Por Daniela
Barragán.
La
Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió, entre diciembre de 2018 y
agosto de 2019, un total de 20 mil 504 denuncias de toda la Administración
Pública Federal por presuntas faltas administrativas o posibles actos de
corrupción, según informó la dependencia en su Primer Informe de Labores.
En el
documento se agrega que se han concluido 3 mil 536 investigaciones y
continúan abiertas 16 mil 387, lo que “representa un crecimiento de 38 por
ciento en el número de denuncias recibidas respecto al periodo comprendido en
el mismo periodo del año anterior”.
Los casos
más relevantes están vinculados con el robo de hidrocarburos; posibles
irregularidades en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM); actuación bajo conflicto de intereses de miembros de
Órganos Reguladores y con el esquema conocido como La Estafa Maestra, por el
que se investiga a diversas personas servidoras públicas de distintas dependencias.
En ese mismo
periodo, la SFP también informó que presentó ante la Fiscalía General de la
República (FGR) 33 denuncias por presuntos actos de corrupción: una por daño en
propiedad ajena; 20 por enriquecimiento ilícito; cuatro por convenios
relacionados con la “Estafa Maestra”; cinco por convenios celebrados con
instituciones públicas educativas; una de Presidencia; una por la “casa blanca”
y una por el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
También se
anunció que se ejecutaron 217 actos, consistentes en 35 auditorías, 50 visitas
de supervisión, 90 seguimientos y 42 verificaciones de calidad, entre las que
se encuentran cinco auditorías sobre el Aeropuerto de Texcoco, en las que se
determinaron 60 observaciones, con un importe por aclarar de 7 mil 005 millones
de pesos por trabajos ejecutados sin comprobación documental; anticipos
pendientes de amortizar y/o recuperar; pago de cargos de costos indirectos no
justificados; y por el pago de estimaciones sin formalización de convenio
modificatorio.
También hay
investigaciones sobre el Tren Interurbano México-Toluca, en el que se
determinaron 8 observaciones, con un monto por aclarar de 111 millones de
pesos. Aquí, las principales observaciones se refieren a pagos indebidos que no
corresponden a conceptos de obra, y por inconsistencias y omisiones en la
integración de conceptos no previstos en el catálogo original.
La SFP agregó
cinco auditorías sobre los Convenios Específicos celebrados entre Pemex
Exploración y Producción, la Universidad Popular de la Chontalpa y el Instituto
Tecnológico Superior de Comalcalco. Ahí se determinaron 31 observaciones con un
importe por recuperar que asciende a 264.1 millones de pesos, principalmente
por irregularidades en el estudio de mercado; falta de capacidad técnica,
científica y humana de las instituciones de educación superior contratadas;
omisiones de los procedimientos de recisión del convenio específico, e
incumplimiento de la cláusula de subcontratación.
Como
consecuencia de los hallazgos, se presentaron 6 denuncias penales por el uso
ilícito de atribuciones y facultades y se integraron 9 expedientes por
conductas constitutivas de posibles responsabilidades.
El
seguimiento de los resultados de estas observaciones se encuentra en proceso.
SOBRE LA
IMPUNIDAD.
De acuerdo
con el documento de más de 200 páginas, actualmente se realizan 126 revisiones a expedientes de verificación
patrimonial para determinar si hubo incrementos injustificables en el
patrimonio de los servidores públicos y en materia de sanciones a licitantes,
proveedores y contratistas se emitieron 259 resoluciones –menos que en el mismo periodo del año
anterior– de las cuales 192 fueron sancionatorias que implicaron multas por mil
420 millones de pesos y la inhabilitación de más de 100 empresas.
Según
datos del Índice Global de Impunidad de 2018, México fue el cuarto país más
impune del mundo, “más de 93 por ciento de los delitos no son denunciados y, en
el caso de la corrupción la cifra negra supera el 95 por ciento. De las
denuncias, apenas una pequeña parte llega a sancionarse y un número menor se
mantiene firme frente a los tribunales”.
En la
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial hay 108
expedientes de responsabilidad administrativa, 53 correspondientes al año 2018
y 55 al año 2019, de los que no se dan más detalles.
De esos 108
expedientes, se han resuelto 27; en 12 se impuso la sanción de
inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público por el término de diez años; en 6 se determinó la inexistencia de
responsabilidad; en 5 se determinó procedente la abstención para sancionar; en
3 se acordó improcedente iniciar el procedimiento administrativo por prescripción,
y uno se suspendió por falta de causas.
Sobre la
verificación patrimonial, a la fecha ha iniciado 60 expedientes más para
determinar si existen incrementos injustificables o inexplicables en el
patrimonio de los servidores públicos.
Se han
concluido 53 expedientes, de los cuales, 39 se han remitido a la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública para la presentación
de la denuncia correspondiente y en 14 se ha determinado emitir acuerdo de
archivo.
El monto
total no justificado por parte de los servidores públicos involucrados en los
expedientes enviados a la Unidad de Asuntos Jurídicos asciende a la cantidad de
242 millones 957 mil 421 pesos.
Actualmente
se revisan 93 expedientes de verificación patrimonial para determinar si
existen incrementos injustificables o inexplicables en el patrimonio de los
servidores públicos, la mayoría de ellos adscritos en su momento a Pemex y su
sindicato, además de expedientes relacionados con altos funcionarios de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Desarrollo Social (Sedesol), de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM).
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