Por Luciano
Campos Garza.
El
Congreso local aprobó sancionar directamente, sin juicio político de por medio,
al gobernador Jaime Rodríguez Calderón por el desvío de recursos del estado a
su fallida campaña presidencial del año pasado.
El
castigo será determinado en fecha posterior y puede consistir en una
amonestación, multa económica, destitución o inhabilitación.
También habrá
proceso para su secretario general de Gobierno, Manuel González, quien asumió
la gubernatura de manera interina cuando El Bronco pidió licencia y fue
cómplice del ilícito, por el que ya fueron encontrados culpables por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.
Al
establecer hoy las reglas procesales para imponer los castigos, aprobadas
previamente por la Comisión Anticorrupción del Congreso local, se estableció
que el Poder Legislativo será la instancia sancionadora, con base en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo de Nuevo León.
Así, se
determinó que se le otorgue a Rodríguez Calderón El Bronco y a González Flores
el derecho de audiencia para que expongan lo que a su derecho convenga,
mientras la decisión de la comisión y del pleno no podrán ser impugnadas.
Se
acordó, además, que la comisión podrá designar personal jurídico y
administrativo auxiliar para sustanciar el procedimiento. Estas personas
deberán guardar reserva y secrecía procesales.
Por su
parte, el legislador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas
explicó que en el caso del Bronco serán aplicadas reglas procesales y no juicio
político, porque ya lo juzgó un tribunal (el TEPJF) y no debe ser iniciado un
nuevo proceso.
Jaime
Rodríguez, Manuel González y otros funcionarios estatales fueron encontrados
culpables por el TEPJF de utilizar trabajadores estatales del programa social
Aliados Contigo para recolectar firmas a favor de la candidatura presidencial
del Bronco.
El
tribunal determinó que fuera el congreso de Nuevo león el que estableciera el
castigo correspondiente.
Aunque
los inculpados señalan que es imposible que la legislatura los sancione, porque
no son sus jefes, ya se les rechazó más de un recurso de amparo para evitar la
condena.
La sanción
debe ser determinada antes del 20 de diciembre.
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