Por Efrén
Flores.
Gerardo
Ruiz Esparza es el escalón más alto en una trama de presunta corrupción en la
SCT. Durante el sexenio pasado, la ASF encontró más de 16.5 mil millones de
pesos en irregularidades no solventadas, ya fuera por actos u omisiones que
fueron maquinados desde la base hasta la punta de la escalera burocrática.
Además de
Ruiz Esparza, cuando menos 89 funcionarios relacionados con su
administración (2012-2018) fueron probables responsables directos o indirectos
de las anomalías halladas por la ASF, en 251 auditorías realizadas entre 2014 y
2018.
Por un lado están
17 funcionarios y ex funcionarios que ocuparon los principales cargos
directivos de la SCT. Esto es de especial relevancia si tomamos en
consideración que las decisiones de los directivos en la SCT están presentes
“en prácticamente todas las etapas” del ciclo de inversión de los proyectos de
obra pública, de acuerdo con un análisis de 2018 sobre la estructura de la SCT,
realizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la
empresa IDOM Ingeniería.
Entre los 17
está un ex coordinador de Centros SCT en los estados de la República
Mexicana; siete ex subsecretarios, dos de Infraestructura, dos de Transporte y
tres de Comunicaciones; un ex Coordinador General de Puertos y Marina Mercante;
un ex Oficial Mayor y un ex titular del Órgano Interno de Control de la SCT,
además de seis ex directores generales, dos del Instituto Mexicano del
Transporte (IMT), dos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano, así como dos de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones
(hoy IFT).
Al menos ocho
de esos 17 funcionarios y ex funcionarios públicos fueron señalados entre 2013
y 2018 de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia
administrativa.
Entre ellos
destaca el caso de Raúl Murrieta Cummings. En 2015, el otrora Subsecretario de
Infraestructura (2012-2016) fue denunciado por el titular del Corporativo de
Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños. De acuerdo con Luis Alberto
Ramírez Colmenares, Murrieta Cummings habría protegido a funcionarios federales
que cobraban anticipos (15 por ciento) sobre el valor de diversas obras
públicas, con la finalidad de apoyar las campañas políticas de Beatriz Rodríguez
Casasnovas (para la diputación federal de Oaxaca) y Héctor Astudillo Flores
(que buscaba la gubernatura de Guerrero).
Murrieta
Cummings y el ex Coordinador General de Centros SCT (2012-2018) José Antonio
Rodarte Leal, también fueron señalados ese año de favorecer a unas cuantas
empresas en 14 entidades federativas, pese a que algunas de ellas –como en el
caso de Expectras– tenían demandas pendientes por incumplimientos de contrato.
Además de
Murrieta y Rodarte, el ex titular (2010-2013) del ahora IFT, Mony Sacha de
Swaan Addati, fue investigado por incurrir en un “supuesto ejercicio indebido
de funciones”.
Entre 2011 y
2015, Sacha estuvo bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública (SFP)
por asignar contratos por 200 mil dólares, a conocidos suyos. Sin embargo, en
marzo de 2016, la SFP indicó que no había pruebas suficientes para establecer
la comisión de un ilícito, por lo que determinó “la inexistencia de la
responsabilidad administrativa que se le atribuyó” al ex funcionario público.
PROBABLES
RESPONSABLES.
Entre 2014 y
2018, la ASF encontró que nueve de cada 100 pesos ejercidos por la SCT
implicaron irregularidades no solventadas. De esos nueve pesos, cinco
supusieron probables daños a la Hacienda Pública Federal, por la posible
comisión de un delito y/o negligencia administrativa.
Durante esos
cinco años, la Auditoría encontró anomalías por pagos excesivos, indebidos
y/o injustificados que sumaron un monto total de casi 11.8 mil millones de
pesos.
Asimismo,
la ASF encontró 2.7 mil millones de pesos utilizados para la compra de bienes y
servicios que no fueron “efectuados” o “encontrados” al momento de las
auditorías; 841.7 millones por incumplimientos de contrato, falta de cobro de
medidas resarcitorias y entrega de amortizaciones y reintegros financieros a la
Tesorería de la Federación, además de probables daños por 1.3 mil millones de
pesos por “diferencias entre el volumen de obra pagado y cualificado” en
diversos proyectos de la SCT.
De acuerdo
con las cuentas públicas de 2014 a 2018, hay al menos 72 ex funcionarios
públicos que, por sus respectivos cargos, fueron probables responsables
directos o indirectos de las irregularidades no solventadas en cinco años de
administración de Gerardo Ruiz Esparza. De ellos, al menos 39 han sido
señalados de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia
administrativa.
Uno de los
casos más conocidos es el de Benito Neme Sastré. El otrora director general
de Caminos y Puentes Federales (Capufe) es investigado por la Fiscalía General
de la República (FGR) por la presunta adjudicación irregular de contratos
públicos y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo
con las auditorías de la ASF, Neme es uno de los posibles responsables de
irregularidades por 151 millones 510 mil 547.47 pesos en Capufe durante
2014-2018, en que la dependencia federal generó probables daños al erario
público por realizar pagos excesivos, indebidos y/o injustificados, así como el
adeudo de reintegros y falta de ejercicio de medidas resarcitorias, además de
contratar bienes y servicios no efectuados y tener obras con diferencias entre
los volúmenes de obra contratados y efectuados.
Ejemplo
de ello es el daño al erario público por un pago “extraordinario” de más de 1.7
millones de pesos en 2018, durante la rehabilitación del pavimento de la
Autopista Cadereyta-Reynosa, en el estado de Nuevo León.
De acuerdo
con la ASF, Capufe “autorizó indebidamente” un pago a la empresa Coconal en
agosto del año pasado, para la implementación de un “dispositivo permanente de
monitoreo de tránsito vehicular”. En la auditoría (2018-1-09J0U-20-0396-2019
396-DE) quedó asentado que el gasto no tenía relación con el objeto de contrato
de obra pública, ya que se trató de un proceso de adquisición de equipo de
seguridad que debía solicitarse por medio de otro contrato.
Asimismo, entre
los probables responsables estaría el ex Gobernador de Chiapas (2012-2018)
Manuel Velasco Coello.
En junio de
2017, la SCT firmó un convenio de coordinación con el Gobierno de Chiapas
“para el otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura carretera”.
En total, la dependencia encabezada por Gerardo Ruiz Esparza asignó 409
millones de pesos para la modernización y ampliación de la carretera
Ocozocoautla-Villa Flores.
Durante el
ejercicio de 2018, la Auditoría encontró un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por 19 millones 900 mil 979.97 pesos “por concepto de obra
pagada no ejecutada”, que era responsabilidad de la SCT y de la Secretaría de
Obra Pública y Comunicaciones de Chiapas, entonces a cargo de Jorge Alberto
Betancourt Esponda.
En
consecuencia, la ASF determinó que ambas secretarías “no cumplieron con las
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, de
acuerdo con la auditoría de inversiones físicas 2017-0-09100-04-0357-2018
357-DE.
FUNCIONARIOS
SANCIONADOS.
Al menos
cinco de los 72 ex funcionarios públicos involucrados en las irregularidades no
solventadas por la SCT, fueron sancionados entre 2014 y 2018. En conjunto,
estas cinco personas fueron probables responsables de daños financieros por 2
mil 414 millones 614 mil 092.27 pesos.
David
Uribe Haydar fue uno de los involucrados en la pérdida de 2.2 millones de pesos
durante la ampliación del Puerto de Isla del Carmen, en Campeche, por falta de
integración de recursos a la Tesorería de la Federación. El ex director general
de la Administración Portuaria Integral (API) de Campeche fue sancionado por la
Contraloría estatal en 2017, con una multa de 39.3 millones de pesos por
ocasionar daños patrimoniales y desviar dinero público.
Asimismo, el
otrora director general de Obras Públicas del Gobierno capitalino, Alfredo
Hernández García, fue uno de los probables responsables –junto con su sucesor
en el cargo, Edgar Oswaldo Tungüi Rodríguez y el ex titular de Transporte
Ferroviario y Multimodal de la SCT, Guillermo Nevárez Elizondo– de un daño
patrimonial de 1.3 mil millones de pesos durante las obras de construcción del
Tren Interurbano México-Toluca entre 2014 y 2015, por pagos excesivos,
indebidos y/o injustificados, así como de servicios contratados no efectuados.
En marzo de
2015, el entonces Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
solicitó la destitución de Hernández García para que fuera investigado por
supuestos conflictos de interés, ya que habría otorgado contratos por 71
millones de pesos a la empresa Planet Ingeniería, en que su esposa (Erika
Molina Barragán) fungía como directora comercial.
Otro de
los ex funcionarios públicos relacionados con las irregularidades de la SCT fue
Eduardo Bailey Elizondo. Como titular del Centro SCT Durango, en 2017-2018 fue
uno de los probables responsables de 34.7 millones de pesos en montos
pendientes por aclarar, relacionados con tres obras de modernización del
Periférico Gómez Palacio-Torreón y de la Carretera Federal Durango-Parral.
El 29 de
abril de 2017, Bailey fue detenido en Durango por los delitos de peculado y
ejercicio indebido de funciones, por una defraudación financiera superior a 359
millones de pesos, a través de la compra de certificados bursátiles sin
capacidad de crédito ni garantía. La misma tarde en que fue detenido, Bailey
fue trasladado a un hospital por problemas de hipertensión y se dio a la fuga.
Sin embargo, unos días después reapareció con un amparo en contra del
procedimiento penal, que según él, era parte de una persecución política.
Además de
Uribe, Hernández y Bailey, dos ex funcionarios públicos de los Centros SCT
Hidalgo y Morelos fueron sancionados por anomalías en su desempeño como
servidores públicos.
Gerardo
Alberto Salomón Bulos era el titular de la oficina de la SCT en Hidalgo
(2015-2017) cuando la ASF determinó irregularidades no solventadas por 25.1 millones
de pesos en las obras de modernización de las carreteras Atotonilco-Zacualtipán
y Portezuelo-Palmillas. En la mayoría de los casos, la Auditoría concluyó que
hubo “discrepancias” económicas por diferencias entre el volumen de obra pagado
y cuantificado.
A finales de
2018, Salomón fue suspendido por la SFP, ya que habría transgredido
“disposiciones constitucionales” al asignar dos contratos de obra pública por
23.3 millones de pesos a una compañía (Urbanización y Construcciones Aldana)
que estaba inhabilitada por el Gobierno federal, de acuerdo con el expediente
DR-0004-2018.
En el caso
del ex director general del Centro SCT Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, la
ASF encontró más de 792.8 millones de pesos en pagos excesivos e injustificados
entre 2014 y 2017, durante la construcción del Paso Express de Cuernavaca y del
Distribuidor Vial Palmira. Tras la muerte de dos personas (2017) en el Paso
Express, Alarcón fue destituido e inhabilitado por 10 años, ya que la SFP
determinó que no atendió las advertencias de riesgos en la obra, pese a que
estaba informado.
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