Líderes “charros” violentan a los que migran a otros movimientos, acusan en Correos, Metro, IMSS…

Por Efrén Flores.

Sanciones administrativas y despidos injustificados; techos laborales, manipulación de plazas y recorte de prestaciones; discriminación y negligencia, además de amenazas verbales y corrupción, constituyen estrategias de violencia sindical para evitar que los trabajadores ejerzan su derecho a disidir u organizarse de manera independiente a los sindicatos mayoritarios, dijeron empleados disidentes a este medio digital.

Para algunos trabajadores de base de Correos de México, del Sistema de Transporte Colectivo, del Seguro Social y del Monte de Piedad, la democracia sindical de la “Cuarta Transformación” no es una realidad, porque subsisten líderes sindicales que dan “el charrazo” (o traicionan a su base laboral) pese a la Reforma Laboral (2019) y los anuncios del Gobierno federal.

De acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el sindicalismo charro ya “se acabó” en México.

A principios de agosto, el político tabasqueño aseguró que su administración no “auspicia a sindicatos blancos” (que simulan vida sindical) y que no hay “sindicatos predilectos del gobierno”. Tres meses antes, AMLO garantizó que habría democracia sindical a partir de la publicación (1 de mayo de 2019) de la Reforma Laboral en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las razones del Presidente para señalar que ya no hay sindicalismo charro están las modificaciones legales, máxime aquellas que sustituyen a las juntas de conciliación por tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación; la creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro laboral; el reconocimiento de la libertad sindical y de la libre sindicalización con procedimientos de elección “personal, directa, libre y secreta”; la pérdida de registro sindical para quienes incurran en actos de extorsión y corrupción, así como la posibilidad de los obreros para organizarse en agrupaciones independientes a los sindicatos mayoritarios.

Aunque la democratización del gremio sindical requiere de cambios legales, su consolidación depende de las acciones de los propios trabajadores organizados, “en un contexto particularmente difícil para el movimiento sindical independiente como lo es el actual”, refiere un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, en la medida en que el Estado deje de usar a los sindicatos y sus líderes como instrumentos de un “pacto corporativo” para el mantenimiento de una estructura de poder, y en cambio refuerce el papel de los sindicatos como elementos “de equilibrio entre las fuerzas productivas” del país, podrá consolidarse el papel de los sindicatos como “representantes legítimos de los trabajadores”, con liderazgos democráticos, esquemas transparentes y una “participación auténtica del trabajador en la gestión de mejora de sus condiciones laborales”, se lee en el documento “Sindicalización y precariedad laboral en México”, del doctor Jesús Rubio Campos, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte.

AGRESIONES CONTINUAS.

Integrantes de la Coalición Postal por una Democracia Sindical y de los sindicatos Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social, Independiente del Metro e Independiente del Monte de Piedad acusaron la existencia de contubernios entre los sindicatos mayoritarios y la institución de su adscripción, para celebrar acuerdos más allá de los contratos colectivos y convenios, que en muchas ocasiones generan conflictos laborales que terminan con “juicios sumarios” y “actos de represión” en contra de la base obrera.

Entre los representantes sindicales e institucionales acusados de contubernio estuvieron el priista Manuel Fermín Acevedo González de Correos de México, el panista Valdemar Gutiérrez Fragoso (q.e.p.d.) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ecologista Fernando Espino Arévalo y Florencia Serranía Soto del Sistema de Transporte Colectivo (STC), además de Mauro Arturo Zayún del Monte de Piedad.

“Valdemar Gutiérrez Fragoso llegó con una política de represión hacia toda la base trabajadora a nivel nacional, sancionando trabajadores, quitándonos los derechos sindicales por el simple hecho de disentir de la política que él estaba llevando” en el IMSS, dijo Martha Medina Gómez, una enfermera con 27 años de servicio y trabajadora disidente desde hace 15 años.

Medina vivió en carne propia la injusticia sindical. Hace unos años fue despedida por quejarse, por alzar la voz y exigir mejores condiciones de trabajo. La enfermera –que ganó un laudo (2019) que tendría que devolverle sus derechos sindicales y laborales– explicó a SinEmbargo que las violaciones a los derechos de los trabajadores, aunque empiezan con castigos desproporcionados como en el caso de las suspensiones de derechos sindicales de por vida, generan una serie de atropellos que minan la vida de las personas.

“Tenemos miles de trabajadores a lo largo y ancho del país que les han retirado sus derechos sindicales de 2006 a la fecha. Algunos de por vida, otros por 10 años, cinco años… lo que a ellos se les antoja en contubernio, por supuesto, con el Instituto [Mexicano del Seguro Social]”.

El problema radica en que “una vez que nos retiran nuestros derechos sindicales, somos presa fácil para que los representantes del Instituto nos generen acoso laboral y nos envíen a relaciones laborales con el único objetivo de rescindir nuestro contrato, de tal forma que hasta el año 2012-2013 nosotros teníamos un padrón de sancionados y rescindidos de más de 50 mil trabajadores, de un total de 320 mil trabajadores en todo el país”.

SINDICATO-IMSS.

De acuerdo con la enfermera y disidente sindical, los trabajadores tienen miedo de enfrentarse a los líderes sindicales por estas razones: Porque los privan de sus beneficios sociales, les quitan la fuente de su patrimonio e inclusive los hostigan por la vía legal.

Alberto Orozco, integrante de la Coalición Postal, coincidió con Martha Medina. El ex cartero, también rescindido por quejoso, mencionó que en Correos de México “hay que trabajar mucho en el miedo de todos los compañeros a ser despedidos”.

El disidente sindical recordó que “apenas en 2016″, hubo 2 mil 300 rescisiones “selectivas” para mandar un mensaje claro: “Si se organizan para quitar al Sindicato [mayoritario] los vamos a despedir”.

La coerción en Correos de México también se cierne sobre todos aquellos que quieren ejercer un derecho democrático sindical, como en el caso de Abelardo, un cartero que quiso contender (2019) con una planilla, para convertirse en representante local de la base del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (SNTSepomex) en Oaxaca.

Al principio no lo dejaron registrar su planilla. Le dijeron que todo sus papeles estaban en orden, pero que el “único inconveniente” para dejarlo participar en las elecciones era su tendencia a dividir e incitar a la gente a unirse a un sindicato independiente. Pese a las acusaciones en su contra, Abelardo nunca pudo tener acceso a los documentos que justificaban las “mentiras” del sindicato mayoritario.

“Lo que están haciendo aquí en el estado de Oaxaca es puras artimañas, y siguen queriendo tener el poder a base de lo que sea, a base de corrupción, a base de todo. Entonces el señor que es secretario general ahorita en el estado de Oaxaca, el señor Rafael Marcial Méndez, lleva 24 años aproximadamente al cargo, y el día de hoy, vuelve a contender nuevamente por otros seis años. La única planilla que iba a estar en contra de este señor era la mía, la que yo iba a registrar y la cual no me dejaron registrar, dándole ventaja y ellos actuando con esa alevosía que siempre es muy caracterizada por ellos”, explicó Abelardo.

Para el empleado postal, los trabajadores de Oaxaca han “vivido la violencia en carne propia” a la hora de manifestarse democráticamente. Todavía no pueden comprobar la corrupción y los atropellos; y aunque pudieran hacerlo, el sindicato “se hace de la vista gorda” y “buscan el desquite porque no se les ha apoyado”.

Cuando Abelardo siguió insistiendo, los representantes locales apretaron la tuerca para ejercer más presión: Comenzaron a quitar prestaciones de ley, además de limitar bonos y beneficios económicos de cajón, a él y sus simpatizantes.

DE LA REPRESIÓN AL OLVIDO.

En el Sistema de Transporte Metro hay cuando menos 500 trabajadores disidentes que son vistos como la “piedra en el zapato” del secretario general del sindicato mayoritario, Fernando Espino Arévalo.

El año pasado, los trabajadores del sindicato independiente sufrieron lo que hoy consideran un “logro”, pero que en su momento fue un “acto de discriminación total”.

En diciembre de 2017, el sindicato mayoritario firmó un convenio para “retabular” 1 mil 680 plazas. Lo anterior implicó ajustes salariales retroactivos para cumplir con el convenio que entró en vigor en enero de 2018. Sin embargo, los trabajadores independientes y no sindicalizados habrían sido privados del pago correspondiente a los ajustes atrasados de enero a la fecha, por un monto cercano a 35 mil pesos en total por cabeza, mientras que en el caso de los trabajadores adscritos al sindicato mayoritario no hubo atrasos o adeudos pendientes de pago.

Por esas fechas también se abrió la posibilidad de los trabajadores para concursar por una plaza de mayor categoría. Pero los integrantes del Sindicato Independiente del Metro fueron “excluidos” de la repartición de plazas, ya que los puestos de trabajo en el STC, aunque “se designan por concurso, en realidad se dan por dedazos”. Lo mismo sucedió con algunas primas o bonos que tenían que serles conferidas, o en el caso de la partida presupuestal para deportes, que hasta agosto de este año no se la habían dado al sindicato disidente, pero sí al mayoritario.

“Todas las fallas que tiene el Sistema de Transporte Colectivo son por eso: Porque a la gente que realmente tiene la capacidad, la antigüedad y el conocimiento la han ido rezagando por darle cabida a gente externa que no tiene los conocimientos”, dijeron empleados anónimos que, asimismo, acusaron que los atropellos cometidos en su contra no se limitan a techos laborales y reducción de beneficios sociales. También implicaron “manipulación de plazas” que además de comprometer el servicio, pone (y puso) en riesgo a los usuarios del transporte público.

SINDICATO-METRO.

A María y Jazmín les sucedieron cosas similares. A la primera mientras trabajaba en las oficinas de Correos de México en Guadalajara, Jalisco, y a la segunda como empleada del Monte de Piedad en Cancún, Quintana Roo.

María ya tenía 20 años trabajando para Correos de México cuando denunció a una compañera que le robó la quincena. Cuatro años antes al incidente, dicha persona fue despedida y sancionada con un proceso penal por robar en ventanilla. Sin embargo, María aseguró que su compañera fue reinstalada por el sindicato ya que “la tienen super protegida” por ser allegada de un administrador de Correos de México.

Después de la denuncia de María, comenzaron los acosos y el hostigamiento. La empleada de Correos de México no sabe qué pensar, pero está segura de ser castigada por ser “soplona”, como le han dicho sus compañeros. Ha sufrido sanciones, privaciones de bonos, e inclusive, la han mandado “a chingar a su madre”.

Según María, “el sindicato no hace nada y espera a que la coordinación tome cartas en el asunto”. Y el administrador que protege a la mujer que le robó, no sólo hace lo que quiere, cuando quiere y como quiera. También, al igual que el sindicato mayoritario, la tienen olvidada por “traicionera”; por hablar mal de gente que podría estar protegida por el gremio sindical, y por meterse con alguien apegada a una autoridad dentro de la institución.

En el caso de Jazmín, la situación es apretada para su bolsillo. A ella, por “voltearse” o “traicionar” al sindicato mayoritario del Monte de Piedad, le limitan las horas de trabajo adicionales.

En su opinión, “nuestros compañeros de la sucursal no están de acuerdo a cómo se manejan las cosas; pero se sienten presionados por el secretario de aquí. Presionados que porque el líder dice que no, que si lo hacen hay represalias y cosas”.

Una de las formas en que los líderes sindicales de Cancún condicionan a los trabajadores es con prohibiciones “discrecionales” para cubrir dobles turnos. El chiste es castigar al infractor, y quien está en contra del sindicato, infringe un acuerdo tácito de poder y la consecuencia es la pérdida de horas de trabajo.

A Jazmín y a sus compañeros les ha pasado. Ella contó que “una vez”, una de sus compañeras no pudo trabajar porque el gerente “no la dejó entrar a su horario de trabajo con la excusa de que […] estaban remodelado”. Pero en esa ocasión, la compañera de Jazmín fue la única que no pudo laborar. Todo eso sucedió poco después de un reclamo u queja en contra de “los patrones”, y por ello la acusaron de “traicionera” y “mal agradecida”.

“Desafortunadamente en el sindicato mayoritario siempre hay favoritismo, siempre en todos los aspectos”, lamentó Jazmín. Para ella, así es como suceden abusos, hostigamientos y venta de cláusulas del contrato colectivo, en que a cambio de poder, el secretario general Mauro Arturo Zayún negocia con el Monte de Piedad el ahorro de dinero, a costa de los empleados. Y de esa forma, hoy en día, los trabajadores de nuevo ingreso ya no tienen prestaciones como la de medicinas y servicio médico inmediato. Tampoco hay, desde 2004, cláusula de jubilación por 25 años de servicio.