Por Alonso
Urrutia y Alma Muñoz.
El
gobierno federal apela en su litigio al argumento de seguridad nacional para
construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en la actual base militar de Santa
Lucía, pero además determinó que en todo el proceso habrá transparencia en el
otorgamiento de contratos, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Tomamos
la decisión de que se hiciera por un asunto de seguridad nacional, porque el
sabotaje era evidente", acotó el mandatario, quien aseguró que el ex
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío,
estaría participando en la elaboración de los recursos legales y coordinando un
esquema de operación jurídica que involucra a 16 bufetes de abogados.
"Ojalá
se aclare y me digan que no es cierto, porque ya no tenemos servicio de
espionaje del CISEN (el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad
Nacional), pero tengo información de que hay un ministro de la Corte,
Cossio", que asesora en estas labores, dijo el presidente.
"Puede
ser que no firme nada, pero sí coordina y asesora", señaló López Obrador.
Unos pocos
minutos más tarde de esa afirmación, Cossío desmintió al mandatario.
"Respecto
a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en
claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados
con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el
Presidente",
escribió el ex ministro en su cuenta de Twitter@JRCossío.
En su
conferencia matutina, López Obrador cuestionó que ahora un grupo de
"conservadores" argumenten daños en el medio ambiente por la obra,
porque se pretende construir otra posta en una base militar que ya tiene más de
50 años de operación.
Sin embargo,
esos mismos que han promovido estos recursos nunca hicieron nada cuando se
pretendía construir en Texcoco, agregó. Acabaron con cerros completos para el
relleno, se iba a terminar con el lago Nabor Carrillo y no promovieron ningún
solo recurso legal, dijoel mandatario.
López Obrador
consideró fundamental las disposiciones de la ley de Austeridad Republicana
que restringen que ex funcionarios de gobierno pasen en el corto plazo a
puestos en el sector privado vinculados con su antigua ocupación.
Aseveró
que la pretensión de dilatar la construcción del nuevo aeropuerto tiene el
objetivo de "echarnos la culpa" de que haya una saturación del actual
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".
Narró que
recientemente escuchó en un vuelo al piloto, "que seguramente es de
pensamiento conservador y estaba en todo su derecho", hablar de que habría
demora porque hacían falta instalaciones aeroportuarias.
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