Por Efrén
Flores.
Dos de
cada 10 pesos contratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) de Gerardo Ruiz Esparza terminaron en los bolsillos de 10 empresas
privadas, de acuerdo con el registro del portal de compras gubernamentales
CompraNet.
De esas
10 empresas, 4 –Balandrano Ink, Bodega de llantas La Viga, Comercializadora
Milenio y Efectivale– están registradas como proveedores ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto “permite a las dependencias y entidades
de los tres órdenes de gobierno identificar a las empresas que cuentan con la
experiencia en vender o prestar servicios al gobierno”, refiere la información
del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de la SHCP.
Aunque
ninguna de las empresas aparece en el “directorio de proveedores y contratistas
sancionados” de la Secretaría de la Función Pública, cinco de las 10 compañías
–Bodega de llantas La Viga, Comercializadora Milenio, Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles (CAF), Efectivale y Mota-Engil México– han sido señaladas por
incurrir en irregularidades y/o presuntos actos de corrupción, ya sea en México
u en el extranjero.
Asimismo, una
de las principales contratistas de la SCT del sexenio pasado está ligada al
político y empresario mexicano Carlos Hank González. Se trata de La Peninsular
Compañía Constructora, una filial del Grupo Hermes que ha participado en obras
de infraestructura como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, el Tren México-Toluca, la Presa Zapotillo (Jalisco), la
Planta de Bombeo El Caracol (Edomex) y otras más.
TREN-INTERURBANO-GUADALAJARA.
Entre 2013 y
2018, esta decena de compañías firmó 439 contratos con la Secretaría de Ruiz
Esparza, lo que equivale al 1.3 por ciento de los 33 mil 017 contratos
registrados en CompraNet durante el periodo. Sin embargo, el cúmulo de
contratos tuvo un valor conjunto cercano a 55 mil millones de pesos,
equivalentes al 15.5 por ciento del gasto total contratado por la SCT (354.3
mil mdp) durante seis años.
Lo anterior
se da en un contexto en que Javier Jiménez Espriú ha dicho que ya no habrán
empresas favoritas por parte del Presidente de la República. En mayo, el actual
Secretario de Comunicaciones y Transportes indicó que el Gobierno federal
tampoco hará recomendaciones para otorgar contratos y aseguró que “no habrá una
sola” adjudicación directa, salvo las que ya están en proceso.
“Solo se
atenderá a las empresas que participen en las licitaciones, cumpliendo con las
bases de éstas, a partir de sus méritos, de su calidad, de su cumplimiento y de
la estimación de presupuesto para hacer la obra. No habrá una sola desviación”
en la SCT, afirmó
Jiménez Espriú.
LOS REYES
DEL CONTRATO.
Durante
el sexenio de Enrique Peña Nieto predominaron las adjudicaciones directas, de
acuerdo con la información de CompraNet. De los 1.2 millones de contratos
firmados entre 2013 y 2018, el 73.4 por ciento fue adjudicado y supuso que, por
cada 10 pesos gastados, el Gobierno federal entregó tres sin concurso de por
medio.
Aunque el
proceso de adjudicación directa no implica necesariamente corrupción,
permitirlas “mediante supuestos amplios, como se hace actualmente, abre la
puerta para que se abuse […] y favorece la colusión”, de acuerdo con un
análisis (2018) de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Pese a la
tendencia de los últimos seis años, la mayor parte de los contratos de los
principales proveedores de la SCT no fueron adjudicados. Los datos de CompraNet
indican que el 68 por ciento de los acuerdos fueron obtenidos por licitación
pública, además del 27 por ciento entregado por invitación a cuando menos tres
personas. Sólo el cinco por ciento de los contratos de la SCT fue adjudicado de
manera directa, en 2013-2018.
De las 10
empresas anteriormente referidas, hubo 5 que acapararon el mayor número de
contratos gubernamentales: Balandrano Ink, Bodega de llantas La Viga,
Efectivale, Procovit y Proyectos de Ingeniería y Consultoría Integral
Empresarial (PICIE) acumularon 398 contratos por más de 1.9 mil millones de
pesos en seis años.
Efectivale
fue la empresa que más contratos obtuvo. En total firmó 125 acuerdos para la
venta y distribución de vales de despensa y combustible. Esta compañía se vio
involucrada en el proceso administrativo de inhabilitación de la perredista
Diana Talavera Flores en noviembre de 2012, cuando la entonces candidata a
consejera del Instituto Electoral capitalino fue acusada del presunto manejo
irregular de contratos por casi 2 millones de pesos, por la adquisición de
vales de gasolina de Efectivale en 2010, de acuerdo con el oficio CMH/12/1078.
PICIE fue
la segunda empresa con mayor número de contratos firmados. Entre 2014 y 2018
obtuvo 76 por la prestación de servicios de ejecución de obras públicas, así
como la realización de estudios, evaluaciones y seguimientos técnicos para obra
pública. En su portal de Internet, la compañía se ostenta como una “empresa
joven, cuya visión es atender el mercado de la capacitación, informática,
diseño y elaboración de proyectos todo ello enfocado a la ingeniería vial”.
Entre sus principales clientes, además de la SCT, están Cemex, 3M, Saba
Proyectos y Trasenda Ingeniería.
Bodega de
llantas La Viga y Balandrano Ink obtuvieron, en cambio, 69 y 68 contratos cada
una.
La
primera está catalogada en el RUPC como una empresa “mediana” que se dedica a
la “compraventa de llantas para toda clase de vehículos, sus accesorios y
servicios conexos”. En septiembre de 2015, La Viga se vio involucrada en un
caso de corrupción que llevó a la inhabilitación del ex Oficial Mayor del
entonces Distrito Federal, Edgar Armando González Rojas, por la adquisición de
10 mil llantas para el parque vehicular del Gobierno capitalino, a un
sobreprecio de 30 por ciento.
La
segunda está catalogada como una “pequeña” empresa especializada en el
“comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de
oficina”. Más allá de eso, la información disponible indica que está registrada
ante la SHCP desde 2014.
En el
caso de Procovit tampoco hay mucha información disponible. Esta compañía obtuvo
60 contratos durante el sexenio pasado, por la prestación de servicios de
ejecución de obras públicas, así como la realización de estudios, evaluaciones
y seguimientos técnicos para obra pública. De acuerdo con el contrato
2016-17-CB-A-O38-00-2016, su representante legal es Adriana Silva Ríos.
LAS MÁS
ENRIQUECIDAS.
CompraNet
es “un sistema transaccional que permite a las instituciones públicas realizar
procedimientos de contratación de manera electrónica, mixta o presencial”,
además de ser un “sistema electrónico de información pública gubernamental
sobre contrataciones públicas”, de acuerdo con la definición del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018. No obstante, CompraNet “no está pensado para la
rendición de cuentas sino para la licitación electrónica”, dijo Eduard Martín-Borregón a
SinEmbargo.
Para el
director de datos, periodismo y tecnología de la Organización, Desarrollo,
Educación e Investigación (Poder, por sus siglas en inglés), CompraNet suele
tener errores y sólo sirve para ver “números grandes y tendencias”.
Tomando en
consideración que las cifras podrían variar, los datos de CompraNet indican
que los cinco proveedores de la SCT con mayores ingresos en 2014-2018 fueron
APP Arriaga-Tapachula, CAF México, Comercializadora Milenio, La Peninsular
Compañía Constructora y Mota-Engil México.
La
Comercializadora Milenio
obtuvo 27 contratos por 13.6 mil millones de pesos relacionados con la
compraventa de televisores digitales. Esta empresa, dedicada principalmente a
la “comercialización de toda clase de bienes y servicios”, fue señalada en 2016
por el Wall Street Journal de estar implicada en una red de sobornos a
funcionarios públicos para la obtención de licitaciones gubernamentales.
GERARDO-RUIZ-ESPARZA.
Según el
medio especializado en negocios y finanzas, la Comercializadora Milenio y su
socia manufacturera Diamond Electronics (Foxcon) se beneficiaron con el
programa de entrega gratuita de 10.5 millones de televisiones digitales en
México. A través de un proceso dominado por la corrupción, ambas empresas
habrían obtenido el 70 por ciento de los contratos más importantes de un
negocio valuado –según WSJ– en 1.3 mil millones de dólares.
CAF
México fue la segunda empresa con más ingresos reportados en 2014-2018. De
acuerdo con CompraNet, esta compañía se embolsó 11.7 mil millones de pesos por
obra pública relacionada con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.
Además de
estar involucrada en un proyecto ferroviario que develó la “ineficiencia y los
riesgos de corrupción en obra pública en México”, de acuerdo con el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), la multinacional estuvo involucrada en
un proceso de sanción por parte del Gobierno de la Ciudad de México. A finales
del año pasado, las autoridades capitalinas acusaron que CAF México tenía 100
días de atraso en la entrega de ocho trenes de la Línea 1 del Metro, por lo que
buscaban imponerle una multa cercana a 3.3 mil millones de pesos.
En
tercer, cuarto y quinto lugar estuvieron APP Arriaga-Tapachula (9.6 mil mdp),
Mota-Engil México (9.4 mil mdp) y La Peninsular Compañía Constructora (8.8 mil
mdp).
La
empresa APP se autodefine como una asociación público privada “que atiende el
tramo carretero de la red federal libre MEX-200” en zonas ubicadas en el estado
de Chiapas, que fue su principal fuente de ingresos por contrato con la SCT.
Por su parte, La Peninsular, especializada en proyectos industriales desde
1981, prestó servicios de obra pública entre el que destaca el tendido de las
Ferrovías de Zinacantepec, en el Estado de México.
En el caso
de la empresa portuguesa Mota-Engil México, que participó en proyectos como el
de las Ferrovías de Durango-Torreón, el Tren Ligero de Guadalajara y el
Periférico Zapopan-Federalismo en el estado de Jalisco, existen señalamientos
de operar en México –junto con Grupo Prodi– en colusión con funcionarios
públicos para obtener jugosos contratos de la SCT, además de presuntos casos de
corrupción e incumplimiento de contratos en Colombia, Paraguay y Perú.
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