Julio Astillero.
Luego de las
tolvaneras que en las élites partidistas opositoras generó el mensaje político
del primer-tercer Informe de Andrés Manuel López Obrador, al declarar a sus
adversarios moralmente derrotados, quedaron sobre la mesa dos temas que podrán
ser de larga duración: la guardería ABC y la casa blanca.
A reserva de
conocer la profundidad de esas reactivaciones judiciales y administrativas, y
los niveles a los que podrían llegar los eventuales castigos, resulta
interesante la decisión de órganos obradoristas, que no se mueven sin la
voluntad superior, de airear expedientes que parecían estar beneficiados por la
política de amnistía que anunció López Obrador como candidato y que practica
como titular de la Presidencia de la República.
El primero
de los casos se refiere al incendio sucedido en la guardería ABC el 5 de junio
de 2009 en Hermosillo, Sonora. Murieron 49 infantes y más de un centenar sufrió
heridas; la mayor edad de los pequeños era de cinco años. El terrible dolor
derivado de esa tragedia se multiplicó al comprobar los familiares de esos
niños que en torno a los hechos se tendía un manto de protección desde el
gobierno estatal priísta, a cargo de Eduardo Bours, y desde Los Pinos, donde
residían Felipe Calderón y Margarita Zavala.
Los
concesionarios de la guardería, operada conforme a reglas del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), pertenecían a la élite socioeconómica
sonorense y, en esa condición, fueron apoyados por sus amigos o parientes en
las administraciones gubernamentales mencionadas. En particular, destacó la
salvaguarda no oficial extendida a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo
Tonella, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo.
Ayer, el
presidente López Obrador tuvo una reunión a puerta cerrada con uno de los
grupos de familiares de los niños muertos o heridos. El director del IMSS, Zoé
Robledo, detalló que habrá atención y apoyo especiales. Y se anunció que se
ampliará la denuncia presentada por el antecesor de Robledo, Germán Martínez
(quien fue operador y gran defensor de Felipe Calderón), para que alcance a
otros particulares. En especial, se espera que las nuevas averiguaciones
lleguen hasta el ex gobernador Bours y los concesionarios hasta ahora impunes,
con la prima Gómez del Campo entre ellos.
Por otra
parte, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval
Ballesteros, informó que ha presentado ante la Fiscalía General de la República
(FGR) 33 denuncias de hechos presuntamente constitutivos de delitos
relacionados con la corrupción gubernamental. Entre ellos, lo relativo a la
casa blanca, adquirida por Angélica Rivera Hurtado, entonces esposa de Enrique
Peña Nieto, en un contexto ampliamente indicativo de aprovechamientos indebidos
de la relación con un contratista (del grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa)
con EPN.
Es plausible
la voluntad de la administración encabezada por López Obrador de reabrir
expedientes de tal magnitud. Sin embargo, ha de verse si la FGR decide actuar
contra los presuntos responsables y cuál será el nivel político de quienes
fueran así alcanzados. El director del IMSS ha dicho que el Presidente de la
República pidió no politizar el caso de la guardería ABC. Es un pedimento
infundado: ese tema es absolutamente político y no requiere ser politizado. El
punto será si se zarandearán los apellidos Calderón y Zavala Gómez del Campo
pero las eventuales sanciones quedarán en terrenos menores.
Igual
sucedería con el tema de la casa blanca si todo queda a niveles por debajo de
Peña Nieto y Angélica Rivera. El secretario pelele que nombró EPN para
exonerarlo a él y a su esposa fue Virgilio Andrade, quien podría ser utilizado
como figura expiatoria. AMLO dijo que no se desgastaría tratando de hacer
justicia viendo al pasado. ¿Qué se busca, entonces, reactivando expedientes de
ese pasado? ¿Habrá peces gordos, charales o sólo maniobras judiciales,
mediáticas y tempranamente electorales para disfrute de la tribuna?
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