Julio Astillero.
De ser cierta la narrativa de corrupción extrema durante el
sexenio recién pasado que cotidianamente menciona y detalla el actual
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, resultaría sumamente
ofensivo para esa nación devastada el grácil y amoroso deambular internacional
de quien encabezó de 2012 a 2018 una pandilla que saqueó al país y le colocó en
una postración grave.
Las fiestas y paseos del mexiquense Enrique Peña Nieto
constituyen una constante bofetada al ánimo esperanzado de quienes confían en
la reconstrucción justiciera del país. En los primeros meses de la
administración obradorista se han multiplicado las carencias y restricciones
que, según se dice, tienen como fundamento el combate a una corrupción terrible
y la falta de recursos suficientes para enfrentar las necesidades sociales. Con
una solidaridad extraordinaria, segmentos sociales proclives a la llamada
Cuarta Transformación sobrellevan estas precariedades que, en cambio, otras franjas
ciudadanas denuncian y repudian con belicosidad creciente.
A contrapelo de las fuertes complicaciones que vive la
nación, Enrique Peña Nieto mantiene el mismo talante despreocupado y frívolo
que le caracterizó como gobernador del estado de México y luego como ocupante
de Los Pinos. La más reciente de estas andanzas le ha mostrado fotográficamente
con una cachucha y un arreglo capilar que se asegura que corresponde a una
peluca: del copete tradicional al uso de postizos gustosos o distractores (al
siguiente día aceptó tomarse una fotografía callejera en la misma Nueva York).
El resto de sus compañeros de gobierno se mantienen fuera de las cámaras, pero
igualmente tranquilos e intocados, con excepción de Rosario Robles (encarcelada
de manera provisional) y Emilio Lozoya (procesado pero prófugo). Tranquilos,
disfrutando de sus patrimonios prósperos, beneficiados con una amnistía
política informal y discrecional que determinó el actual Presidente de la
República.
Ya que en líneas anteriores se habló de Rosario Robles ha de
consignarse que este jueves su hija, Mariana Moguel Robles, dio a conocer un
texto atribuido a quien dos veces fue secretaria en el gabinete de Peña Nieto.
Además de los explicables alegatos exculpatorios que puede hacer todo detenido
que se considera agraviado, la mencionada Robles plantea, en forma de pregunta,
que es tratada con saña por el actual gobierno federal: han recurrido a
múltiples artimañas para mantenerme de rehén violando mi presunción de
inocencia y el debido proceso, señaló. Contrastó su propio caso, sancionada por
la Secretaría de la Función Pública por un préstamo sí declarado y una cuenta
que ni siquiera tenía en el radar, con la inacción en el caso de un funcionario
del gabinete actual (que) no declarara propiedades por millones de pesos. Ahí
sí hay justificación. Para los amigos gracia. Es evidente.
La Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general y con más
de medio centenar de reservas para posterior discusión en particular, el
dictamen de la Ley General de Educación. Fueron 288 votos a favor y 129 en
contra, aunque esta proporción numérica no corresponde al grado de
confrontación al que llevó la discusión legislativa, incluso con una toma de
tribuna y un constante señalamiento de que las nuevas normas implican una cesión
de poder a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a la que
consideran convertida en aliado electoral del morenismo-obradorismo. Ya se
verá, en la lectura detallada del texto aprobado, si tal acusación es fundada
o, por el contrario, es una treta propagandística que trata de debilitar el
poder de participación de los sindicatos en los temas que son de su
incumbencia.
Y, mientras en la Ciudad de México han vuelto a salir a las
calles mujeres que protestan por la violencia de género y la indolencia de las
autoridades, esta vez bajo la denominación de #TerremotoFeminista.
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