Por José
Raúl Linares.
La Fiscalía
General de la República (FGR) impugnó la orden dictada por un Juzgado
Federal para restituir a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC), el servicio de escoltas y la protección que se le
concedió desde septiembre de 2016.
El
excolaborador de Enrique Peña Nieto, acusado de sembrar pruebas en el caso
Ayotzinapa y quien supuestamente ayudó a construir la llamada “verdad
histórica”, tiene asignados con cargo al erario público a 24 escoltas, cuatro
carros blindados y cuatro más con cargo al erario público, que le brindan
servicio a él y a su familia.
Originalmente
esa protección se la asignó la Procuraduría General de la República (PGR)
hasta el año 2021, según los acuerdos A/091/2019 y A/070/2018, expedidos
por el entonces procurador Alberto Elías Beltrán, quien actualmente es investigado
por la justicia mexicana.
Sin embargo,
luego de asumir la titularidad de la nueva FGR, Alejandro Gertz Manero
decidió retirarle la protección a Zerón de Lucio, el pasado 27 de junio.
Dos
semanas después el exfuncionario federal impugnó “actos fuera de juicio” por la
“orden de retiro del servicio de escolta y seguridad” que ordenó la FGR, según el
expediente 1004/2019.
Tras una
primera negativa y posterior confirmación, el Juzgado Séptimo de Distrito en
Materia Administrativa en la Ciudad de México, encabezado por Laura Gutiérrez
de Velasco, confirmó concederle medidas precautorias contra el retiro de la
escolta, por considerar que, de no hacerlo, Zerón y su familia corren peligro.
“De no
concederse la suspensión contra del retiro del otorgamiento del servicio de
protección y seguridad que requiere la parte quejosa (…) se les podría causar
daños irremediables (a él y a su familia) sobre su vida, seguridad e
integridad, por el peligro latente que corren aquellos exservidores públicos
que ocuparon un cargo en un área estratégica de seguridad nacional”, detalló.
En
respuesta, la FGR solicitó formalmente retirar la protección mediante un
recurso de revisión, de acuerdo con un oficio presentado ante el Juzgado
Séptimo de Distrito en Materia Administrativa.
“Agréguese
a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la agente del Ministerio
Público de la Federación de la adscripción, por medio del cual interpone
recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria dictada en el
incidente de suspensión en que se actúa”, se lee en la notificación de la impugnación.
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