Milenio y no puedo creer que hayamos llegado a esto:
utilizar la muerte de un joven que nada tenía que ver en un hecho delictivo con
una insultante intención de propaganda política.
Hay que estar muy desesperados para hacerlo.
La vocera de seguridad “ciudadana” designada por Diego Sinhue
dice cosas como esta: “Cuando se supo la noticia, se destacó que eras
originario de la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán
y que contrario a lo que se pudiera imaginar en una fácil conclusión del caso,
eras un joven de bien.”
¿De quién sería la “fácil conclusión”? ¿Quién está pensando
que todos los habitantes de Santa Rosa de Lima son criminales? ¿Acaso el estado
que ha convertido esa ranchería y dos más aledañas en verdaderas aldeas
estratégicas?
Huett, junto con el resto del Gobierno deberían estar
trabajando para que Guanajuato salga del agujero al que lo metieron muchos de
los funcionarios encumbrados en altas responsabilidades, no tratando de ganar
simpatías con homenajes póstumos que bien podrían evitarse si el crimen y la
violencia se enfrentaran con políticas públicas y no con demagogia.
Querer homenajear a alguien que muere por que no estás
haciendo bien tu trabajo suena a hipocresía y quererlo hacer para ganar puntos
de imagen es una terrible deshonestidad.
Así anda el Gobierno, al garete y sin timón, cuando quienes
deben redoblar esfuerzos para enfrentar graves problemas, se dedican a dorar
píldoras que nadie se va a tragar.
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