Por Dulce
Olvera.
Afuera
del predio en litigio La Pedrera, ubicado en la ex Hacienda del Pedregal en el
municipio mexiquense Atizapán, 30 familias mantienen un campamento luego de que
hace más de nueve meses fueron desalojadas “con violencia” por elementos de la
Fiscalía del Estado de México del Gobierno de Alfredo del Mazo Maza, para
“entregarle la posesión de forma irregular” a la inmobiliaria Expectras (Grupo
Homex), de acuerdo con el seguimiento del Centro de Derechos Humanos Zeferino
Ladrillero (CDHZL).
“Fue un
desalojo ilegal, poniéndole las armas hasta a los niños”, evocó Verónica, una
integrante de la Alianza Única del Valle que vive en la calle desde el desalojo
registrado el 30 de noviembre pasado. “Psicológicamente y moralmente sí nos
destruyeron”. María Guadalupe afirmó que después de escuchar “balazos al aire”
aquel viernes, su hija de 7 años “tenía el arma en la nuca”.
La Alianza
Única del Valle, conformada por los afectados, y el Centro de Derechos Humanos
Zeferino Ladrillero, que lleva su defensa legal, señalan como responsables
al Fiscal del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez; al Fiscal
regional de Tlalnepantla, Leopoldo Millán Salgado; y a la Agente del Ministerio
Público adscrita a la Fiscalía regional de Tlalnepantla, Ivonne Sámano Segura,
quien encabezó a un grupo de policías ministeriales de Atizapán durante el
desalojo sin orden judicial de por medio.
Este
miércoles 4 de septiembre se realizó una audiencia ante un Juez de Control del
Distrito Judicial de Tlalnepantla para revisar la actuación de los agentes
ministeriales durante el desalojo. No acudió la agente ministerial señalada,
Ivonne Sámano, sino otros agentes quienes afirmaron que las familias
desalojadas no tienen pruebas de que habitaban en el predio o que sea de su
propiedad.
“Lamentablemente
la Jueza se limitó a decir que si el Ministerio Público no reconoce la
personalidad jurídica a los vecinos de la Pedrera entonces no se les da, por lo
cual estamos preparando los recursos legales ante esa determinación”, informó el abogado del Centro de
Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, tras la audiencia
celebrada por la mañana.
GOBIERNO Y
FISCALÍA DE EDOMEX NIEGAN ACUSACIÓN.
El área
de comunicación social del Gobierno del Estado de México de Alfredo del Mazo
aclaró a SinEmbargo que el Gobierno estatal “no tiene nada que ver con este
predio” ni promovió ningún juicio contra las familias desalojadas.
“Si
estamos hablando de un tema judicializado, un juicio, un desalojo, sí están
obligadas estas autoridades, tanto policía estatal como la Fiscalía estatal, a
participar a solicitud u orden de un Juez. No es una instrucción del
Gobernador”, dijo el
vocero Jorge Alberto López.
El litigio
civil del predio, agregó, “es un tema federal de Nacional Financiera” y del
Gobierno municipal de Atizapán, encabezado por Ruth Olvera Ruiz (Morena-PES-PT)
desde diciembre de 2018, cuyo equipo se ha reunido con esta instancia del
Gobierno federal para dar seguimiento.
Desde
2016 el predio está en litigio civil entre la Alianza Única del Valle y la
institución federal Nacional Financiera, la cual, según el CDHZL, aparecía en
ese momento como propietaria ante la Instituto de la Función Registral del
Estado de México.
Los
vecinos buscan obtener la propiedad y desarrollar vivienda de interés social
“desde la perspectiva de una organización, no como inmobiliaria”, dijo su
defensa legal del CDHZL Antonio Lara Duque, porque “en la lógica de las
inmobiliarias de ver la vivienda como lucro, el área verde no es más que un
desperdicio para la construcción de más casas”.
“El
señalamiento categórico que se ha hecho no es que exista una orden judicial del
Gobernador. Eso es claro”, expuso el abogado Lara Duque.
“La
Fiscalía General de Justicia del Estado de México se ha comportado totalmente a
los servicios de los intereses de esta empresa [Expectras]. Utilizó un grupo de
agentes ministeriales, acompañados por civiles armados, para por la fuerza y
con uso de violencia desmedida sacar a los habitantes del predio La Pedrera de
sus respectivos hogares para después poner un sello de aseguramiento”, afirmó sobre el desalojo que incluyó
a niños, mujeres y ancianos.
“Lo
sorprendente es que los agentes ministeriales dijeron que el predio estaba
baldío, pero la misma inmobiliaria reconoció que había gente habitando el
lugar. A la fecha, la Fiscalía se ha negado a recibir los datos de prueba con
las que los vecinos acreditan que han habitado ese predio desde hace 13 años”, aseveró Lara Duque.
El área de
comunicación social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México respondió
a este diario que “rechaza tajantemente actuar a los servicios de alguna
empresa, y reitera que se ha conducido con estricto apego a derecho en el
asunto señalado”.
Expuso en
una ficha informativa que recibió una denuncia por “posible invasión” del
predio La Pedrera, por lo que realizó inspecciones en el lugar y solicitudes
sobre el estado registral. Ante los datos, se acordó “el aseguramiento” de los
inmuebles, donde habitaban las familias, y quedaron bajo custodia de la Policía
municipal.
El 12 de
abril pasado, compareció ante el Ministerio Público el apoderado de la
inmobiliaria Expectras para presentar cuatro impresiones sobre las
inscripciones del registro público de la propiedad expedidas por el Instituto
de la Función Registral del Estado de México.
“Al no
contar con pruebas que señalen alguna ilegalidad en la posesión de predio, se
le dio en depósito”,
expuso la Fiscalía estatal.
Más de
nueve meses después del desalojo, las 30 familias viven en la calle en “guardia
permanente”, debido a que el campamento ha sido “constantemente acosado por
policías ministeriales y personal de seguridad privada”, comentó su defensa legal Antonio
Lara.
Las
familias han pagado el predial del predio La Pedrera, ubicado en la zona de El
Pedregal caracterizada por sus amplias áreas verdes.
José
Rodríguez, integrante de la Alianza Única del Valle, recordó que en mayo de
2018 esta organización vecinal interpuso diversas denuncias ante la
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México por la tala y
destrucción de la zona boscosa de esta región mexiquense, por lo que se
cancelaron esas labores de manera definitiva.
EXPECTRAS,
DE GRUPO HOMEX
La Unidad
de Datos de SinEmbargo publicó en “Las favoritas del Sr. Presidente: miles de
millones en contratos sin licitación, para 10 empresas” que Expectras y
Propiedades Inmobiliarias de México, ambas de Grupo Homex, obtuvieron al menos
17 contratos por adjudicación directa por 272 millones de pesos en el Gobierno
de Enrique Peña Nieto.
El Grupo
Homex, enfocado en vivienda de interés social, fue fundado en 1989 en Sinaloa
por el Ingeniero Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez.
“De
Nicolás y Peña Nieto son amigos desde hace más de dos décadas, cuando
coincidieron como estudiantes en la Universidad Panamericana. En el verano del
2012, mientras De Nicolás vacacionaba con el presidente electo, el gobierno de
Estados Unidos investigaba a su empresa por un fraude financiero masivo
cometido en aquel país”, dice una investigación de Mexicanos Contra la
Corrupción. “En 2007, por ejemplo, cuando Peña Nieto era Gobernador del Estado
de México, De Nicolás lo invitó a él y a su familia a su yate”.
Y, agrega el
reporte, en agosto del 2013 la Procuraduría Fiscal de la Federación de la
Secretaría de Hacienda presentó tres denuncias por defraudación fiscal por
149.5 millones de pesos, en contra del Ingeniero Eustaquio, ante la PGR de
Jesús Murillo Karam, las cuales no prosperaron.
De Nicolás
aseguró a MCC que cedió sus acciones en Expectras a un socio desde el 4 de
julio del 2012.
El
abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Antonio Lara
consideró que este caso ratificaría que el Gobierno del Estado de México sigue
actuando como en los últimos 100 años “entre influencias políticas y
empresariales” en contra de la población civil.
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